La división sindical existente en torno al conflicto laboral de los empleados públicos interinos y temporales de la Comunidad Autónoma se ha evidenciado en la calle. El comité de huelga trasladó sus protestas en la capital grancanaria de la Presidencia del Gobierno al edificio sindical de la calle Primero de Mayo, donde se encuentra la sede de UGT y CCOO, sindicatos que firmaron, junto con el CSIF, el reciente acuerdo con el ministro Miquel Iceta para reducir la temporalidad en el empleo público y que abre la puerta a un nuevo proceso selectivo de estabilización.
El comité de huelga está formado por los sindicatos Sepca, Intersindical y Co.bas, que se oponen frontalmente al acuerdo firmado en Madrid y defienden el pacto al que se ha llegado con el Gobierno regional, suscrito recientemente unos días antes del acuerdo estatal. Desde el inicio del conflicto, hace más de siete meses, la fractura entre los dirigentes sindicales no ha hecho sino agudizarse ya que unos y otros se acusan de «engañar» a los trabajadores afectados por el abuso de temporalidad en las administraciones públicas canarias.
En la concentración ante la sede de UGT y CCOO se lanzaron duras críticas contra las dos centrales por acordar con el Gobierno central un decreto ley que abre la puerta también a bolsas de empleo para aquellos interinos que no superen los procesos selectivos e incluso indemnizaciones de 20 días por año trabajado. Desde Sepca e Intersindical se acusa a las centrales estatales de no informar a los trabajadores de la «letra pequeña» del «icetazo» porque ni siquiera los concursos de méritos para el personal laboral garantizan que los que llevan ocupando las plazas hasta más de dos décadas se queden en sus puestos, porque son convocatorias abiertas a las que pueden concurrir cualquier trabajador tanto de las Islas como del resto del país.
Convocatorias
El comité de huelga está todavía pendiente de que el Gobierno convoque las mesas de trabajo a las que se había comprometido y que en un primer momento estaba previsto que se celebraran esta semana. Los huelguistas advierten al Ejecutivo regional que este tipo de «dilaciones» no hacen sino agravar el conflicto laboral y que lo que se va a negociar es el acuerdo canario y no el estatal, como pretenden los otros sindicatos.
El consejero de Administraciones Públicas, Julio Pérez, tiene sobre la mesa dos peticiones: los sindicatos del comité de huelga exigen la convocatoria lo antes posible de las mesas de trabajo incluidas en el acuerdo firmado recientemente. Por su parte, UGT, CCOO y CSIF quieren una convocatoria de la mesa general de negociación de los empleados públicos para iniciar la concreción del acuerdo estatal en Canarias ya que se supone que los procesos de estabilización se tienen que convocar antes del 31 de diciembre.
Por su parte, el Ejecutivo quiere convocar también a todos los sindicatos en una mesa de diálogo para aunar posturas, algo que hoy por hoy es muy complicado ante la distancia que separa a las dos partes. De hecho, el comité de huelga no irá a ninguna «mesa de diálogo» hasta que no empiecen las negociaciones en las mesas de trabajo y ya advierten que va a ser muy difícil el diálogo si lo que pretenden los sindicatos nacionales es imponer procesos de estabilización e indemnizaciones para el personal en abuso de temporalidad.
La pelota está ahora en el Ejecutivo, que tendrá que convocar los diferentes foros de negociación y concretar hasta dónde está dispuesto a llegar una vez entró en vigor el decreto ley estatal, texto que irá la próxima semana a convalidación en el Congreso de los Diputados.
