Las multas en Canarias durante el confinamiento, en el aire tras la sentencia del Constitucional

En el caso de Canarias, la previsión era recaudar más de 19 millones por las multas resueltas en el primer estado de alarma, ya que las propuestas de sanción ascendieron a 10.919 durante ese periodo, pero que ahora con el fallo del Tribunal Constitucional queda en el aire ese ingreso. De hecho, después de Andalucía, con más de 33 millones de euros, el Archipiélago se situó como la segunda Comunidad Autónoma que más tenía previsto ingresar por infracciones graves, con esos 19 millone de euros.

Sin embargo, según las fuentes, la resolución sí excluye la posible responsabilidad patrimonial del Estado, dado que la sentencia entiende que los ciudadanos tenían el deber jurídico de soportar las medidas decretadas en ese primer estado de alarma y que la inconstitucionalidad decretada en principio no sería título suficiente para fundamentar una reclamación patrimonial ante la administración.

115 millones en multas

El TC no cuestiona las medidas anuladas, sino el instrumento que utilizó el Gobierno para implantarlas al entender que el estado de alarma no permite una suspensión generalizada de derechos fundamentales y que debería haber acudido al estado de excepción, que está sujeto a un mayor control parlamentario, dado que debe ser autorizado previamente por el Congreso de los Diputados.

Los expedientes sancionadores resueltos en España, excepto en Cataluña y País Vasco, por infracciones graves a la Ley de Seguridad Ciudadana durante el primer estado de alarma supusieron una cuantía de 115 millones de euros, de los 51,7 millones son de sanciones abonadas mediante el pago anticipado de la multa.

Los importes de las multas que suman los expedientes resueltos hasta este mes de forma ordinaria y a través de procedimiento abreviado ascienden a 33,76 millones de euros en Andalucía; 19,05 millones en Canarias; 14,14 millones en la Comunidad Valenciana; 11,18 millones en Castilla y León; y 8,09 millones en Castilla La Mancha.

Las sanciones resueltas con esa normativa que se utilizó como marco legal por los incumplimientos del estado de alarma entre el 14 de marzo y el 20 de junio de 2020 ascienden a 87.047 sobre las que ya hay propuesta de resolución y 75.217 con el expediente concluido con la bonificación por pago anticipado.

A estas sanciones hay que sumar otras 49.180 de las que los expedientes están en tramitación en las Subdelegaciones del Gobierno, pero que aún no cuentan con propuesta de resolución. Sin embargo, el fallo del Tribunal Constitucional ha dado un vuelco a estos procedimientos.

Aunque las multas por este tipo de infracciones pueden oscilar entre los 601 y los 30.000 euros, en la mayoría de los casos se han resuelto con la mínima sanción y prueba de ello es que el pago medio entre los expedientes con propuesta de resolución es de 732 euros y entre las sanciones acogidas al pronto pago de un total de 687 euros.

Además, en cuanto a los expedientes con propuesta de resolución, de los 63,7 millones de euros que suman el conjunto de los tramitados hasta este mes por multas del primer estado de alarma, una tercera parte de ellos proceden de Andalucía, donde se localizan 28.876 infracciones por un importe conjunto de 23.241.377 euros.

En Canarias se han propuesto 10.919 sanciones por 9,25 millones de euros; en Castilla y León 8.339 por importe de 5,78 millones; y en Comunidad Valenciana 8.288 por 5,8 millones; y en Castilla la Mancha 8.075 que suman 5,13 millones de euros.

Desde el retorno de la democracia a España tras la dictadura franquista, el estado de alarma se ha decretado en cuatro ocasiones, en diciembre de 2010, por una huelga de controladores aéreos, y las tres siguientes, una en marzo y dos en octubre de 2020, por la pandemia la Covid-19.

El 14 de marzo de 2020, un Consejo de Ministros extraordinario aprobó la declaración de estado de alarma, que tuvo seis prórrogas, autorizadas por el Congreso, hasta que decayó el 21 de junio, 98 días después.