El diputado de NC en el Congreso, Pedro Quevedo, se ha sumado por primera vez a una petición para crear una comisión de investigación parlamentaria en torno a los negocios de Juan Carlos I, en este caso sobre a la posible venta ilegal de armas a países árabes por parte del rey emérito. El diputado por Las Palmas firma la iniciativa parlamentaria junto a otros ocho grupos parlamentarios, entre ellos todos los socios del Gobierno de coalición de PSOE y Unidas Podemos como son ERC, EH Bildu, Compromís y Más País. También firman el documento, registrado el pasado martes en la Cámara baja, los independentistas catalanes de JxCat, del PdeCat y de la CUP, así como el BNG. Unidas Podemos no firma en este caso la iniciativa aunque asegura que la apoyará. La formación morada ha sido, de facto, la impulsora de otras propuestas similares sobre las actividades del monarca durante su etapa como jefe del Estado, aunque todas ellas han sido rechazadas en la Mesa del Congreso con los votos en contra del PSOE, del PP y de Vox.
Quevedo justificó ayer su apoyo a la nueva iniciativa por tratarse de una propuesta que parte del diputado de Compromís, Joan Baldoví, con quien mantiene un acuerdo no escrito de cortesía parlamentaria y de apoyo mutuo a su respectivas iniciativas si no hay contradicción con sus postulados programáticos. En este caso, Baldoví llamo personalmente a Quevedo para pedirle la firma y alcanzar así el número de grupos necesarios para poder registrar la propuesta, y el diputado canario aceptó sin problemas pese a no ser esta cuestión «sobre la que nosotros pongamos mucho énfasis».
El respaldo de NC a esta iniciativa coincide con la crisis de relaciones entre la formación nacionalista y el PSOE por el incumplimiento, según los nacionalistas, de los acuerdos que ambas formaciones firmaron para la investidura de Pedro Sánchez como presidente del Gobierno. El malestar de los nacionalistas les ha llevado a solicitar una reunión con la portavoz socialista en el Congreso, Adriana Lastra, para revisar esos acuerdos, especialmente el que afecta al cumplimiento del REF, que consideran vulnerado por el recorte del diferencial fiscal a las producciones audiovisuales realizadas en las Islas respecto a las del resto del Estado.
Con todo, Quevedo asegura que su apoyo ahora a esta comisión de investigación sobre las actividades de rey emérito «no tiene nada que ver» con el estado de relaciones con el PSOE, y que no se trata por ello de una advertencia o gesto enemistoso hacia el grupo socialista o el propio Ejecutivo central de cara a la nueva etapa política que se inicia tras la profunda remodelación del Consejo de Ministros y la próxima negociación de los Presupuestos estatales.
«Es una propuesta de Compromís, que es una fuerza política con la que nosotros tenemos una buena relación, y nuestra firma tiene un sentido más de compañerismo y del apoyo que nos prestamos cuando ello es posible», afirmó ayer el diputado de NC. Insiste en que «es una iniciativa que ya veremos el énfasis que le podemos dar, pero respetamos que sea un tema que le preocupe a Compromís, nos necesitaban para que este asunto se pueda tramitar y hemos accedido al margen de que estemos o no completamente de acuerdo con el planteamiento».
"Investigar al anterior monarca no es una de nuestras prioridades políticas, pero sí nos parece en este caso que lo que abunda no daña"
Se trata de la décimo cuarta petición de comisión de investigación sobre las actividades del rey emérito y se ha formalizado incluso antes de que la Mesa del Congreso se pronuncie sobre otra similar registrada a finales de junio por parte de los partidos independentistas.
Compromís y Más País-Equo insistieron en la necesidad de que la Cámara abriera pesquisas sobre supuestas irregularidades de los «miembros de la Casa Real y las influencias políticas, diplomáticas y comerciales con Arabia Saudí». Ahora, sumando la firma de Nueva Canarias, exigen que se investigue también la supuesta «venta de armas de manera ilegal por parte de Juan Carlos I», desvelada por el diario Público.
Según este periódico digital, Juan Carlos I habría reunido su fortuna con el dinero que obtenía por la venta de armas a países árabes junto a su amigo Manuel Prado y Colón de Carvajal y el traficante de armas Aduan Khashoggi.
Según estos partidos, Alkantara Iberian Exports se habría fundado en Londres en 1978 y, según el citado medio digital, en su inicio estuvo participada al 50% por capital público, mientras que la otra mitad del accionariado se repartió entre Prado y Colón de Carvajal y Khashoggi, por parte de Arabia Saudí.
Los grupos piden investigar si las empresas públicas que participaban en Alkantara, el Instituto Nacional de Industria y Fomento del Comercio Exterior sirvieron para que Juan Carlos I y sus cómplices se beneficiarán como comisionistas de la venta de armas y si la exportación de armamento fue por cauces legales. Piden además investigar la existencia de sociedades opacas con participación del monarca, sus posibles cuentas irregulares, o si hubo presunto blanqueo de capitales y averiguar, además, si entre los beneficiarios de las supuestas actividades ilícitas está el actual rey Felipe VI.
Quevedo defiende que, más allá del planteamiento concreto y recorrido que pueda tener esta propuesta, se clarifique todo lo que tiene que ver con las actividades de Juan Carlos I durante su etapa como jefe del Estado porque ello incluso beneficiaría a la propia institución monárquica. «A nosotros nos parece que casi todas las cosas que ocurren con el papel que está jugando el rey emérito, sería buena cosa que estuviera sometido a una proceso de clarificación porque, entre otras cosas, lo que está pasando perjudica a la Monarquía», asegura a este respecto el diputado de NC. «Investigar al anterior monarca no es una de nuestras prioridades políticas, pero sí nos parece en este caso que lo que abunda no daña. El sentido es garantizar que las cosas se tramiten y se discutan», recalca.
