Los padres de Yamila, la niña de Costa de Marfil de cinco años fallecida el pasado 29 de junio tras dos semanas de dura travesía en una patera hacia Canarias, aún no han podido enterrar a su hija. Al ser migrantes en situación irregular en Francia temen ser deportados si salen del país. Su desesperada realidad ha tomado ya cauces diplomáticos. Desde España se intenta que Francia pueda darles un visado especial o regularizar su situación de forma excepcional para que viajen a Gran Canaria para dar sepultura a su niña. Tienen otros dos hijos más pequeños que viven con ellos en Francia. Yamila embarcó con una prima de los padres. La patera fue encontrada a la deriva a 500 kilómetros de Canarias. La pequeña aún estaba con vida pero falleció en el helicóptero que la transportaba al hospital. Los padres se pusieron en contacto con la ONG Caminando Fronteras, desesperados.
Al final, por el relato de la familiar, corroboraron que era su hija mayor. Aún no se han hecho las pruebas de ADN porque no tienen las garantías de que, al realizárselas, Francia pueda iniciar un proceso de expulsión, explica Helena Maleno, portavoz de Caminando Fronteras, que colabora con José Antonio Benítez, párroco de Nuestra Señora de la Paz, en Las Rehoyas, y miembro del Secretariado de Migraciones de la Diócesis de Canarias. Benítez explica que el tapón se encuentra en Francia, no en España, que está colaborando para que los padres puedan enterrar a su hija. «Nosotros queremos que los dejen salir, que se hagan aquí la prueba de ADN, se reconozca a la niña, se entierre y vuelvan a Francia; así se acabó el duelo», expone el cura claretiano, pero en Francia son remisos a dar esos permisos especiales. También están intentando que los regularicen, al igual que el Gobierno de España ha expresado que va a hacer, de manera excepcional, con los dos senegaleses que defendieron a Samuel Luiz durante la agresión homófoba que sufrió el joven coruñés de 24 años y que terminó con su vida. «Hay organismos que se han comprometido a sufragar los gastos del viaje de los padres, la estancia y el entierro a Gran Canaria», explica el padre Benítez. Repatriar el cuerpo es más difícil por las condiciones legales y sanitarias y porque no sabían si llevarla a Costa de Marfil o a Francia, donde ahora residen, pero quién sabe en un futuro.
Las ONG reclaman que se dé asistencia específica a las familias que buscan a sus seres queridos
Yamila es una triste muestra de muchas personas que han fallecido en su intento de llegar a las costas de Europa para buscar un futuro mejor. Muchos, miles, se han quedado en el mar -250 al menos en lo que va de año en la ruta canaria, una de las más peligrosas-, y otros yacen en lápidas anónimas en los cementerios isleños. Sus familiares los buscan, llaman a las organizaciones no gubernamentales para intentar saber si son ellos y poder velar sus cuerpos, pero el proceso es lento y muy burocrático.
La identificación, los trámites judiciales, si es un procedimiento donde hay una investigación o simplemente si los familiares son irregulares o están en su país en una situación de pobreza y ni siquiera hablan español, ni saben a quién tienen que llamar o qué papeles rellenar, son hándicaps a veces infranqueables. Las ONG reclaman que haya una oficina o un organismo que dé apoyo psicológico y asistencia legal a los familiares para que puedan identificar y enterrar a sus seres queridos. Ahora pueden saber algo por contactos con ONG como Caminando Fronteras o Cruz Roja, entre otras.
Los institutos de medicina legal guardan pruebas de ADN de todos los fallecidos
Eva Bajo, subdirectora del Instituto de Medicina Legal de Las Palmas (IML), y Jesús Vega, director de esta entidad en Tenerife, explican que hacen todo lo posible por identificar a estas personas con el apoyo de los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado para que sus familias sepan, al menos, dónde están sus restos. Si no hay una reclamación por parte de los familiares se hacen cargo de la inhumación los ayuntamientos donde perecieron estas personas.
Los forenses trabajan con los elementos que les pueden llevar a la identificación tras un examen detallado del cuerpo, tomando la huella dactilar, muestras odontológicas, tatuajes, operaciones, amputaciones, es decir, todo que pueda documentar quiénes son. Les sacan fotografías, hacen la autopsia para determinar la causa de la muerte y toman las muestras ADN para realizar su perfil genético. Todas estas muestras quedan «sine die» en los Institutos por si aparece un familiar poder cotejarlos. Cuando acaban estas pruebas, los institutos suelen pedir la inhumación porque ya tienen todo documentado y sus instalaciones no pueden convertirse en una morgue. Todos los días tienen trabajo. A veces han estado meses con cuerpos porque hay un proceso judicial por medio pero con estas muestras siempre se podrá saber dónde están enterrados y quiénes son, explican ambos.
Según Jesús Vega han aparecido familiares al cabo de un largo tiempo porque entre que la policía hace las pesquisas y se localizan a las personas y se mandan las muestras a través de la Interpol o Europol de hermanos, hijos o padres- siempre primera línea consanguínea- pueden pasar meses. También el Gobierno central tiene un convenio con Cruz Roja para que intente identificar a las personas fallecidas en los países de origen buscando a sus familiares. El instituto de Medicina Legal de Tenerife tiene 38 muestras de personas de pateras fallecidas en lo que va de año, dos de las cuales ya están identificadas. Entre esas 38 personas están los 24 migrantes encontrados muertos el 27 de abril en una patera del El Hierro y que fueron inhumados con rapidez por el mal estado en que se encontraron sus restos tras una larga y mortal travesía. En Las Palmas hay en torno a cuarenta.
