Los servicios sociales han afrontado la pandemia desde la escasez y la falta de medios humanos y económicos. La falta de planificación y financiación plurianuales para que las entidades del tercer sector y los ayuntamientos puedan desarrollar proyectos estables, un sistema de ayudas excesivamente burocratizado, la inestabilidad laboral de los profesionales, el incumplimiento de la Ley de Servicios Sociales de 2019 y la falta de liderazgo en la dirección de las políticas sociales lastran y paralizan el sistema público en Canarias, que ha hecho frente como ha podido a la emergencia social provocada por la pandemia del Covid pero que arrastra problemas estructurales que siguen sin solucionarse ni hay visos de un cambio de rumbo, pese a que la crisis económica y social se mantendrá cuando finalice la crisis sanitaria.
La segunda jornada del Campus de Verano 2021 de la Fundación Canarias Siglo XXI abordó ayer la protección social tras el Covid con diferentes agentes y expertos en este ámbito. La presidenta del Colegio Oficial de Trabajo Social de Santa Cruz de Tenerife, Candelaria Delgado, criticó que desde la Administración su utiliza a los trabajadores sociales más como "policía de la pobreza" que como herramienta para salir de la exclusión social. Delgado criticó a la Consejería de Derechos Sociales por el catálogo de servicios cuyo borrador sacó recientemente a exposición pública dos años después de entrar en vigor la ley y cuestionó que se trate más de un "mapa de recursos" que una cartera de prestaciones moderna y adaptada a las necesidades actuales de Canarias, por lo que han presentado varias enmiendas con las que pretenden dar un giro completo a su filosofía. "La pandemia no es excusa para dotar de más personal y medios a las políticas sociales", añadió y recordó ante las últimas declaraciones de la consejera Noemí Santana: "¿Ha tardado dos años en darse cuenta de que no hay suficiente financiación y personal? Los colegios profesionales lo venimos diciendo desde el minuto uno". En opinión de Delgado "el Gobierno también es ella, o da un taponazo sobre la mesa o que cumpla su advertencia de replantarse su presencia en el Gobierno".
A la falta de planificación se añade la ausencia de planes de prevención, trabajos de acción comunitaria o más agilidad para facilitar las ayudas a los más necesitados. La presidenta de los trabajadores sociales tinerfeños se quejó, como el resto de ponentes, del "fracaso" del Ingreso Mínimo Vital (IMV) por ser excesivamente burocrático, inflexible en algunos de sus requisitos y por no adaptarse a las necesidades provocadas por la pandemia.
El que fuera director general y consejero de Servicios Sociales del Gobierno canario, Marcial Morales, que es educador social de profesión, subrayó que el sistema público "está sobrepasado por falta de recursos y profesionales" y que está lastrado por los efectos de la crisis económica de 2008, que dejó al sistema al borde del "agotamiento". Morales advirtió que la Consejería de Derechos Sociales está en situación "terminal" y que dos años más en esta situación será catastrófico para el sistema público, pero también para las familias en exclusión social. Cree que existe "falta de liderazgo" en materia de políticas sociales y apeló al presidente del Gobierno, Ángel Víctor Torres, a tomar las riendas y cambiar el rumbo de la gestión.
Marcial Morales considera que debe promoverse un gran pacto que "garantice lo básico a los más vulnerables" pero también que desarrolle y aplique las leyes del área, aborde la formación de equipos que cambien las estructuras del servicio y que se garanticen partidas plurianuales para dar tranquilidad y certidumbre a las ONG y a las corporaciones locales.
En la jornada de ayer también intervino por videoconferencia Inés Calzada, socióloga e investigadora de la Universidad Complutense de Madrid y promotora de un proyecto de investigación de cinco universidades españolas sobre el impacto de la crisis del Covid en los servicios sociales. El trabajo se ha realizado con entrevistas a trabajadores sociales de más de 60 centros en seis comunidades autónomas durante la pandemia y entre las conclusiones del mismo figuran que el sistema público ha sido capaz de afrontar la emergencia social provocada por la pandemia pero ahora existe el temor de lo que vendrá en 2022, con una crisis social que se encara con recursos "agotados" y un aumento de los problemas vinculados a la salud mental para los que no se está preparado. Calzada prevé un incremento de las solicitudes de Dependencia, un aumento de las "tensiones familiares" y demanda la necesidad de que se reoriente el IMV ante la "frustración" que ha producido hasta ahora su aplicación.
Por parte de la Cruz Roja, su presidente regional, Antonio Rico, lamentó la respuesta en ocasiones "lenta" e "ineficaz" de la Administración no solo en la crisis social sino también en la migratoria. "Esta crisis ha demostrado que todos somos vulnerables y que en Canarias hay una gran debilidad en su estructura social y económica con sueldos y pensiones más bajas, contratos en precario y a tiempo parcial y menos capacidad de ahorro de las familias", indicó Rico, por lo que demandó una reflexión sobre la "redistribución de la riqueza económica" y dar "mejores respuestas" con "leyes adecuadas" que sean útiles para las personas más vulnerables.
