La gestión de las ayudas europeas preocupa a sindicatos y patronales

En el debate Canarias tras la covid los máximos responsables de las dos patronales del archipiélago, Agustín Manrique de Lara (CCE) y Pedro Alfonso Martín (CEOE-Tenerife), y los dos sindicatos mayoritarios, Manuel Navarro (UGT) e Inocencio González (CCOO), coincidieron en que ni la ciudadanía ni el tejido productivo isleño perdonarían que se devolviera ni un solo euro de estas ayudas por una gestión administrativa incapaz y que no cuente con los empleados públicos.

Sobre este asunto, Manrique de Lara considera que la Administración canaria no ha aprovechado la pandemia para modernizar sus estructuras de gestión, lo que relacionó con «un exceso de seguridad», al tiempo que precisó que la iniciativa privada no pide menos controles cuando habla de la necesidad de reducir la burocratización, sino de una mayor agilización administrativa que permita fluir la actividad económica.

Navarro alerta de la desconexión de las dos universidades públicas de la sociedad canaria

Su homólogo de la provincia occidental, Pedro Alfonso, recalcó que los 1.144 millones en ayudas que recibirá Canarias para iniciar su recuperación no podrán paliar el impacto de la pérdida de 10.000 millones de PIB que ha anotado la región por la covid, al tiempo que recordó que los fondos Next Generation podrán usarse para apuntalar el crecimiento, no para promoverlo, de ahí la importancia de contar con capacidad suficiente para saber gestionarlos a tiempo y no perder recursos, un reto sobre el que mostó sus dudas el secretario general de la UGT, Manuel Navarro.

Por su parte, el máximo responsable de CCOO en las islas, Inocencio González, subrayó la necesidad de que la gestión de estas ayudas a la recuperación y la diversificación de la economía canaria «no se haga de espaldas a los empleados públicos de las Islas», un aspecto que sí tiene en cuenta el real decreto que regula estas subvenciones a nivel estatal pero que no se ha trasladado a la norma regional.

Los representantes sindicales y empresariales ponen el acento en el REF a la hora de referirse al futuro pospandémico de Canarias, al considerar que es la única herramienta que permite a los ciudadanos y empresas del Archipiélago converger con el resto de Europa en las mejores condiciones.

Por eso, Manrique de Lara ha pedido al Gobierno canario que cree cuanto antes un comisionado del REF que «divulgue, defienda y adapte el fuero canario a cada momento para sacar lo mejor de esta herramienta, que es la que permite que las islas no sean una región subvencionada».

Una defensa del REF que también consideraron vital el resto de intervinientes en este debate, en el que coincidieron en denunciar que no esté tan apuntalado a nivel nacional como sí lo está en el marco de la Unión Europea.

Las carencias formativas, culpables de la incapacidad para diversificar la economía

Sobre la necesaria diversificación de la economía canaria, dada la fragilidad que le confiere su extrema dependencia de un sector turístico por cuya excelencia y modernización abogaron para que pueda ejercer de tractor del resto de sectores asociados, los componentes de la mesa de debate aludieron a las carencias formativas como el factor que, a su juicio, frena o entorpece este ansiado objetivo, enarbolado durante décadas y que no acaba de materializarse.

El también miembro del Consejo Social de la ULPGC, Manuel Navarro, opino que esta diversificación económica no llega por «indecisión, falta de ideas o por ciertos intereses», al tiempo que subrayó que las dos universidades públicas de las Islas «no están focalizadas en las necesidades de la sociedades canaria».

«Educamos para otras cosas y cuando lo hacemos bien, los titulados se van», referió el dirigente de UGT, quien estimó que «si se apuesta por el sector primario hay que poner a su disposición de sus trabajadores la tecnología, los medios y hasta los terrenos».

A juicio del presidente de la CCE, «el origen del problema está en una gran carencia de formación en todos los niveles», mientras que desde CCCO, González apostó por «dar un impulso a la FP, la recualificación y la formación en la empresa» porque «las necesidades empresariales divergen de la formación de los jóvenes», un sector de población que registra una tasa de paro del 61 %.