El PSOE canario y Nueva Canarias (NC) creen haber dado un paso importante, casi definitivo, para resolver el conflicto con el Estado por la modificación unilateral del REF en materia de fiscalidad de las producciones audiovisuales realizadas en Canarias, y consideran que queda ya prácticamente descartada la vía judicial. El temor de ambas formaciones políticas, y por ende el del Gobierno regional, a un desacuerdo con el Ejecutivo central que abocara a un recurso al Tribunal Constitucional ha marcado la negociación llevada a cabo con el Ministerio de Hacienda y al principio de acuerdo alcanzado el pasado lunes entre sus respectivos líderes, Ángel Víctor Torres y Román Rodríguez, a su vez presidente y vicepresidente de Canarias, respectivamente, con la titular de ese departamento, María Jesús Montero, por el que ésta se compromete a una modificación legislativa antes de final de año que devuelva a dicha actividad el 80 % de diferencial respecto al resto del Estado.
De hecho, la vía judicial para resolver la disparidad de criterios entre ambas partes estuvo sobre la mesa de la negociación del lunes durante buena parte de la reunión ante la insistencia de Montero en defender que la modificación del REF elevando el tope aplicable en las Islas de 5,4 a 12,4 millones no vulneraba el fuero canario. Este debate provocó momentos de gran tensión en la reunión y estuvo a punto de hacer descarrilar la negociación y citarse ya para la Comisión Bilateral en la que formalmente se debe adoptar una resolución. Pero Torres se había mojado mucho en los días previos garantizando una «solución política» y dando a entender que Montero la había aceptado, descartando así la posibilidad de abrir la vía judicial. Además, tanto el líder de los socialistas canarios como los dirigentes de NC asistentes a la reunión, además del propio Rodríguez, su diputado por Las Palmas, Pedro Quevedo, estaban convencidos de que dirimir este conflicto en la Comisión Bilateral o, en su caso, en el TC, era un riesgo demasiado alto que había que evitar.
Ese temor a un revés judicial es el que ha llevado por tanto a Torres y a NC a ponerse en manos de Montero sobre el plazo y fórmula para llevar a cabo esa modificación legislativa que devuelva al cine hecho en Canarias sus ventajas fiscales. Será ahora la ministra quien decidirá bajo qué paraguas normativo se llevará a cabo la restauración del REF en este punto, y en qué momento lo aprobará en las Cortes, en todo caso, según el compromiso de la ministra, antes de finales de año.
Quevedo considera que el recurso en el Constitucional supondría un alto riesgo a la vista de otras sentencias en relación con el REF
«No había otra opción que el acuerdo político», resalta Quevedo para explicar el marco de la negociación del lunes. Recuerda en este sentido que en caso de acudir a la Comisión Bilateral sin acuerdo y de que tampoco en este foro se alcanzara, el criterio que finalmente prevalece es el del Estado. Al mismo tiempo, considera que el recurso judicial supondría un alto riesgo a la vista de otras sentencias de los magistrados del TC en relación con el REF, como aquellas en las que consideran que los Presupuestos estatales no están obligados a prever una inversión en las Islas equiparable a la media nacional y que el Gobierno tiene autonomía plena en su política económica y de inversiones.
«El acuerdo alcanzado con Hacienda solventa el problema para siempre, porque da seguridad y elimina por fin la controversia al establecer de manera definitiva un diferencial fiscal del 80%», aseguró ayer por su parte Torres. Insiste así en que «no hay diatriba ni interpretaciones, ni tenemos que ir a que los servicios jurídicos de un gobierno u otro consideren una cosa u otra, porque se despeja por fin este problema para siempre».
Quevedo reconoce que el plazo en el que Montero se ha comprometido a restaurar el 80 % del diferencial fiscal para el sector audiovisual en Canarias se solapa con el calendario para la negociación entre NC y el Gobierno central de los Presupuestos estatales de 2022, cuyo proyecto se remitirá al Congreso previsiblemente a finales de septiembre, como marca la ley, y cuya aprobación definitiva se producirá a finales de diciembre para su entrada en vigor el 1 de enero.
Estos plazos dejan un estrecho margen de comprobación del cumplimiento del compromiso de Montero, razón por la que el diputado de NC, presente en la reunión del lunes, reclama a ésta evidencias palpables a lo largo de septiembre y octubre de que se está restaurando el REF en los términos acordados.
Cabe señalar en este sentido que la ministra y el PSOE pretendían en esa reunión iniciar la negociación con NC sobre las nuevas cuentas estatales, y que los nacionalistas ya avisaron que no hablarían de ello con el Gobierno sin resolver antes el conflicto del REF.
Esa máxima seguirá marcando al actitud de los nacionalistas en los próximos meses, cuando ya el proyecto presupuestario haya sido remitido a las Cortes: «O tenemos una garantía palpable y comprobable de que se está en ello y de que hay una fórmula a la vista de cómo se recupera el 80% de diferencial fiscal para el sector del cine, o no entramos en la segunda parte de la reunión de ayer [por el lunes], que es la negociación presupuestaria», resalta Quevedo. Una de las fórmulas que se barajan es a través del proyecto de ley de ayudas al sector de la cultura, que se acabará de tramitar en el Senado en septiembre y en la que se podría incluir una enmienda en ese sentido.
NC advierte que las relaciones con PSOE para los Presupuestos de 2022 y el resto de la legislatura dependerá de cómo se resuelva este asunto.
De momento, Quevedo va a dar un aviso a los socialistas votando hoy contra la convalidación en el Congreso del real decreto sobre fiscalidad energética y de utilización del agua en el que el Gobierno incluyó una disposición final tercera para hacer retroactiva al ejercicio fiscal de 2020 el incremento del tope de 12,4 millones. Es un medida de urgencia que aprobó el Consejo de Ministros para que las productoras pudieran aplicarse ese tope en la liquidación del Impuesto de Sociedades durante este mes de julio, pero al tiempo mantiene la eliminación del 80 % de diferencial fiscal.
Aunque la reunión del lunes con Montero suple la que NC había solicitado al PSOE para revisar sus acuerdos, Quevedo asegura que las relaciones de ambas formaciones para los Presupuestos de 2022 y el resto de la legislatura dependerá de cómo se resuelva este asunto.
