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Empleo público

Los interinos denuncian la "inseguridad jurídica" que generan los cambios del Estado sobre su futuro laboral

El Gobierno canario admite que hay más "incertidumbre" y seguirá negociando con el comité de huelga a la espera de la futura ley

Protesta de empleados públicos interinos en Santa Cruz de Tenerife.

Protesta de empleados públicos interinos en Santa Cruz de Tenerife. LP/DLP

La aprobación in extremis del decreto ley para reducir la interinidad en el empleo público lejos de calmar los ánimos aumenta la "inseguridad jurídica", según denuncian los sindicatos y las plataformas que representan a los interinos, y genera "incertidumbre" en la Comunidad Autónoma, que no sabe aún a qué atenerse para regularizar la situación laboral de los miles de trabajadores que se encuentran en abuso de temporalidad. El Gobierno canario y el comité de huelga siguen con la hoja de ruta marcada por el acuerdo que firmaron recientemente con las negociaciones en las mesas de trabajo constituidas en estos días, pero todos están pendientes de la ley que apruebe el Congreso por la vía de urgencia para saber cuál es la afección concreta sobre los empleados públicos de las Islas.

El portavoz nacional de la Plataforma de Interinos (PI), Miguel Quintero, descalificó el decreto y las novedades introducidas a última hora por el Gobierno central para salvar la votación en la Cámara Baja. En su opinión la "inseguridad jurídica" que se ha generado es muy elevada, por lo que los recursos ante la Justicia española y la europea van a ser la tónica dominante. Quintero también apunta al recurso de inconstitucionalidad anunciado por algunas formaciones políticas de la oposición, lo que puede suponer que las medidas impuestas por el Estado se queden en papel mojado. "El Gobierno ha entrado en terreno pantanoso al poner los diez años como límite para estabilizar la plaza sin concurso oposición, esto es recurrible por todos aquellos que se sientan afectados con más de tres años, como dice el Tribunal Supremo, pero que no lleguen a los diez", advierte.

Las plataformas y los sindicatos están acudiendo de forma masiva a la Comisión Europea y al Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) a través de despachos de abogados para denunciar al Gobierno español por no trasponer a la legislación nacional la Directiva comunitaria que limita el empleo temporal y al entender que el Estado no está aplicando la jurisprudencia comunitaria, ya que el TJUE se ha pronunciado en varias ocasiones sobre la insostenible situación del empleo temporal en las administraciones públicas españolas.

Pero es el propio Gobierno canario el que reconoce la "incertidumbre" que ha provocado los cambios anunciados en el decreto ley. El viceconsejero de Administraciones Públicas, Manuel Martínez, indicó que "más que inseguridad jurídica este tipo de cambios suponen incertidumbre para los empleados públicos afectados, porque cada día se toma una decisión que les afecta emocionalmente y no saben qué va a pasar". El Ejecutivo regional prefiere esperar a la ley que finalmente se apruebe en el Congreso porque Martínez no tiene claro cómo se ha de concretar el plazo de diez años para no necesitar oposiciones: "hablan de plazas y no de personas, ahí está el debate porque aquí estamos negociando sobre la base de identificar a los empleados y no las plazas, por lo que me genera dudas", añade Martínez.

Las negociaciones en Canarias continuará en la misma línea, añade el viceconsejero, y por ello se continuarán con los contactos para identificar a los trabajadores afectados por el abuso de temporalidad, sobre todo a partir de 2014, y se buscará alternativas para los empleados laborales de los grupos más bajos y de oficios a través de la negociación colectiva. Martínez sí avisa que los funcionarios interinos y los laborales con las categorías más altas estarán directamente afectados por lo que se decida en la nueva legislación estatal.

Por parte del comité de huelga, Manuel González (Sepca) advierte que el Tribunal Supremo ya ha establecido el periodo de tres años para estar en abuso de temporalidad, por lo que cuestiona que ahora se haya puesto la barrera de los diez años. Tampoco ve claro que las comunidades autónomas tengan la facultad de establecer oposiciones no eliminatorias porque existe el riesgo de que los que ocupen las vacantes sean desplazados por otros empleados que también concurran a esas plazas. "La inseguridad jurídica es muy grande, las cosas no están claras, Canarias tiene que seguir por el camino que hemos emprendido", añade González.

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