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La falta de personal obliga a Vivienda a ceder las ayudas del alquiler al ITC

El Instituto Tecnológico de Canarias gestiona 12 millones para ayudar a 18.000 familias | Las subvenciones por el impacto del Covid se entregan desde enero

Cola para solicitar las ayudas al alquiler en la capital grancanaria poco antes del inicio de la pandemia. | | LP/DLP

Cola para solicitar las ayudas al alquiler en la capital grancanaria poco antes del inicio de la pandemia. | | LP/DLP

La emergencia social apremia en tiempos de pandemia y las familias vulnerables que se pueden quedar en la calle por no pagar el alquiler de la vivienda no pueden esperar a la lentitud de la tramitación administrativa, ni tienen la culpa de que no haya suficiente personal en el organismo responsable de gestionar las ayudas públicas para pagar la renta. Por ello el Instituto Canario de la Vivienda (ICV) ha puesto en manos del Instituto Tecnológico de Canarias (ITC) la gestión de las ayudas al alquiler puestas en marcha el año pasado para las familias más afectadas por la crisis del Covid y que suman más de 18.000 solicitudes y una partida total que supera los 12 millones de euros.

El ITC es una empresa pública de la Comunidad Autónoma especializada en la realización de proyectos e investigaciones vinculadas a la innovación, la ciencia y el desarrollo tecnológico. Aparentemente poco o nada tiene que ver con el ámbito de la vivienda y las subvenciones que otorga la Administración para los alquileres. En este caso la Consejería de Obras Públicas, Transportes y Vivienda utiliza al ITC como «medio instrumental» para agilizar la gestión de las ayudas y distribuirlas en el menor tiempo posible ante la situación de emergencia social provocada por la pandemia y la necesidad de que lleguen lo antes posible a los afectados. El ITC tiene una amplia experiencia técnica en la recepción y gestión de subvenciones.

Esta solución para poder ser más diligentes en la resolución de las ayudas está provocada por un problema crónico que afecta a muchos departamentos de la Administración autonómica. «El Instituto Canario de la Vivienda no cuenta con los medios personales y materiales suficientes para la diligente gestión del procedimiento de concesión y pago de las subvenciones», explica la exposición de motivos del convenio firmado entre el ICV y el ITC este mes y que supone la prórroga del acuerdo firmado en diciembre de 2020. A la carga de trabajo que ya de por sí tienen los empleados del ICV se une esta medida extraordinaria para hacer frente a la crisis social del Covid que se tomó por el Gobierno canario en 2020. La premura para que estas ayudas lleguen a sus destinatarios lo antes posible también motivó que en enero se aprobase adelantar el 50% de las subvenciones sin terminar de tramitar las solicitudes.

La alternativa para evitar que las subvenciones lleguen tarde y mal a las familias más vulnerables es que la gestión la realice una entidad más ágil, con personal experimentado y con los medios técnicos adecuados para tramitar los fondos públicos. El convenio firmado con el ITC en diciembre supuso la gestión de 5,4 millones de euros de ayudas al alquiler en una primera tanda, a los que ahora se suman 6,6 millones de euros más en una nueva entrega para que sean gestionados y entregados a los beneficiarios antes del 31 de diciembre.

El convenio firmado entre las dos entidades de la Comunidad Autónoma especifica que el ITC «actúa en nombre y por cuenta del ICV a todos los efectos relacionados con la subvención, realizando la entrega y distribución de los fondos públicos a los beneficiarios». La empresa pública de investigación e innovación recibirá una «compensación» por los costes derivados de las tareas que se le asignan. En este caso el ITC recibirá cerca de 20.000 euros –19.950,36– para pagar las horas de trabajo de los técnicos de la empresa pública destinados a las tareas económico-administrativas y de supervisión vinculadas a al gestión de estas ayudas al alquiler.

Una de las condiciones puestas por el Instituto Canario de la Vivienda es que la entrega de las subvenciones a los beneficiarios se realicen en el plazo de 15 días tras la resolución del abono con el fin de agilizar el pago al máximo.

Según la planificación realizada por la Consejería de Vivienda, se decidió adelantar el abono de las ayudas correspondientes a seis meses de alquiler, que oscilan entre los 500 y los 900 euros, a 2.500 solicitantes que a 31 de diciembre estaban desempleados o afectados por un ERTE. El otro 50 % de estas subvenciones se pagarían cuando se confirmase que la situación de los beneficiarios a finales de 2020 se correspondía con la exigida para poder percibirlas.

La tramitación burocrática que exige la concesión de subvenciones públicas y el escaso personal con el que cuenta el Instituto Canario de la Vivienda –30 funcionarios, reforzados posteriormente con 14 más– ha motivado que se haya buscado la alternativa del ITC que, como empresa pública de la Comunidad Autónoma, puede ser utilizada por el Gobierno como entidad instrumental para ayudar a otros organismos públicos para encargos concretos que se le soliciten en función de sus capacidades.

Un millón de euros para contratar a 32 interinos

El Consejo de Gobierno autorizó el pasado mes de marzo, a petición del consejero de Obras Públicas, Transportes y Vivienda, Sebastián Franquis, una partida presupuestaria de poco más de un millón de euros para dar cobertura financiera al nombramiento de 32 nuevos funcionarios interinos con el objetivo de reforzar la plantilla del Instituto Canario de la Vivienda para poder cumplir con los principales ejes y objetivos del nuevo Plan de Vivienda de Canarias 2020-25. La contratación es por un periodo de tres años, prorrogables otros 12 meses, y, según el Ejecutivo, es uno de los mayores incrementos de personal funcionario interino que se ha realizado en la plantilla del Instituto Canario de la Vivienda desde el año 2008 y permitirá reducir la sobrecarga de trabajo que afronta el personal. El departamento de Vivienda tiene ante sí el desarrollo de un plan hasta 2025 que supone una inversión global de 664 millones con más de 5.900 nuevas viviendas protegidas, 10.200 acciones en rehabilitación y ayudas al alquiler a cerca de 72.000 beneficiarios. | R.A.D.

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