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Vivienda | La Comunidad Autónoma busca soluciones a la emergencia habitacional

Canarias tendrá su ley antidesahucios en cuanto caiga el escudo nacional

La Consejería de Vivienda ya tiene listo el armazón legal para frenar los lanzamientos desde el 9 de agosto si el Estado no prorroga la moratoria

Sebastián Franquis habla con Nira Fierro, ayer, antes de la comisión. | | EFE

Sebastián Franquis habla con Nira Fierro, ayer, antes de la comisión. | | EFE

La Comunidad Autónoma ha hecho los deberes por si el Estado no prorroga la suspensión de los desahucios de familias en dificultades socioeconómicas. Nadie en la Consejería de Vivienda duda de que el Gobierno central ampliará la vigencia de la medida más allá del 9 de agosto –fecha en la que acabaría la prohibición de los lanzamientos si no media una nueva prórroga–, pero en el Departamento dirigido por Sebastián Franquis ya tienen listo, por si acaso, el armazón legal para frenar los desahucios a partir de esa día si el Ejecutivo de Pedro Sánchez retira el escudo nacional. Así lo adelantó ayer el propio Franquis durante su comparecencia ante la comisión parlamentaria de Obras Públicas, Transportes y Vivienda. «Confío en que haya una ampliación del plazo, pero si no es así, el Gobierno de Canarias tiene preparado un decreto ley para actuar en consecuencia», explicó el consejero, que señaló que el Ejecutivo regional ha logrado paralizar desde el comienzo de la legislatura –mediados de 2019– un total de 505 lanzamientos.

Concentración frente a la sede del Parlamento de Canarias, en Santa Cruz de Tenerife, de afectados por desahucios y problemas de vivienda. | | MARÍA PISACA

El estallido de la pandemia de coronavirus en marzo del año pasado llevó al Gabinete de Sánchez a decretar la suspensión de los desahucios de ciudadanos y familias en situación de vulnerabilidad social. Tanto si los problemas de estas personas u hogares se debían a la crisis de la covid-19 –por haberse visto en el paro o en suspensión de empleo y no poder cumplir con el recibo mensual del alquiler de la vivienda, por ejemplo– como si tenían otro origen, como puede ser el caso de trabajadores y cabezas de familia que estaban en paro de larga duración desde antes de la pandemia. La medida, de carácter extraordinario, se ha tenido que prorrogar más de lo previsto porque también la duración de la crisis y su impacto en la economía y la sociedad han sido más intensos de lo previsto. La última ampliación fue la del 9 de mayo al 9 de agosto, con lo que la vigencia de la ley antidesahucios nacional está a punto de cumplirse. Sin embargo, los canarios en situación de pobreza o exclusión social que estén amenazados por un lanzamiento no quedarán desprotegidos aunque el Estado no vuelva a prorrogar la medida.

«Actuaremos con las competencias de la Comunidad Autónoma para que no se produzca este tipo de desahucios», señaló Franquis, que agregó que el decreto ley autonómico está «preparado» para aprobarse, publicarse y entrar en vigor desde que expire la vigencia de la normativa estatal. No obstante, el consejero está seguro de que el decreto canario antilanzamientos seguirá en los cajones de su despacho después del 9 de agosto, ya que da por descontado que Madrid mantendrá el paraguas social el tiempo que sea necesario.

El representante del Gobierno presidido por Ángel Víctor Torres respondió a dos preguntas sobre vivienda de los grupos parlamentarios. En concreto a dos preguntas de las diputadas nacionalistas Carmen Hernández, de Nueva Canarias, y Socorro Beato, del principal partido de la oposición, Coalición Canaria. Franquis se detuvo en las políticas para frenar los desahucios de personas y familias vulnerables –con esa alternativa legislativa de alcance regional para cuando finalice la suspensión de los lanzamientos en el ámbito nacional– y también en las políticas a medio y largo plazo para paliar la situación de quienes sufran un lanzamiento. El consejero expuso que en el marco del programa Canarias Prohogar, su Departamento destina 15,5 millones de euros para la compra de 225 viviendas que servirán como alojamiento temporal a las familias desahuciadas y sin recursos ni alternativas. Por un lado hay 11 millones de una encomienda del Instituto Canario de la Vivienda (Icavi) a Visocan para la adquisición de 180 inmuebles y, por otro, 4,5 millones más para la compra de otras 45 casas o pisos.

«El objetivo es tener ese paquete de más de 220 viviendas para atender las emergencias habitacionales urgentes de familias víctimas de desahucios», apuntó Sebastián Franquis, que añadió que la compraventa de parte de esas casas ya está en su fase final, con lo que pronto pasarán al patrimonio de la Comunidad Autónoma.

Socorro Beato recordó que pese a la paralización de los desahucios decretada en Madrid han seguido produciéndose lanzamientos en el Archipiélago. De hecho, los datos suministrados ayer por el Consejo General del Poder Judicial revelan que solo en los tres primeros meses de 2021 se contabilizaron en las Islas hasta 751 desahucios, 246 más de los que el Gobierno de Canarias ha conseguido evitar en los dos años que van de la legislatura. Hay que puntualizar, eso sí, que esos 751 casos son un 25,6% menos de los registrados en el primer trimestre de 2019, el último año de normalidad antes del estallido de la pandemia. Además, el Ejecutivo autonómico, y en concreto la Consejería de Vivienda, centran sus esfuerzos en las personas y familias en especiales dificultades, que son a quienes protegen tanto la actual normativa estatal como la que ya tiene lista el Departamento de Franquis para cuando aquella decaiga.

De esos 751 desahucios del arranque de 2021, la gran mayoría, hasta 576, son lanzamientos de acuerdo con la Ley de arrendamientos urbanos, es decir, afectan a inquilinos y no a propietarios. Solamente 139 fueron desahucios por impago de hipoteca, una cifra menor en comparación con las de los años posteriores al estallido de la burbuja inmobiliaria.

‘No’ a la expulsión de 17 familias


El consejero de Vivienda del Gobierno de Canarias, Sebastián Franquis, explicó ayer que se ha logrado evitar los lanzamientos de hasta 17 familias de Santa Cruz de Tenerife, residentes en viviendas de la subida de El Tablero, gracias al acuerdo alcanzado con la empresa propietaria de las casas. Franquis señaló que en todos los casos se trata de familias en dificultades socioeconómicas, de ahí que su Departamento, en colaboración con el Ayuntamiento de la capital tinerfeña, negociara con la firma propietaria hasta conseguir parar los desahucios. Aunque las conversaciones continúan, el consejero se congratuló por que no haya «ningún proceso de desahucio» en marcha. | M.Á.M.

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