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María Jesús Montero ignora la queja del Parlamento por violar el Estatuto

La Cámara canaria elevó un escrito a la ministra, aún sin respuesta, para afearle que no le consultara la modificación del REF

Gustavo Matos, presidente del Parlamento de Canarias, durante una comisión por vía telemática. | | CRISTÓBAL GARCÍA / EFE

Gustavo Matos, presidente del Parlamento de Canarias, durante una comisión por vía telemática. | | CRISTÓBAL GARCÍA / EFE

La ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ignoró la queja del Parlamento de Canarias por la vulneración de la Constitución Española y del Estatuto de Autonomía al modificarse el Régimen Económico y Fiscal (REF) sin dar audiencia a la Cámara de la región. De hecho, la representante del Gobierno de Pedro Sánchez ni siquiera se ha molestado aún en responder al escrito del Parlamento. No al menos hasta el lunes, hace tres días, que es cuando el Consejo Consultivo evacuó el dictamen, solicitado por el presidente de la Cámara autonómica, Gustavo Matos, en el que concluye que, efectivamente, las Cortes y el Ejecutivo estatal se saltaron a la torera la Constitución y el Estatuto en su objetivo de incrementar las deducciones a los rodajes de series y películas en la Península y Baleares sin hacerlo en la misma medida para las grabaciones en el Archipiélago. El Consultivo expone que, «hasta la fecha», es decir, hasta este lunes, «no se ha tenido respuesta de la indicada queja por parte de la ministra».

Montero ignora la queja del Parlamento por violar el Estatuto

Montero ignora la queja del Parlamento por violar el Estatuto M. Á. Montero

Montero ignora la queja del Parlamento por violar el Estatuto

Primero fue en la Ley de medidas de prevención y lucha contra el fraude fiscal en la que las Cortes Generales, con el beneplácito del Ministerio de Hacienda, blindaron la subida, de tres a diez millones, del límite máximo de la deducción para los rodajes cinematográficos en España, excluidas las Islas. La ley se aprobó en el Congreso el 30 de junio. Tanto el Senado como la Cámara Baja habían recibido el 28 de junio, dos días antes de la aprobación de la normativa, el escrito en que el Parlamento canario manifiesta su oposición –por unanimidad– a una ley que altera el REF. No en vano, las Cortes Generales pretendían, con el apoyo del PSOE –que lidera el Gobierno regional–, incrementar la deducción en la Península y Baleares sin tocarla en el Archipiélago. Esto significa vulnerar el REF, que establece un diferencial fiscal del 80% en favor de las Islas para compensar su insularidad y, sobre todo, su lejanía respecto del continente. El caso es que el informe desfavorable del Parlamento pasó como si no existiera, cuando por sí solo debió bastar para suspender la aprobación de la ley. Canarias se quedaba con una deducción fiscal máxima de 5,4 millones de euros, mientras que en el resto del país el tope era –y aún es– de diez millones. Una flagrante violación del REF.Para arreglar el desaguisado, o más bien intentar arreglar el desaguisado, la ministra Montero coló en Real Decreto ley de medidas urgentes en fiscalidad energética una subida del tope del incentivo fiscal a los rodajes en las Islas de 5,4 a 12,4 millones. Sin embargo, este aumento tampoco es respetuoso con el fuero regional, ya que la diferencia entre los diez millones fijados para la Península y Baleares y los 12,4 establecidos para Canarias es del 24%, cuando debe ser del 80%. Y no solo eso, sino que el Ministerio tomó la decisión y aprobó el real decreto ley ignorando de todo punto tanto el procedimiento que debe ponerse en marcha ante una eventual modificación del REF como a las propias instituciones de la Comunidad Autónoma.

El Gobierno central aprobó el decreto el 24 de junio, y ese mismo día solicitó el informe del Parlamento –debe hacerlo antes– por medio de un escrito remitido a la Consejería de Hacienda, que nada tiene aquí que ver.

Es decir, no solo pidió el informe preceptivo una vez aprobada la normativa, sino que lo pidió a través de una consejería, cuando debe hacerlo a la Cámara misma. Al Departamento de Román Rodríguez no le quedó más remedio que devolver el escrito al Ministerio e informar a la Mesa del Parlamento –el órgano de gobierno del Legislativo– de la confusión de Montero. El 1 de julio, la Mesa de la Cámara acordó elevar una queja por haberse aprobado una modificación del REF sin audiencia del Parlamento –que no es algo potestativo, sino obligatorio–, vulnerando así el Estatuto y la disposición adicional tercera de la Constitución. Todo ello «sin que hasta la fecha se haya tenido respuesta de la indicada queja por parte de la Sra. ministra», expone el Consultivo. La Cámara canaria prepara un recurso de inconstitucionalidad.

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