El PP se corrige a sí mismo en relación con el estatus legal de los núcleos urbanos tradicionales en la costa y propone ahora algo a lo que se negó rotundamente cuando se aprobó en 2013, durante el Gobierno de Mariano Rajoy con mayoría absoluta, la última reforma de la ley de Costas y que a la postre provocó distintos pleitos entre Canarias y el Estado. El partido que lidera Pablo Casado acaba de presentar en el Senado una proposición de ley «con la que solicitamos al Gobierno la pervivencia de los conjuntos urbanos costeros de tipología tradicional en terrenos que han pasado a ser de dominio público-terrestre», según señala el senador canario del PP Asier Antona, promotor de la iniciativa. «Queremos que estos núcleos gocen de alguna particularidad en el tratamiento de la legislación de costas como que tengan una protección especial por ser bien de interés cultural o de relevancia local», señala Antona.
La propuesta legislativa se solapa con el proceso de negociación entre Canarias y el Estado para el traspaso de la gestión de costas a la comunidad autónoma, al amparo del nuevo Estatuto de Autonomía aprobado en 2018. De forma que sería la administración regional la que, si se aprobara la modificación defendida ahora por los populares, decidiría sobre las condiciones y circunstancias que se tomarían en cuenta a la hora de aplicarla y permitir así la supervivencia de varios núcleos urbanos costeros en algunos casos abocados en estos momentos a la demolición. Este es precisamente uno de los aspectos normativos que tiene bloqueada la negociación entre los gobiernos central y regional para el traspaso de las competencias, previsto inicialmente para el pasado mes de junio pero que se está retrasando por discrepancias sobre los recursos a transferir y, muy especialmente, sobre el papel la demarcación marítima-terrestre.
Lo que plantea la proposición de ley del PP es añadir una disposición adicional (la decimotercera) a la Ley 22/1988, de Costas, sobre ‘núcleos urbanos con especiales valores etnológicos’ en la que se otorgarían estas características al «conjunto de edificaciones residenciales o comerciales» que «acumulen valores culturales, históricos o etnológicos que merezcan ser conservados», que estén integrados «en el entorno costero de forma que su demolición o supresión supusiera una pérdida de patrimonio cultural, histórico o turístico», y que, además, «existan con carácter previo a su inclusión en el dominio público marítimo terrestre».
Un segundo punto plantea que estos núcleos urbanos con especiales valores etnológicos «serán excluidos del dominio público marítimo terrestre mediante la práctica de un deslinde que los excluya y se regirán por el régimen de los terrenos incluidos en zona de servidumbre de protección».
Una de las cuestiones importantes que incluye la propuesta es que los valores que justificarían esta consideración de núcleo con especiales valores tradicionales, paisajísticos, turísticos o económicos «tendrá que ser acreditado por el Ayuntamiento en el que se ubique, que lo tendrá que solicitar al Ministerio que tenga la competencia atribuida en costas acompañando un dictamen favorable de la Comunidad Autónoma en el que radiquen», señala el senador canario. «Canarias asumirá la competencia de la ordenación de estos núcleos urbanos, que ya dependería de la dirección general de Costas, y lo que proponemos es que tienen que ser los ayuntamientos los que tienen que armar un expediente donde justifiquen ese valor».
El texto de la propuesta, que se pretende tramitar en el Senado a partir de septiembre, en el próximo periodo de sesiones, señala en su preámbulo que «la regresión del litoral que sufren las costas españolas desde hace años, agravada por los efectos del cambio climático, ha supuesto que determinados núcleos urbanos costeros a lo largo de todo el país, con características culturales, históricas y etnológicas de valor esencial se hayan visto incluidos en el dominio público marítimo-terrestre», y añade que «dichos núcleos están conformados por edificaciones de baja densidad, muy identificadas con el entorno paisajístico de donde se ubican y asociadas a un modo de vida marinero».
Aunque reconoce que la legislación sobre costas «debe hacer cumplir y proteger el principio constitucional y garantizar el dominio público sobre la zona marítimo-terrestre», señala que «la falta de suficientes medidas de protección de éste durante décadas en las que la regresión litoral se ha ido agravando ha supuesto que las modificaciones en los deslindes hayan dejado dentro del dominio público marítimo-terrestre inmuebles urbanos destinados a residencias unifamiliares o pequeños comercios consolidados desde décadas previas a que se llevara a cabo ese deslinde».
Asier Antona: «Es el momento ahora para intentar que se salven de la demolición y se regule su situación»
Según la iniciativa del PP, «en ese proceso se han visto inmersos núcleos con valores etnológicos incuestionables», entre ellos varios en distintas islas del Archipiélago como Punta Larga y El Faro en Fuencaliente (La Palma); El Altillo, Casas Quemadas, La Barranquera o, en el municipio de Telde, Tufia y Ojos de Garza.
Pero no solo aquí. En toda la cosa española hay ejemplos: el de Torre La Sal en Cabanes, les casetes de la Mar de Nules, de Almenara o el de Xilxes (Castellón); Puntas de Calnegre, Cabo de Palos y Los Nietos (Región de Murcia) o les Casetes de Vorera en Menorca
Antona recuerda en este sentido que los casos de Punta Larga y El Faro tienen ya una orden de demolición de parte de la dirección general de Costas en cumplimiento de una sentencia del Tribunal Supremo, pero que «hay documentos sobre e valor de estos núcleos, que están ahí mucho antes que la ley de costas, con construcciones de los años 50 y 60».
Conflictividad
El senador palmero reconoce que el Gobierno del PP se opuso en su momento, durante la reforma de la ley de Costas de 2013, a la exclusión de estos barrios y edificaciones de la casuística contemplada para permitir su pervivencia, pero señala que «es el momento ahora para intentar que se salven de la demolición y se regule su situación». La mencionada reforma normativa de los espacios marítimo-terrestres ocasionó distintos enfrentamientos entre Canarias y el Estado y sigue siendo motivo de discusión en el actual proceso del traspaso de competencias. El Gobierno regional que presidió Paulino Rivero (CC) interpuso un recurso ante el Tribunal Constitucional contra varios artículos de esa ley, que fue desestimado en 2016, y más tarde promovió una legislación autonómica en materia de Costas, a su vez recurrida por el Gobierno central, que fue invalidada precisamente por la inconstitucional advertida en varios de sus apartados.
La consejería de Transición Ecológica y Planificación Territorial, encargada de la negociación ,trata de avanzar en el traspaso y ha propuesto al Ministerio la creación de una Comisión de la Demarcación Marítimo-Terrestre de Canarias,
El traspaso de la gestión de costas a la comunidad autónoma debería aclarar los términos en que puede actuar cada administración, aspecto sobre el que se están centrando las negociaciones entre los gobiernos regional y central y estancadas en parte por el reciente cambio de titular en el Ministerio de Política Territorial, en el que ha causado baja el ministro con el que se abrieron los contactos, Miquel Iceta, y ahora dirige Isabel Rodríguez.
La consejería de Transición Ecológica, Lucha contra el Cambio Climático y Planificación Territorial, encargada de la negociación y que dirige José Antonio Valbuena, trata de avanzar en el proceso y ha propuesto al Ministerio la creación de una Comisión de la Demarcación Marítimo-Terrestre de Canarias, en la que se debatirán las propuestas planteadas desde las Islas para el traspaso de las competencias antes de incluirlas en la Comisión Mixta de Transferencias. Por el momento no hay respuesta desde Madrid y tampoco un calendario concreto sobre nuevos contactos, por lo que prácticamente se tiene descartado que el traspaso se pueda cerrar durante el verano.
