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Madrid ya no descarta las OSP en rutas a la Península si los billetes se disparan

El Ministerio de Transportes espera a que los vuelos se normalicen para evaluar la situación | Canarias pidió la declaración de servicio público hace dos años

Una mujer mira el panel de información de vuelos nacionales e interislas en el aeropuerto de Tenerife Norte-Los Rodeos. | | ANDRÉS GUTIÉRREZ

Una mujer mira el panel de información de vuelos nacionales e interislas en el aeropuerto de Tenerife Norte-Los Rodeos. | | ANDRÉS GUTIÉRREZ

El Gobierno central ya no descarta la declaración de Obligación de Servicio Público (OSP) en los vuelos entre Canarias y la Península. Una decisión que, en todo caso, no se tomaría antes de que el sector de la aviación comercial se recuperase del varapalo por las restricciones de la movilidad durante la pandemia.

Llegado ese momento, es decir, cuando las aerolíneas tengan una demanda suficiente para empezar a levantar cabeza, el Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana pondrá la lupa sobre los precios de los billetes de avión. Si se detecta un «comportamiento anómalo», esto es, si los precios se disparan –obstaculizando y en muchos casos imposibilitando los desplazamientos de los isleños por todo el territorio nacional, máxime con una crisis socioeconómica tan grave como la causada por el coronavirus–, el Ministerio verá la pertinencia de decretar al fin la OSP en las rutas Canarias-Península. Una demanda histórica de las instituciones de la Comunidad Autónoma que por primera vez figura entre las posibilidades que el Estado baraja para contener la subida de los billetes.

Hace más de dos años –fue en octubre de 2018– desde que el Parlamento de la Comunidad Autónoma le encomendó al Ejecutivo regional que se pusiera en contacto con el Gobierno del Estado y solicitara el inicio de los trámites para declarar la OSP en los vuelos entre el Archipiélago y la España peninsular.

La Cámara isleña aprobó aquella iniciativa por unanimidad con el fin último de que la OSP permitiera fijar precios máximos de «obligado cumplimiento» para las compañías aéreas. No en vano, el incremento de la subvención a los residentes canarios hasta el 75% del coste del billete de avión –que había entrado en vigor en julio de 2018– no parecía traducirse en una rebaja de los precios en igual medida. Eso fue lo que llevó al Parlamento a apremiar al Ejecutivo –entonces presidido por Fernando Clavijo– para que presionara en Madrid en busca de la OSP.

Sin embargo, la demanda de las obligaciones de servicio público en las rutas con la Península viene de mucho más atrás. Ha sido un objetivo compartido por los sucesivos gobiernos y por todas las fuerzas políticas de la región –con alguna excepción puntual– que nunca se ha materializado. Paulino Rivero, que en 2013 presidía el Gobierno de Canarias, se reunía ese año con la entonces ministra de Fomento, la popular Ana Pastor, para solicitarle la OSP de las conexiones con el resto del país.

El Gobierno central ve «aventurado» adoptar una medida de este tipo en medio de una crisis

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En aquel momento, la excepción a la demanda común la protagonizaron en las filas del PP. La delegada del Ejecutivo estatal en las Islas, María del Carmen Hernández Bento, se adelantaba a la reunión entre Rivero y Pastor y aseguraba que la OSP en los vuelos con la Península no tenía «sentido» porque las rutas eran «rentables». Es la misma respuesta que en 2018 recibió el en aquel momento vicepresidente canario, Pablo Rodríguez. El nacionalista y ahora diputado de Coalición Canaria en la Cámara autonómica se afanó para aclarar que Europa no ve con buenos ojos el establecimiento de OSP en mercados donde hay competencia, y lo cierto es que el problema de los altos precios para volar a Madrid o Barcelona nunca ha sido por falta de aerolíneas.

En ese momento, NC insistía en que la obligación de servicio público es la mejor fórmula para controlar los billetes, lo que dio lugar a un aparente enfrentamiento con el Ejecutivo, que priorizaba el incremento del descuento a los residentes. Lo cierto es que no son medidas incompatibles; es más, pueden ser complementarias.

El caso es que la petición de la OSP cobró más urgencia después de que un estudio de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia, ya en abril del año pasado, descubriera que el coste medio de los billetes para los vuelos Canarias-Península había subido un 9% tras entrar en vigor el descuento del 75%. Aunque el incremento de los billetes era previsible –uno de los efectos de cualquier subvención es el crecimiento de la demanda por el abaratamiento del servicio, y ocurre que una mayor demanda implica mayores precios, con lo que de alguna manera siempre se contrarrestan los beneficios de la subvención–, el informe de la CNMC dio nuevos argumentos en defensa de la OSP.

Las obligaciones de servicio público son una demanda casi histórica de las instituciones isleñas

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Por si fuera poco, hubo también otro informe, este de la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF), que concluyó que los precios habían crecido un 12% –tres puntos más de lo detectado por Competencia– tras la subvención del 75%. Y como no hay dos sin tres, hubo una tercera investigación, confidencial y encargada por la Dirección General de Aviación Civil, que aclaró que el actual descuento del 75% en favor de los residentes es la fórmula más «estable, fiable y beneficiosa» para los ciudadanos.

Sea como sea, lo cierto es que la bonificación en el precio del billete de que disfrutan los canarios –y baleares, ceutíes y melillenses– no es en absoluto incompatible con el establecimiento de OSP. El descuento compensa a una población extrapeninsular que sin esa ayuda no tendría las mismas posibilidades de movilidad que el resto de los españoles, mientras que la OSP serviría para topar los precios.

Cumbre del Transporte

De hecho, en enero de 2020, en la llamada Cumbre del Transporte, los Ejecutivos de Baleares y Canarias insistieron en la necesidad de declarar obligaciones de servicio público «al menos para determinadas rutas con la Península sobre la base de tarifas máximas o de referencia». Una medida que de ninguna manera afectaría a la bonificación del 75%.

En cualquier caso, no ha sido hasta ahora, más de un año y medio después de aquella cumbre, cuando Madrid ha abierto la puerta a las OSP por el vuelco que la pandemia le ha dado al sector. En respuesta a una pregunta del PP sobre la posibilidad de establecer las OSP, el Ministerio de Transportes explica que «no descarta» esta opción, como tampoco «ninguna» otra posible medida, si una vez que el mercado se «normalice» los precios de los billetes para volar entre el Archipiélago y el resto del país se disparan.

Pero eso sí, el Departamento ahora dirigido por Raquel Sánchez precisa que en todo caso hay que esperar a que la aviación comercial recupere cierta normalidad: «En el escenario actual es aventurado adoptar decisiones estructurales como la promulgación de obligaciones de servicio público».

¿Qué son las OSP?

La Obligación de Servicio Público (OSP) es una posibilidad que Bruselas les da a los Estados miembros para limitar el libre mercado. Puede consistir en precios máximos o, por ejemplo, en un número mínimo de trayectos en determinadas rutas, pero solo en vuelos con regiones en desarrollo o periféricas –Canarias cumple al menos esta última condición– o de «baja densidad» pero «esenciales» para el desarrollo de esa región. El obstáculo en el caso de las rutas entre las Islas y la Península es que las OSP no están bien vistas en Bruselas cuando hay un mínimo de competencia. Y el problema en Canarias no precisamente ha sido la falta de aerolíneas. Está por ver, sin embargo, cómo queda el sector tras la crisis. | M.Á.M.

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