El Gobierno de Canarias reclamó ayer a la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, flexibilizar el calendario de ejecución de los casi 70.000 millones de los fondos Next Generatión de la UE, alegando la ausencia en estos momentos de mecanismos de información y de criterios concretos de reparto territorial, por la tardanza de los ministerios implicados en establecer una herramienta sistematizada al respecto, que afectaría tanto a la parte de los fondos transferidos a las comunidades autónomas, como a los que gestiona directamente el Estado.
La cuestión la planteó ayer el vicepresidente de Canarias y consejero de Hacienda, Román Rodríguez, en la reunión telemática de la Conferencia Sectorial del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia con el resto de consejeros autonómicos responsables en la materia y la propia ministra para intentar avanzar en dicho sistema de reparto tras la Conferencia de Presidentes del pasado viernes en Salamanca, donde el jefe del Ejecutivo central, Pedro Sánchez, anunció que transferirá en 2021 hasta 10.500 millones a las autonomías del total de 19.500 que España va a recibir antes de finalizar el año.
«Falta precisar criterios y cantidades cuando tengamos un sistema integrado de información»
El plazo establecido por el Gobierno estatal para la ejecución de los fondos de recuperación es el 31 de diciembre de 2023 pese a que la Unión Europea (UE) estableció tres años más margen, hasta el 2026, y ahora, Canarias y varias autonomías más consideran que, a la vista de cómo se está desarrollando el proceso de reparto territorial y de asignación de fondos a proyectos de cooperación público-privada, dicho plazo va a ser «inviable».
La petición de Rodríguez y otros consejeros autonómicos viene asociada a lo que desde el ámbito de los gobierno regionales se considera un «caos» en la organización de la información en cada uno de los conceptos a los que se destinan esos fondos en los ministerios correspondientes. Eso impide a Canarias conocer si el Mecanismo Europeo de Recuperación y Resiliencia (MRR) se está aplicando teniendo en cuenta el efecto económico y social de la pandemia sanitaria, tal como reclama Canarias y explicitó el pasado viernes su presidente, Ángel Víctor Torres, en la cumbre de presidentes de Salamanca sin recibir contestación por parte de Sánchez.
«Por ahora falta precisar criterios y cantidades que no conoceremos hasta que tengamos un sistema de información integrado. Todos los consejeros hemos concluido que necesitamos saber eso para que la foto final sea una foto de distribución justa adaptada a las necesidades de los territorios», aseguro ayer Rodríguez tras concluir la reunión de los consejeros con la ministra de Hacienda. Según él, ésta reconoció que «faltan criterios por definir en la participación público-privada, en los llamados PERTE (Planes Estratégico de Recuperación y Transformación Económica), que son supuestamente la herramienta que va a utilizar la Administración central para los grandes proyectos tractores, de transformación de la economía como el 5G o el impulso del automóvil eléctrico», explicó el consejero canario. «Montero reconoce que falta precisar por parte de los ministerios para saber qué participación tienen las Comunidades Autónomas», aseguró el vicepresidente canario.
«No tiene sentido que hablen de agricultura y repartamos fondos sin tener en cuenta el número de hectáreas»
Rodríguez planteó por ello a la ministra «flexibilizar» el calendario porque «estamos a la altura que estamos y por los déficit de información, que los mecanismos de control se están aún diseñando, y aunque es cierto que ha habido conferencias sectoriales donde se consigna el reparto de una parte de los fondos, estamos en el último cuatrimestre del 21 con un nivel de ejecución escaso», aunque recordó que Canarias es la única que ya ha sacado convocatoria a estos efectos.
La crítica a esta situación se refiere sobre todo a una de las dos vías por las que llegan los fondos europeos y se distribuyen a las comunidades autónomas. Rodríguez asegura en este sentido que los 10.000 millones del programa React-UE, de los que a Canarias le corresponden 630 millones, pendiente de la aprobación los próximos días y donde están incluidos las ayudas a pymes y autónomos, sí tienen ya un criterio claro de reparto que tiene en cuenta la situación del PIB regional y del paro en cada región, y el calendario de ejecución. «Ahí no tenemos dudas de que las cosas están claras y los mecanismos también. En estos fondos nosotros sí estamos ejecutando gasto en sanidad, en educación y en pymes y autónomos, y estamos avanzando porque generamos un crédito de 295 millones para habilitar a los centros de gasto para que vayan poniendo en marcha esos programas», explicó.
Difícil cogobernanza
El problema está en los fondos del MRR, donde, según la mayoría de regiones, se va muy retrasado con los sistemas y herramientas normativas que debe permitir la cogobernanza de los mismos entre el Estado y la autonomías. «No podemos conocer la foto final de lo que nos corresponde porque una parte se discute y se reparte en derechos sociales, otra en cultura, otra en investigación, desarrollo e innovación, otra en transición ecológica, en sanidad, en educación o en digitalización, pero no sabemos cómo se va a ser el reparto de los ministerios y la cooperación público-privada no está definida», aseguró el consejero canario. Rodríguez puso el acento en el hecho de que «ya estamos al final del primer año y no hay mecanismos de información y coordinación claramente establecidos» y en que «hay pocas convocatorias de participación y ahora está pendiente de que la mitad de los recursos se los queda el Estado y todavía no tiene claro como se van a establecer las convocatorias público-privadas». Advirtió en este sentido de que «el primer año de los fondos está pasando muy rápido y las concreciones aún son escasas. La idea del Gobierno central de que todo se ejecutara en el primer trienio (2021-23) va a tener que ser revisada».
Asignados 7.230 millones de los fondos europeos a las comunidades autónomas
La ministra Montero, por su lado, tras cifrar en 7.230 los millones ya asignados a las comunidades de los 10.500 que éstas gestionarán este año afirmó que, en las próximas semanas, el Gobierno aprobará el reparto de la cantidad restante hasta llegar a los 10.500 millones prometidos por Sánchez. Sin hacer mención a la posibilidad de flexibilizar el calendario, la ministra aclaró que las autonomías no recibirán una cantidad fija de dinero en función de su población o su renta para después destinarla a la puesta en marcha de proyectos en estas áreas, sino que serán los consejeros autonómicos de cada área quienes determinarán los criterios para repartir el dinero en coordinación con el ministro del ramo. «No tiene sentido que hablemos de agricultura y repartamos los fondos sin tener en cuenta el número de hectáreas agrícolas y lo hagamos, por ejemplo, en función del número de viviendas», ejemplificó Montero.
