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José Luis Langa González Abogado y Presidente de la Plataforma Canaria de Afectados por la Ley de Costas

José Luis Langa: «Hay 150.000 canarios en 71 municipios afectados por la amenaza del derribo»

| e.d.

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Ejercer la abogacía a los 82 años ya es noticia, pero, además, José Luis Langa González (Madrid, 1940) no ha perdido la ilusión de cuando se licenció en Derecho tras estudiar en la Complutense y Salamanca. Se siente un canario más porque “ya tengo biznietos de aquí”. Su compromiso social le lleva a mantener la ya vieja lucha por el reconocimiento y la legalización de los asentamientos ubicados en el litoral de las Islas.

¿Por qué esa especialización en costas? ¿Cómo empezó su relación con estos contenciosos?

Vino impulsada por la situación que hace más de quince años empecé a conocer en Canarias con la aplicación de la Ley de Costas. Entonces había una plataforma a nivel nacional que litigaba por estas causas y llegaron a mi despacho, como abogado, algunos casos. Vi que se producía una aplicación retroactiva de la ley con las implicaciones que supone para un pueblo que vive del y para el mar.

Cifra los afectados en 150.000, en 71 municipios de los 88, y en toda Canarias. Llama la atención.

Son muchas las familias y los negocios que en casi todos los municipios de Canarias pueden estar afectados, de algún modo, por las normas de servidumbre pública marítimo-terrestre. Pero, en realidad, los afectados son los dos millones de personas que vivimos en Canarias, pues con los desalojos y derribos de viviendas de pueblos de pescadores y de casas de vecinos que han vivido siempre vinculados con el mar, perdemos todos. Somos islas, y como islas vivimos vinculados con el mar; por ello nuestra idiosincrasia como pueblo es distinta. Esto es lo que no se sabe ni se entiende desde el despacho de un Ministerio en Madrid.

Usted ha liderado varias luchas similares.

En todos estos casos, la pelea ha sido larga y, muchas veces, dura y desigual, según las circunstancias. Por ejemplo, en Igueste de San Andrés, después de muchas reuniones con el Ayuntamiento de Santa Cruz, logramos presentar toda la documentación para demostrar que se trata de un asentamiento rural consolidado antes de la Ley de Costas, con todas las infraestructuras que requiere. Por ello finalmente se determinó aplicar solo los 20 metros de servidumbre pública, lo que salvó todo un pueblo. En Santa Lucía, aún estamos litigando. Pero fue y es similar en Chovito, Ojos de Garza y ahora en Yaiza o Fuencaliente. Todo es lo mismo.

Abogado y presidente de la Pcalc. ¿Esa dicotomía ayuda?

Más bien es un complemento, pues cuando hablamos de leyes como la de Costas nos tenemos que enfrentar a cuestiones de índole jurídico que precisan de la asistencia de un abogado. Por tanto, que yo lo sea facilita el presentar recursos para impedir que las personas afectadas pierdan sus casas. Como presidente de la Pcalc lo que tenemos que hacer es negociar a nivel político. El Ministerio de Fomento aplica estas leyes y es ahí donde tenemos que explicar la situación de cada zona afectada en Canarias. Y unir esfuerzos con la administración canaria.

El escenario de la batalla más reciente es Fuencaliente de La Palma. ¿Por qué ha decidido llevar la defensa legal de los núcleos de Puntalarga y El Faro?

Obviamente, porque si nadie defiende estos enclaves, muchas personas se van a quedar sin sus casas, algunas primeras viviendas. Defendemos los núcleos de Fuencaliente como hemos defendido y defenderemos todos los poblacionales asentados antes de la Ley de Costas que forman parte del patrimonio etnográfico de Canarias. Ya se han presentado ante los Juzgados Contencioso-Administrativos 57 recursos de las viviendas, o cuartos de aperos y aparejos afectadas en Puntalarga y El Faro. El trabajo de todo el despacho ha sido titánico para que estuvieran listos antes de acabar julio. Debo resaltar la labor encomiable y generosa de la vecina Emma Díaz para que los afectados enviasen la documentación precisa. He hablando con el alcalde de Fuencaliente (Gregorio Alonso) para informarle y me ha ofreció todo su apoyo como no podía ser de otra forma.

¿El enemigo es Costas?

No creo que haya enemigos, sino un claro desconocimiento de la realidad de Canarias por parte de los responsables de Costas que gestionan desde Madrid. Más que hablar de enemigos, debemos pensar en aliados, que deberían ser el Gobierno de Canarias y las Federaciones de municipios e Islas, pues si sumamos fuerzas lo lograremos. En 2016, la Plataforma firmó un acuerdo para la creación de una comisión mixta, integrada por representantes de la FCAI, la FCAM y el Gobierno de Canarias, con el fin de evitar situaciones como estas.

¿Qué le diría a los que podrían acusarle de defender a quienes ocupan el espacio público?

No conozco a nadie que haya acusado a la Plataforma de eso; sencillamente porque los núcleos que defendemos son parte de la historia del pueblo canario, muchos se crearon en la década de los 60, y los pueblos de pescadores, muchísimo antes. Por tanto, no ocupamos ningún espacio público, que es de todos; no defendemos construir en espacios de servidumbre pública, sino a enclaves que existen desde hace varias generaciones en las Islas y han formado parte de nuestra vida, nuestro paisaje y nuestro patrimonio.

¿La Ley de Costas de 1988 marca un antes y un después?

La respuesta es afirmativa. Antes, el marco legislativo era la Ley 26/1969 sobre Costas. Esta norma enumeraba sólo tres bienes pertenecientes al dominio público-marítimo terrestre: las playas; la zona delimitada por las olas en los mayores temporales ordinarios y el mar territorial. Su regulación era gestionada por la Comandancia de Marina con un criterio más de seguridad que de preocupación medio ambiental. Después, la propiedad privada en dominio público, incluso aunque sus dueños la tengan inscrita en el Registro de la propiedad, los convierte en titulares de un derecho de ocupación en régimen de concesión administrativa, con el grave perjuicio que conlleva. Quiero destacar la modificación de la Ley de 1988 por la 2/2013 de 29 de mayo, en cuyo texto no se tuvo en cuenta la singularidad y especificidad del Archipiélago canario, y el grado de frustración que ello ha generado por agravio comparativo con núcleos poblacionales en la península y en Formentera (Baleares).

«Los sentimientos y la vida del pueblo canario ni tienen deslinde ni pueden tirarse abajo»

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Deslinde (20 o 100 metros), servidumbre, desafección... ¿hay que aprender leyes en esta situación?

Estimo que ningún ciudadano tiene que aprender leyes para enfrentarse a esto. Son las instituciones y organismos canarios los que deben hacerlo con todos los instrumentos legales a su alcance. Primero los ayuntamientos, que deberían informar a sus vecinos del contenido de dichas leyes, su alcance y las alternativas para salvaguardar sus intereses.

¿La solución al que parece eterno contencioso del litoral canario es el traspaso de competencias al Gobierno de Canarias?

La Plataforma lo reclama desde hace años. Ha habido un primer acercamiento con el anterior ministro de Política Territorial, Miquel Iceta, para ese traspas. Toca que esta propuesta se materialice. Pero en este proceso han ignorado a la Pcalc. Esperamos y deseamos que nos tengan en cuenta.

¿Cómo está el proceso?

Sencillamente, parado. Habrá que esperar a que la nueva ministra, Isabel Rodríguez, se ponga al día y valore este acercamiento.

Valor antropológico, esencia de Canarias, una forma de vida o, en una frase suya, el sentimiento no se deslinda. Argumente.

Cuando el argumento nace de la defensa de la esencia tiene su origen y final en el alma y el corazón de un pueblo que nació en la costa, vive en la costa y morirá en la costa. Canarias palpita al unísono con las olas que emergen del mar que la rodea y ese valor debe ser indestructible. El sentimiento ni se deslinda ni se puede derribar.

¿Sirven acciones como la anunciada PNL del PP en el Senado?

Todo lo que sea sumar bienvenido sea, provenga de quien provenga y sin excepciones

Ha solicitado un frente común institucional. ¿Qué papel juegan cabildos y ayuntamientos?

En 2016 se firmó el acuerdo para crear la Comisión Mixta pero hasta la fecha no ha habido ninguna acción en este sentido. Y no porque no lo hayamos demandado. Tenemos pedida una reunión con el consejero Valbuena, pero, no hemos recibido respuesta. Insistiremos en la gestión política mientras, desde la legalidad, intentamos salvar a los afectados por la Ley de Costas.

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