Los agentes sociales y la Consejería de Derechos Sociales, que dirige Noemí Santana, no se ponen de acuerdo. El proyecto de decreto del Catálogo de Servicios y Prestaciones de la Ley de Servicios Sociales de Canarias ha recibido un aluvión de alegaciones y el rechazo frontal de colegios profesionales y asociaciones del sector que trabajan día a día con las personas que requieren este tipo de atención. La viceconsejera de Derechos Sociales, Gemma Martínez, reconoce que ha habido una «barbaridad» de alegaciones al texto, pero defiende que es «buen documento», que se aprobará en diciembre, que ha sido participativo y que se intentará mejorar con las propuestas presentadas.
«No existe la perfección, pero es un buen catálogo y se revisará a los dos años»
Recalca que, no obstante, se revisará en dos años por lo que es un documento «vivo». Además recuerda que en su redacción y financiación participan las tres administraciones: Gobierno, cabildos y ayuntamientos.
Colegios profesionales y asociaciones esperan por la mediación de Torres
Pese a estos argumentos, colegios profesionales y asociaciones han pedido por carta la mediación del presidente Ángel Víctor Torres y de los grupos parlamentarios, porque tal y como está redactado el documento ni con las alegaciones se puede arreglar, sino que se ha de reformular, sostienen. En estos momentos, el texto «atenta contra la calidad de los servicios sociales, los profesionales y los usuarios», asevera Emma Colao, presidenta de la Coordinadora de Acción Social de Canarias, que lleva además el servicio jurídico de Acufade.
«Se ha hecho un batiburrillo de todos los servicios que tenemos y hace incomprensible e inviable el texto»
La decepción con el documento elaborado por la Consejería de Derechos Sociales es unánime y pocas veces tantos agentes sociales de calado de distintas disciplinas han coincidido en que el texto «no sirve» «Es cierto que nos han reunido pero no nos han escuchado», sentencia Emma Colao, y es «jurídicamente imposible que con el procedimiento de audiencia y las alegaciones se pueda realizar un documento que realmente valga la pena», añade.
Los colectivos piden que se paralice la tramitación y se reformule el texto contando con ellos
La Coordinadora de Acción Social de Canarias, los colegios profesionales de Psicología de Las Palmas y Santa Cruz de Tenerife, el Colegio Oficial de Trabajo Social de Santa Cruz de Tenerife, el Colegio Profesional de Educadores Sociales de Canarias, la Asociación de Cuidadoras/es, Familiares y Amigos/as de Personas con Dependencia, Alzheimer y otras Demencias (Acufade) y el Comité de Entidades de Representantes de Personas con Discapacidad de la Comunidad Autónoma (Cermi Canarias) han suscrito la carta al presidente. La mediación de Ángel Víctor Torres «no es una desautorización» de Noemí Santana, precisa Colao, sino que ha sido «imposible» llegar a un punto de acuerdo con la Consejería.
«El catálogo está basado en lo que ya existe y no tiene una proyección de futuro ni visión de cambio»
De hecho, indica que todos estos colectivos hicieron un importante esfuerzo durante la elaboración del catálogo, con reuniones con las distintas direcciones generales y la propia consejera, y aportaron propuestas que han quedado «excluidas» del proyecto, un documento que califican de «restrictivo, vacío de contenido, con vicios en los servicios esenciales» y supone un «retroceso» para la atención de los ciudadanos. No define con claridad las competencias de cada administración en los servicios, que además son confusos, al igual que las prestaciones, perfiles profesionales, por no citar que no conlleva una ficha financiera clara, señala Colao.
En discapacidad, por ejemplo, presenta numerosas carencias, manifiesta Carmen Laucirica, presidenta de Cermi Canarias. Pese a que presentaron propuestas, el proyecto que se sometió a exposición pública no las contempló, como la atención temprana de las personas con discapacidad, un servicio de accesibilidad en la comunicación, centros ocupacionales, un servicio de apoyo especializado en conducta dirigido a personas con discapacidad intelectual o el apoyo en el entorno habitual. «No nos han oído», subraya.
La viceconsejera de Derechos Sociales reconoce que hay deficiencias en ese área pero afirma que el, resto «no está cuestionado» y que es un trabajo de 200 técnicos del Gobierno, cabildos y ayuntamientos.
«El catálogo es absolutamente insuficiente y con las alegaciones es imposible que se arregle»
No opinan así los colegios profesionales y los colectivos sociales, que indican que este importante catálogo -que desarrolla la Ley de Servicios Sociales y que debe definir y clasificar todas las prestaciones y servicios, su contenido e intensidad, la población destinataria, los requisitos y condiciones de acceso y disfrute, la titularidad de los servicios, el personal y la ficha financiera- es un mal documento.
«Se ha hecho una mezcla un poco extraña, un batiburillo, que hace incomprensible el texto y provoca confusión», señala Candelaria Delgado, presidenta del Colegio Oficial de Trabajo Social de Tenerife. De hecho, han elaborado prácticamente una propuesta alternativa de catálogo. Todos los colectivos han presentado numerosas alegaciones, de hasta cien folios en algunos casos. Para la presidenta del Colegio Oficial de Educación Social, Blanca Hernando, el catálogo está basado en lo que ya existe, «y no tiene proyección de futuro ni visión de cambios».
«Es mejor ampliar el plazo para poder hacer una buena redefinición que dé respuesta a las demandas»
«El catálogo es difícil de entender y puede llevar a confusiones de las funciones de los profesionales y de los servicios a los propios usuarios; es mejor ampliar el plazo de aprobación, para poder hacer una buena redefinición -contando con ellos en mesas sectoriales- que dé respuesta a las demandas», postula María del Pino del Rosario, representante del Colegio de Psicología de Las Palmas, que ha trabajado con el de Tenerife.
«Tiene numerosas carencias en discapacidad y no han contemplado nuestras propuestas»
Todos coinciden en que la Consejería está actuando con prisas tras dos años de retraso en el catálogo. Según Colao, Noemí Santana quizás intenta evitar las críticas de la oposición parlamentaria por la demora en el catálogo, pero no es cuestión de sacarse una «buena foto» diciendo que lo han aprobado, expone. «Este documento va a marcar la hoja de ruta de los servicios sociales» y aunque Noemí Santana ha dicho que se va a revisar en dos años, si se aprueba con las carencias actuales estará vigente esos dos años iniciales y será perjudicial para los profesionales y los usuarios, recalca.
