El Gobierno canario ha aflorado este año «cientos» de expedientes de solicitantes de ayudas por dependencia que murieron en 2018 y que el anterior Ejecutivo de CC no cerró, de modo que su caso seguía computando como pendiente y sus familiares no tenían opción, si querían, de reclamar en los tribunales. El director general de Dependencia y Discapacidad, Miguel Montero (Podemos), respondió de nuevo ayer, esta vez a través de su cuenta de Twitter, a los datos publicados la víspera por la Asociación de Directoras y Gerentes de Servicios Sociales, a partir de las estadísticas del Ministerio de Derechos Sociales. Remarca que hay días en los que se ha pasado hasta «dos horas» firmando expedientes de ese tipo. Montero subraya que su equipo y él llevan «meses» tomando decisiones así, que afloran expedientes cuyos solicitantes murieron la legislatura anterior, «aún sabiendo que nos iba a perjudicar las cifras y que habría gente que intentaría sacar rédito político», para atacar al presidente del Gobierno de Canarias, Ángel Víctor Torres (PSOE), o la consejera de Derechos Sociales, Noemí Santana (Podemos). Y asegura que, aunque «le revuelve el estómago» hacerlo, es consciente de que, de esta manera y «con la resolución, las familias pueden ir al contencioso»; es decir, pueden iniciar una reclamación en los tribunales en defensa de los derechos». De acuerdo con las cifras del Ministerio, de enero a julio murieron en Canarias 1.753 solicitantes de ayudas o servicios de dependencia: 551 que ya tenían el derecho reconocido, pero no habían empezado a recibir la atención, y 1.202 que aún estaban a la espera de respuesta. Montero sostiene que ni todos ellos eran dependientes a efectos legales (1.202 estaban a la espera de valoración), ni todos murieron este año, aunque computen en las estadísticas de 2021, porque formalmente su expediente se acabe de cerrar en los últimos meses. «La cifra de personas fallecidas en Canarias no es de 2021, hay cientos de personas que murieron en 2018 y se computan ahora. ¿Por qué? Porque los anteriores responsables políticos no cerraron esos expedientes y aparecían como vivas. ¿Con qué fin? Tengo una opinión... pero me la callo», escribe el director general. El responsable del área , en cualquier caso, no aclara cuántos expedientes son de 2018.