El silencio del presidente del Gobierno canario, Ángel Víctor Torres, a la petición de las organizaciones sociales para que intervenga en el proceso de aprobación de la Consejería de Derechos Sociales del proyecto de decreto del Catálogo de Servicios y Prestaciones ha provocado que estas ocho entidades vuelvan a reclamar, por carta, al jefe del Ejecutivo su «urgente» mediación. Ha pasado un mes desde que le pidieron por primera vez una reunión, el pasado 27 de julio, y el 27 de este mes registraron nuevamente la demanda de una reunión porque para estas organizaciones el tiempo pasa, y la Consejería que dirige Noemí Santana (Podemos) no ha dado marcha atrás en su aspiración de aprobar este catálogo en diciembre, pese a las deficiencias que denuncian estos colectivos, y que reclaman que se rehaga el texto. A su juicio, el documento presenta vacíos estructurales para los usuarios, y alertan de los efectos que tendría de aprobarse a final de año aunque la Consejería defienda que es un texto vivo y que se revisará cada dos años.
Según Emma Colao, portavoz de Acufade (Asociación de Cuidadoras/es, Familiares y Amigos/as de Personas con Dependencia, Alzheimer y otras Demencias) y presidenta de la Coordinadora de Acción Social de Canarias, los dos años que va a estar en vigor el catálogo -de salir adelante- va a ser nocivo para muchas personas porque se quedarán sin servicios. Todas estas entidades reclaman que se convoquen mesas sectoriales y se cuente con ellos para realizar una reforma integral del catálogo de servicios y prestaciones para adaptarlo a las necesidades actuales ante el incremento de las familias en exclusión social, y para que las administraciones públicas, ONG y entidades del tercer sector sepan cuáles son sus competencias y con qué recursos humanos, económicos y materiales cuentan para atender a la población más vulnerable.
Los colectivos llevan un mes esperando por un encuentro con el dirigente regional
Ocho colegios profesionales y organizaciones sociales volvieron a secundar el segundo escrito al presidente - que también se dirigió a la Consejería de Derechos Sociales y a los grupos del Parlamento regional- en el que demandan una reunión con Ángel Víctor Torres, para trasladarle su preocupación por el texto elaborado por el departamento que dirige Noemí Santana y que consideran “restrictivo, vacío de contenido y con vicios en los servicios esenciales”.
Los escritos los firman los colegios profesionales de Psicología de Las Palmas y Santa Cruz de Tenerife, la Coordinadora de Acción Social de Canarias, el Colegio Oficial de Trabajo Social de Santa Cruz de Tenerife, el Colegio de Trabajo Social de Las Palmas, el Colegio Profesional de Educadores Sociales de Canarias, la Asociación de Cuidadoras/es, Familiares y Amigos/as de Personas con Dependencia, Alzheimer y otras Demencias (Acufade) y el Comité de Entidades de Representantes de Personas con Discapacidad de la Comunidad Autónoma (Cermi Canarias).
Se quejan de que sus sugerencias y aportaciones no han sido tenidas en cuenta por la Consejería de Derechos Sociales durante la elaboración del texto, pese a que desde la Consejería se diga que ha sido participativo. Todos indican que es cierto que se han reunido con ellos pero no ha servido para nada porque no han contado con sus propuestas.
De hecho, el proyecto de decreto del Catálogo de Servicios y Prestaciones de la Ley de Servicios Sociales de Canarias ha recibido un aluvión de alegaciones. La propia viceconsejera de Derechos Sociales, Gemma Martínez, reconoce que ha habido una «barbaridad» de alegaciones al texto, pero defiende que es un «buen documento», que se aprobará en diciembre, que ha sido participativo y que se intentará mejorar con las propuestas presentadas porque es un texto vivo.
Grupos parlamentarios
Pese a estos argumentos, los colegios profesionales y asociaciones han pedido por carta dos veces la mediación del presidente Ángel Víctor Torres, porque tal y como está redactado el documento ni con las alegaciones se puede arreglar, sino que se ha de reformular, sostienen. En estos momentos, el texto «atenta contra la calidad de los servicios sociales, los profesionales y los usuarios», asevera Emma Colao.
Esta semana se reunieron con el grupo socialista en el Parlamento para relatarles la situación, explica Colao. Y lo seguirán haciendo si la Consejería sigue adelante con su intención de aprobar el texto en diciembre. En opinión de estos colectivos «se ha hecho una mezcla un poco extraña» de todos los servicios que ya se prestaban y el documento no tiene proyección de futuro ni visión de cambio.
«Es cierto que nos han reunido pero no nos han escuchado», sentencia Emma Colao, y es «jurídicamente imposible que con el procedimiento de audiencia y las alegaciones se pueda realizar un documento que realmente valga la pena», recalca,.
Por tanto, siguen esperando por la mediación de Ángel Víctor Torres y aunque entienden que su agenda debe estar muy ocupada, insisten en que los plazos que tienen no son los mismos que los de la Consejería , porque para estos colectivos aprobar un texto así, con prisas, quizás por el compromiso político de hacerlo, no es lo correcto: ha de conllevar todas las prestaciones y servicios que aportaron durante la elaboración del catálogo para dar una cobertura digna y moderna a los usuarios.
Los profesionales insisten en las deficiencias del texto y la necesidad de reformularlo
En este contexto, creen que el catálogo no define con claridad las competencias de cada administración en los servicios, que además son confusos, al igual que las prestaciones, perfiles profesionales, por no citar que no conlleva una ficha financiera clara. En discapacidad, por ejemplo, presenta numerosas carencias como que no se recogió la atención temprana de las personas con discapacidad, un servicio de accesibilidad en la comunicación, centros ocupacionales, un servicio de apoyo especializado en conducta dirigido a personas con discapacidad intelectual o el apoyo en el entorno habitual.
La viceconsejera de Derechos Sociales ha reconocido que hay deficiencias en ese área pero afirma que el, resto «no está cuestionado» y que es un trabajo de 200 técnicos del Gobierno, cabildos y ayuntamientos, aseveraciones en la que disienten estos colectivos que son los que día a día trabajan con los usuarios y creen que lo que se ha hecho es un mal trabajo que se ha de rehacer.
