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Pleno del parlamento | Unanimidad para preservar el fuero

El Parlamento pide amparo a la Justicia en defensa del fuero: «El REF no se toca»

La Cámara autonómica lleva al Constitucional las dos leyes estatales que obvian el Estatuto y el Régimen Económico y perjudican a la industria audiovisual de las Islas

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Pleno del Parlamento (03/09/21) Carsten W. Lauritssen

«Con el REF no se juega; el REF no se toca». Fueron dos de las frases más repetidas durante el pleno extraordinario en el que el Parlamento acordó ayer presentar sendos recursos de inconstitucionalidad contra las dos leyes estatales que vulneran el Régimen Económico y Fiscal (REF) y el Estatuto de Autonomía. Dos textos –la Ley de medidas de prevención y lucha contra el fraude fiscal y el Real Decreto de medidas urgentes en el ámbito de la fiscalidad energética– que salieron de las Cortes Generales y del Consejo de Ministros sin la previa y preceptiva consulta a la Cámara canaria, que debe emitir su parecer cuando, como es el caso, una normativa nacional modifica el fuero isleño. Detrás de esta negligencia en la tramitación de ambas leyes hay, además, un serio perjuicio a la industria audiovisual del Archipiélago, que ha visto cómo en Madrid se reducía de forma unilateral el diferencial fiscal en favor de los rodajes en la Comunidad Autónoma. Este incentivo tributario, que no es caprichoso sino una medida para compensar los mayores costes que supone rodar en las Islas, se ha visto reducido –la diferencia del 80% se ha quedado en el 24%– tras el hachazo en Madrid.

«La defensa del REF no puede depender de los intereses partidistas ni del oportunismo»

Iñaki Lavandera - Partido Socialista Canario

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«Se ha traspasado la línea de la lealtad institucional; nunca debimos llegar a esta situación», subrayó el portavoz del grupo parlamentario nacionalista, José Miguel Barragán, que argumentó que han sido el «exceso de soberbia jacobina» del Gobierno de Pedro Sánchez y la «sumisión» de Ángel Víctor Torres a las siglas del PSOE los dos factores que han desembocado en los recursos de inconstitucionalidad. «El Gobierno de Canarias no se ha hecho respetar, ha renunciado a plantar cara a quienes con premeditación y alevosía han pisoteado nuestro REF y ha preferido esconderse tras estos 70 diputados [el número de parlamentarios de la Cámara canaria] y dejarles la responsabilidad de la defensa de nuestro fuero», subrayó la líder del PP, Australia Navarro.

«Se ha traspasado la línea de la lealtad institucional por un exceso de soberbia»

José Miguel Barragán - Coalición Canaria

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Aunque los dos grandes partidos de la oposición no desaprovecharon el momento para censurar al Ejecutivo de Torres –lo que le dio al portavoz socialista, Iñaki Lavandera, la oportunidad de recordar que en 2017, cuando CC llevaba el timón del Gobierno, se introdujeron cambios en el REF que también perjudicaron a la industria audiovisual sin que el asunto pasara, ni antes ni después, por el Parlamento–, el debate no fue estruendoso. Ni mucho menos. El propio Lavandera concedió que la unanimidad de los 70 diputados para la interposición de los recursos ante el Constitucional «destierra» esa «forma de hacer política» para la que la defensa del REF «depende de los intereses partidistas» y del «oportunismo político». El portavoz del grupo parlamentario del PSOE quiso tranquilizar al hemiciclo y aseguró que el lunes, día 6, su partido presentará en las Cortes una enmienda a la ley de apoyo al sector cultural para que, en adelante, el diferencial fiscal en favor de los rodajes en las Islas sea «siempre» del 80%.

«El Gobierno canario ha renunciado a plantar cara a quienes han pisoteado nuestro REF»

Australia Navarro - Partido Popular

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No obstante, la controversia con el Estado va más allá del perjuicio a la industria cinematográfica, que todo parece se resolverá antes de que el TC sentencie sobre los recursos de la Comunidad Autónoma. El problema mayor es el «peligroso precedente», en palabras de Barragán que secundan todos los diputados, que supondría dejar pasar el «desprecio» de Madrid al REF, al Estatuto y a la misma Constitución española, que en su disposición adicional tercera establece que la modificación del REF «requerirá informe previo de la Comunidad Autónoma». Sin embargo, tanto el Senado con la ley antifraude –que directamente suprimía la mayor bonificación fiscal a los rodajes en Canarias– como el Gobierno de Sánchez –que con el posterior real decreto quiso arreglar el desaguisado dejando la bonificación en un máximo de 12,4 millones frente a los diez para el resto del país, rebajando así el diferencial del 80 al 24%– se saltaron a la torera el mandato constitucional. Ni la Cámara Alta ni el Ejecutivo central recabaron el informe del Legislativo canario en tiempo y forma, es decir, antes de la aprobación de los dos textos que vulneran el REF. «Han sido el ninguneo y la burla los que han obligado a abrir este conflicto legal», explicó el parlamentario de Ciudadanos Ricardo Fernández de la Puente. «Con el REF no se juega, el REF no se burla», ahondó la portavoz del grupo mixto, Vidina Espino.

«Tanto la ley como el decreto son un grave atropello al Régimen Económico y Fiscal»

Esther González - Nueva Canarias

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Es este flagrante incumplimiento de la obligación de solicitar el informe de la Cámara autonómica con anterioridad a la aprobación de la norma el que garantiza, a juicio de los parlamentarios, el éxito de los recursos. «Ganaremos esta batalla judicial porque el derecho nos asiste», apuntó Jesús Ramos, de la Agrupación Socialista Gomera. «Se ha producido un grave atropello al REF», sentenció por su parte la portavoz de Nueva Canarias, Esther González.

«No me van a silenciar», se defiende Vidina Espino


La portavoz del grupo mixto, Vidina Espino, avisó ayer a Podemos y a NC que está dispuesta a llegar a los tribunales si persisten en su intento de «silenciarla» tras haber abandonado Ciudadanos, partido del que salió por su apoyo a la ley que vulnera el REF. La diputada atribuyó las supuestas intenciones de Podemos y NC a que les resulta incómoda por sus críticas a Noemí Santana y a Román Rodríguez, consejeros y líderes respectivos de ambas fuerzas políticas. «No me van a callar», insistió Espino, que acusó a estos dos partidos de «retorcer» el reglamento para intentar dejarla sin la portavocía del grupo mixto. Esther González, de NC, aseguró que las acusaciones son falsas y que lo único que ha hecho su partido es pedir un informe al Consejo Consultivo para ver si hay «dudas interpretativas o lagunas» en el reglamento acerca del papel de los diputados no adscritos. | M.Á.M.

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