Las encuestas encargadas por Presidencia del Gobierno con un coste de 50.000 euros anuales no serán públicas porque, según explica el Ejecutivo, se trata de paneles de opinión sobre asuntos vinculados a los informes económicos externos que se encargan para orientar la política económica del Gobierno. Coalición Canaria critica la opacidad en difundir unos sondeos que, sin embargo, sí son públicos en el caso del sociobarómetro contratado a finales del año pasado por el vicepresidente del Ejecutivo, Román Rodríguez, a la Fundación de Enseñanza Superior a Distancia (Fesad).
El viceconsejero Antonio Olivera, responsable directo de la nueva licitación, explica que no está en su ánimo ocultar la información que le suministren los informes y las respuestas a las preguntas que se realicen a ciudadanos representativos de la sociedad canaria, por lo que abre la puerta a que los parlamentarios puedan solicitar la documentación a través de la Cámara o a la ciudadanía a través de los mecanismos previstos por el Comisionado de Transparencia. Olivera recuerda que CC cuando gobernaba "nunca compartió esa información públicamente pero ahora sí exige que lo haga este Gobierno, por mi parte no voy a poner inconvenientes porque no son temas secretos sino de interés general".
La polémica política está servida. El portavoz de CC en el Parlamento, José Miguel Barragán, reiteró ayer que se trata de un "escándalo" que el cuatripartito se gaste 75.000 euros en el sociobarómetro hasta 2023 y que ahora pretenda gastarse otros 100.000 euros en dos años para realizar encuestas sobre asuntos similares y, encima, sin transparencia. El dirigente nacionalista comparó las similitudes entre las declaraciones del vicepresidente Rodríguez cuando presentó el encargo del sociobarómetro a finales de 2020 y lo que recoge el pliego de Presidencia para contratar los servicios de elaboración de "oleadas de encuestas e informes asociados de política económica y social".
Olivera se ha apresurado a matizar que no se trata de encuestas como las del sociobarómetro de temas generales dirigidas a la población de forma aleatoria, sino de preguntas vinculadas exclusivamente a los informes económicos que encargue Presidencia y en forma de panel de opinión, es decir, cuestiones que se lanzan a un grupo "estable" de entre 800 y 900 ciudadanos y expertos representativos a los que se formulará preguntas sobre los asuntos más relevantes de los citados informes, con el fin de contar con opiniones que orienten la toma de decisiones del Ejecutivo. "El valor real es el de los informes, que ya se hacían cuando gobernaba Coalición Canaria, ahora lo que hemos añadido es el panel de opinión para que no solo sean datos sino también información cualitativa de panelistas que nos ayuden a orientar la política económica", explica el viceconsejero, que reconoce que el titular del contrato lleva a la confusión como si fuera una encuesta al uso, cuando lo importante no es el sondeo sino el contenido de los informes que se encarguen ya que uno está subordinado al otro.
Cuatro oleadas
En el pliego de prescripciones técnicas se contempla la realización de cuatro oleadas anuales de encuestas de opinión pública, una por trimestre y entre ellas se contempla «analizar el posicionamiento ciudadano ante temáticas de interés general» y «obtener información para implementar y priorizar nuevas medidas de apoyo en función de las demandas de la población». Aunque Olivera matiza que los sondeos están subordinados a los informes, también añade que «en el objetivo fundamental de esta contratación tiene más peso los informes puramente económicos que los paneles complementarios». Asimismo desmintió con rotundidad que se vayan a realizar preguntas de carácter político.
El viceconsejero recuerda que en las anteriores legislaturas con los nacionalistas en el poder Presidencia del Gobierno siempre ha contado con informes económicos especializados y contratados por procedimiento negociado y sin publicidad, por lo que no se trata de un asunto que sea totalmente novedoso. Sin embargo, Barragán responde que lo que había en anteriores legislaturas era una oficina técnica mediante un acuerdo con el Colegio de Economistas que asesoraba al presidente en materia económica. El dirigente nacionalista precisó que esta oficina funcionó durante las etapas de Paulino Rivero y Fernando Clavijo y nunca se vinculó a encuestas como pretende ahora el presidente Torres. "Coalición Canaria no está en contra del sociobarómetro pero que Presidencia saque ahora la contratación de nuevas encuestas nos parece muy caro", critica. En este sentido, el viceconsejero Olivera cuestiona que cuando gobernaban los nacionalistas el coste de los informes económicos era de 60.000 euros anuales y no se hacían públicos, mientras que ahora el coste de partida en concurso abierto es de 50.000 euros con el panel de opinión incluido.
Para el portavoz de los nacionalistas en la Cámara, el responsable de este «escándalo» es directamente Ángel Víctor Torres ya que «desde la Viceconsejería no se puede tomar ninguna decisión en esta materia sin que haya recibido la instrucción previa de realizarlo», tal y como contempla el artículo 10 apartado c) del Decreto 356/2019, de 19 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento Orgánico de la Presidencia que establece que a la Viceconsejería «le corresponde la planificación, diseño y coordinación de la elaboración de los estudios de análisis, seguimiento y prospectiva que le encarguen en relación con las directrices de la política general y el programa legislativo del Gobierno».
El principal grupo de la oposición formulará en los próximos días la petición de comparecencias y preguntas en el Parlamento al presidente del Ejecutivo para que responda en pleno.
¿Qué es el sociobarómetro contratado por Vicepresidencia? El sociobarómetro lo puso en marcha Román Rodríguez en la legislatura 1999-2003 cuando fue presidente del Gobierno y lo ha retomado ahora como vicepresidente. La Fundación de la UNED, encargada del sondeo, realizó la primera oleada entre diciembre de 2020 y marzo de 2021, a través de la realización de encuestas con una muestra de 3.500 personas y con carácter anual, sobre aspectos socioeconómicos. El objetivo es «hacer un sociobarómetro, una medición de la opinión de la gente sobre las condiciones y variables que determinan la vida, en lo cultural, económico, social y en lo político», añadió el líder de NC cuando presentó la encuesta.
¿Qué semejanzas hay con el panel encargado por Presidencia? En la memoria que justifica la contratación se recoge la realización de «cuatro oleadas anuales de encuestas de opinión pública y contenido socioeconómico, una por trimestre». Junto a ello la elaboración de informes trimestrales asociados al contenido y resultado de las encuestas. Presidencia insiste en que se trata de «paneles de opinión» donde prevalecerá el contenido económico para orientar la política económica más que para conocer la opinión de la ciudadanía sobre asuntos de interés.
¿Qué otros sondeos ha realizado la Comunidad Autónoma? Tras la salida de Román Rodríguez del Gobierno en 2003 decayó el sociobarómetro. El que fuera presidente del Consejo Económico y Social (CES), Fernando Redondo, retomó esta idea y promovió en sus primeros años al frente del órgano consultivo un barómetro de opinión de asuntos de carácter social, económico y político. Los drásticos recortes de la crisis económica afectaron al CES, que se vio obligado a suprimir estas encuestas.
¿Qué critica Coalición Canaria de la iniciativa de Presidencia? La principal crítica de los nacionalistas se centra en que se contrata dos servicios similares por el mismo órgano del Gobierno, ya que Vicepresidencia se encuentra desde el punto de vista orgánico bajo el área de Presidencia. Por un lado se gastan 75.000 euros en tres oleadas para el sociobarómetro y, por otro, 100.000 euros en dos años en cuatro oleadas anuales. En ambas iniciativas prevalecen las cuestiones socioeconómicas y la gestión de la pandemia del Covid en sus diferentes ámbitos.
