Canarias ya dispone de los esperados 30 millones del programa de lucha contra la pobreza tras su publicación en el Boletín Oficial del Estado (BOE) el pasado sábado. Esta cantidad se va a destinar principalmente a la puesta en marcha de la renta ciudadana canaria, cuya tramitación parlamentaria entrará en octubre en la Cámara regional, y en ampliar la cobertura de la Prestación Canaria de Inserción (PCI), que se espera que a final de año llegue a más de 10.000 familias -en estos momentos la están percibiendo 8.827 familias-.
Además, con estos recursos se reforzará la primera línea de los servicios sociales y, entre otras cuestiones, se va a inyectar una mayor cantidad de fondos a los servicios sociales municipales dado que la situación de pobreza se ha agudizado con la pandemia, así como habrá una partida a las organizaciones sociales con ayudas, por ejemplo, para los programas de alimentos o también para reforzar las ayudas de carácter puntual, destinadas a cubrir las necesidades básicas de vestido, vivienda o educativas, entre otras.
Asimismo se van a sumar nuevos complementos a las prestaciones más bajas, se expone desde la Consejería de Derechos Sociales. De hecho, sobre las prestaciones básicas, el BOE especifica actuaciones que complementen a la ayuda a domicilio y que contribuyan a favorecer la conciliación familiar, así como actuaciones de atención o intervención para personas que se encuentren en situación de emergencia social o sin hogar.
Pese a que se concede nueve meses después, tras una discusión porque no se incluyó en los presupuestos de 2021 del Estado y finalmente se aprobó por una enmienda de Nueva Canarias para que apoyara las cuentas de Pedro Sánchez, la concesión de los 30 millones mejora, no obstante, el tiempo y las formas de años anteriores, pues llegaron en el mes de diciembre y es la primera ocasión en que lo hacen en una sola partida y no dividida en 12 y 18 millones. Además, la Consejería señala que cuenta con un plazo más flexible de ejecución que no se cierra a final de año y que se extiende hasta el 31 de mayo de 2022 .
Las líneas principales se están terminando de definir porque quedan aspectos que limar con los ayuntamientos, entre otras cuestiones. Los 30 millones son parte del presupuesto del Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030, que dirige la podemita Ione Belarra, del mismo partido que la consejera canaria de Derechos Sociales Noemí Santana, que afirmó al conocer que el Consejo de Ministros les liberaba los millones el pasado julio que eso sí que era una «agenda canaria».
Lo dijo en el Parlamento y en un contexto donde la Encuesta de condiciones de vida del Instituto Nacional de Estadística daba a conocer cómo la pandemia ha sumido en la pobreza extrema a otros 149.000 canarios, y que ya son 790.000 los isleños en riesgo de pobreza o de exclusión social, o que 365.600 personas que tienen la suerte de no haber caído en una situación tan grave sí se ven en problemas, en cambio, para llegar a fin de mes. Con estos recursos se quieren financiar proyectos que ayudarán a hacer la vida de la gente de Canarias «un poquito mejor y más digna», explicó la consejera de Derechos Sociales en esos momentos.
En este sentido, con estos 30 millones se viene a responder a una de las cuestiones que analiza el Consejo Económico y Social de Canarias (CES) en la creación de una renta de ciudadanía canaria que palíe las carencias de la población más desfavorecida. Su valoración es positiva, aunque el órgano dependiente del Parlamento de Canarias demanda «mayor precisión en relación al coste presupuestario para dotar esta iniciativa» que el Ejecutivo autonómico pretende tener dispuesta antes de que finalice este año. El informe del CES sobre el Anteproyecto de Ley de Renta de Ciudadanía de Canarias, que se tramitará en la Cámara regional en el inicio del nuevo curso político, critica la ausencia de una «política social a largo plazo». Incide de manera especial el documento en no achacar las carencias a «los actuales responsables políticos» ni a los anteriores. Y considera que el permanente enfrentamiento político que se evidencia en este ámbito «no ayuda a dar respuestas globales y estructurales», reza el dictamen.
Torres arropa a Santana
El presidente del Gobierno de Canarias, Ángel Víctor Torres, defendió ayer la gestión de la consejera de Derechos Sociales, Noemí Santana (Sí Podemos), muy cuestionada en los últimos meses, de una parte, por los malos datos que arroja la lista de dependencia y, de otra, por su enfrentamiento con las organizaciones sociales que consideran que el catálogo de servicios y prestaciones que la consejería de Derechos Sociales pretende aprobar en diciembre es restrictivo y poco ajustado a la realidad del día a día. Torres, en una entrevista ayer en Canarias Radio La Autonómica, sostiene que Santana tiene un «trabajo difícil» porque recoge una situación desde 2006 en la que en Canarias siempre han sido «los últimos» en la gestión de la dependencia dado que no llegaban fondos, por lo que «era difícil remontar». Por ello, ha apunta hay que «darle tiempo», los cuatro años que le corresponden tras ser elegido democráticamente, «y a partir de ahí poner la nota y sacar las conclusiones». Torres sostiene que al final de su mandato van a hacer una labor «mejor de lo que muchos piensan» y dejarán la dependencia «mejor» de como la cogieron. En la entrevista el presidente descarta una ruptura del pacto de gobierno. | EP
