La presidenta del Defensor del Paciente, Carmen Flores, urge una ley de residencias de públicas, para que las personas mayores tengan plazas suficientes y estén bien atendidas.
Todo ello a raíz del informe de la Diputación del Común sobre las deficiencias detectadas en las residencias de Canarias antes del estallido de la pandemia, como la presencia de ratas, cucarachas, chiches, suciedad y carencias estructurales y organizativas.
En un escrito dirigido a la ministra de Sanidad, Carolina Darias, al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y al Congreso de los Diputados, Carmen Flores señala que la realidad de las residencias es "una locura que no termina" y que "es urgente y vital" para los residentes y sus familiares una ley de residencias públicas.
Abunda en que las empresas que gestionan centros privados "se crean para ganar dinero", y que el que perciben aquellas "no debe venir nunca del erario público".
La presidenta del Defensor del Paciente confía en que su petición "no caiga en saco roto" e invita a las autoridades a las que se dirige que piensen "cómo les gustaría que los trataran" si acaban en un centro geriátrico.
