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Informe de la Diputación del Común

Los partidos quieren ahora debatir sobre los geriátricos tras diez meses de silencio

Podemos asevera que el informe esta desfasado y CC que se basa en pocos centros

Pleno del Parlamento de Canarias (17/08/21)

Los partidos políticos se han dado prisa en pedir una comisión monográfica para debatir el informe de la Diputación del Común sobre la situación de las residencias de mayores, desde que ha salido a la luz pública que fue entregado en noviembre del año pasado al Parlamento canario, hace diez meses, y aún no ha sido analizado. Se excusan en que van presentando sus propias iniciativas y como este documento es externo, es decir, de la Diputación del Común, debía haberse incluido en el orden del día por la Mesa de la Comisión de Derechos Sociales que preside María del Río, diputada de Podemos. En este contexto, la portavoz del Grupo Mixto, Vidina Espino, responsabilizó ayer a Podemos de «la grave situación de las residencias de mayores del Archipiélago denunciada por el Diputado del Común» y urgió a María del Río a que «incluya, de forma urgente», en el orden del día de la próxima comisión la exposición del citado informe.

Según María del Río no ha habido «ningún retraso» en su debate porque es un informe elaborado con datos de 2019, previo a la pandemia, que no refleja la situación actual. «No es nada urgente», recalca la diputada, porque si así fuera la propia Diputación del Común debió haber acudido a la Fiscalía entonces.

Sostiene que en el año y medio que lleva su partido en el Gobierno, con la covid por medio, la situación de las residencias ha mejorado, se han puesto más inspectores y controlado los servicios y las residencias canarias han sido de las más bajas en mortalidad. Por ello, no entiende por qué el Diputado del Común cuando ha ido en distintas ocasiones al Parlamento no les ha tirado de las orejas sobre que no habían examinado este informe.

En esto coinciden Cristina Valido (CC) y Poli Suárez, diputado del PP. Estos grupos, no obstante, han pedido la comparecencia monográfica sobre este documento para determinar en realidad su alcance y para preguntarle al Gobierno qué ha hecho desde que se presentó a finales del año pasado. También «hay preguntas que hacer al Diputado del Común porque se dicen cosas sin poner el nombre de los centros», expone Valido. Subraya que «hay que ser muy prudentes y no se puede generalizar, porque son pocas las residencias que se han analizado en relación a todas las que hay».

Infracciones

La Consejería de Derechos Sociales argumenta que ese informe esta realizado antes de la pandemia, la visitas se produjeron en 2019 y se tuvieron que paralizar por el estado de alarma en marzo del año pasado. El equipo actual se incorporó en agosto de 2019, con lo que se excusan de las condiciones en las que se pudieran vivir en esas residencias. Es más, «si en ese informe se vieron infracciones se debieron comunicar a Fiscalía o al anterior grupo de Gobierno (CC)», recalcan desde la Consejería. 

Precisamente, la exconsejera de Servicios Sociales, de Coalición Canaria, Cristina Valido, opina lo mismo sobre que si la Diputación del Común detectó esas anomalías debió ir directamente a la Fiscalía, y recuerda que en su época desde que tenía conocimiento de alguna carencia cerraba las residencias: ocho llegó a clausurar, añade.  

La Consejería de Derechos Sociales señala que desde sus primeros pasos en el Gobierno «se vio que era necesario mejorar las inspecciones y se duplicó el número de personas que se dedicaban a ello, además de lanzar una convocatoria para 11 inspectores más que serán incorporados en breve».

Indica que la Diputación del Común les pidió información en octubre de 2019 pero después llegó la pandemia y, en ese momento, se extremaron las medidas de control en las residencias. Por ello, aseveran desde este área que «tras detectar que el servicio de inspección era endeble y que había que reforzarlo las cosas han mejorado», y precisan que en las residencias el protocolo de inspecciones no depende solo de esta Consejería, sino que Salud Pública (Consejería de Sanidad) tiene la parte de limpieza o plagas y los cabildos también tienen que controlar esos aspectos.

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