El informe sobre las deficiencias detectadas por la Diputación del Común en una veintena de residencias de mayores de las Islas no sólo llegaron a la Fiscalía sino que esta advirtió al Gobierno para que tomara cartas en el asunto. La versión, corroborada ayer por la Fiscalía de la Audiencia Provincial de Santa Cruz de Tenerife a la Radio Club Tenerife-Cadena Ser y confirmado por LA PROVINCIA, contradice la versión del Ejecutivo y de la responsable del área gestionada por Podemos, la viceconsejera de Derechos Sociales, Gemma Martínez. Esta mantiene que el Gobierno «no ha tenido constancia» hasta ahora de la investigación que la Diputación trasladó al Parlamento de Canarias hace diez meses y que desde entonces ha dormido el sueño de los justos.
El informe elaborado entre febrero y diciembre de 2019 por la adjunta a Rafael Yanes para la protección de los derechos de las personas mayores, Milagros Fuentes, fue enviado en noviembre a los diputados y llegó a la Fiscalía al mismo tiempo. Desde el ministerio público, y tal como establecen los protocolos y tras la investigación que llevaron a cabo, se remitieron observaciones de carácter sanitario a la Viceconsejería competente para que tomara cartas en el asunto, a falta de indicios de delito. Por lo que respecta a la Cámara regional parece que aún debe esperar su turno para que pueda debatirse en la Comisión de Derechos Sociales de la Cámara regional, presidida por María del Río, también de Podemos.
Desde el ministerio público, y tal como establecen los protocolos y tras la investigación que llevaron a cabo, se remitieron observaciones de carácter sanitario a la Viceconsejería competente para que tomara cartas en el asunto
«No es nada urgente», fue la respuesta de Del Río tras conocerse el martes a través de los medios de comunicación el documento de 65 páginas que se deja en evidencia deficiencias lacerantes: Chinches en los colchones, cucarachas y ratas en las cocinas, suciedad en las instalaciones y en los propios ancianos, laxitud en las normas y hasta brotes de sarna.
No hay, denuncia la Diputación, una regulación en las Islas sobre el uso de sujeciones de los ancianos, ni «un protocolo consensuado de procedimiento», y recurrentemente se acude al silencio positivo para la renovación de la acreditación de las residencias como centros de atención residencial.
Gemma Martínez, que culpa de esta situación a Coalición Canaria, –anterior partido en el Gobierno–, garantiza ahora que se depurarán responsabilidades «si se demuestran» las deficiencias detectadas. «Puntuales», en todo caso, según subraya, por cuanto la Diputación del Común se basa en 25 inspecciones de un total de 230 residencias en las Islas.
«No alertemos a la población. No creamos que todos los mayores están mal atendidos», avisaba ayer la viceconsejera. «Los incumplidores pagarán por ello con sanciones», pero se trata, insistió, de «casos puntuales en residencias puntuales», pues en la mayoría se desarrolla «un trabajo excepcional».
Dos años perdidos
Martínez lamentó, en declaraciones a Canarias Radio, que se hayan «perdido dos años» desde la realización de las visitas hasta que se hiciera público el informe, porque «si hubieran llamado y puesto en conocimiento las irregularidades, habríamos actuado sobre la marcha». Es más, niega la mayor: la viceconsejera insiste en que no conocían el trabajo de la Diputación. Pero el documento mismo pone en entredicho sus palabras. En las páginas 58 y 59 del mismo que adjunta una carta, con registro del 27 de agosto de 2020, en la que se demanda respuesta a una solicitud anterior –de octubre de 2019– de información sobre protocolos de actuación en estos centros, sanciones impuestas en los últimos años, revocaciones o simples listados de residencias a fin de concluir la labor de inspección que se encomienda a la Diputación.
El Gobierno está analizando el informe y analizando «caso por caso», para ver si consta alguna denuncia de familiares, pero por el momento no han encontrado nada, es la respuesta de Martínez. «Habrá que preguntar a CC si lo sabía y se permitieron», apostilla, pues todo esto «corresponde al anterior equipo de gobierno», en referencia a que las visitas a las residencias se realizaron entre febrero y diciembre de 2019 y que actual Ejecutivo tomó posesión en julio de ese año.
«No alertemos a la población; no creamos que todos los mayores están mal atendidos»
La exconsejera de Servicios Sociales, de Coalición Canaria, Cristina Valido, recuerda que estando al frente del área clausuró ocho residencia tras detectarse carencias. No había dejación en la labor de inspección, defiende.
De momento, lo que sí ha hecho el cuatripartito en el Gobierno –PSOE, NC, Podemos y ASG– es duplicar el número de inspectores en el departamento: pasaron de dos a cuatro. «Siguen siendo pocos», para las 230 residencias del Archipiélago, reconoce Martínez quien admite que las plazas de residencias para mayores y discapacitados «no son suficientes» y que Canarias necesita «un debate sosegado» sobre el envejecimiento de la población y la atención que se le presta.
El Diputado del Común, Rafael Yanes, apuntó ayer en la misma dirección: es necesario que se habiliten unas 12.000 plazas residenciales; al Archipiélago le faltan dos tercios para cumplir con la medida nacional.
Rafael Yanes: Es necesario que se habiliten unas 12.000 plazas residenciales; al Archipiélago le faltan dos tercios para cumplir con la medida nacional.
En esa línea, apuntó que el Parlamento de Canarias es el «lugar adecuado» para debatir sobre la situación de las residencias y por ello, está a la espera de que la Comisión de Derechos Sociales le cite para intervenir y debatir sobre el informe a disposición de los diputados desde noviembre.
Rafael Yanes defiende en ese sentido «la honestidad e independencia» de la Diputación del Común, que ha tratado de «dar luz a una realidad no conocida» y sin ánimo de «atacar» a quien ostentaba la competencia en uno y otro momento. «No entramos en quien gobierna, hacemos nuestro trabajo para que la administración defienda los intereses de la ciudadanía», subraya.
El informe, asegura el Diputado del Común, no es «ninguna sorpresa» para las familias porque «muchas» conocen esta realidades que, no obstante, no son generalizadas.
Cronología del ‘olvido’
La adjunta de la Diputación del Común para la protección de las personas mayores, la palmera Milagros Fuentes, inició el trabajo de inspección en las residencias en febrero de 2019, previamente, en una carta fechada el 18 de diciembre de 2018, había comunicado a los directores de los centros visitas de supervisión a lo de ese año. Estas se realizaron entre febrero y diciembre sin avisar de las mismas y con la intención de continuar también en 2020, pero el estado de alarma en marzo, paralizó la labor. Se visitaron 25 en las islas de Gran Canaria, Tenerife, La Palma y Lanzarote. El informe se envió al Parlamento el 3 de noviembre y a partir de ahí lo conocieron en la Mesa, la Junta de Portavoces que dieron su visto bueno para su presentación en la comisión que preside María del Río.
