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La jueza decreta la apertura de juicio oral del 'caso Kokorev', tras doce años de investigación

La magistrada fija una fianza de 881 millones para los seis acusados en la trama de blanqueo de dinero del tráfico ilegal de armas

Imagen de archivo de Vladimir Kokorev en Las Palmas de Gran Canaria.

Imagen de archivo de Vladimir Kokorev en Las Palmas de Gran Canaria.

El Juzgado de Instrucción número 5 de Las Palmas de Gran Canaria solicita la apertura de juicio oral contra las seis personas acusadas por el caso Kokorev, para quienes fija una fianza que suma 881 millones de euros, de los que 321 corresponden a la fianza del supuesto cabecilla de la trama de blanqueo de capitales procedentes del tráfico ilegal de armas, Vladimir Kokorev. Además, la autoridad judicial solicita una fianza de 200 millones tanto para su mujer, Julia Maleeva, como para su hijo, Igor Kokorev; 135 millones para el que fue abogado de la familia, Juan José Arencibia; y 15 y 10 millones, respectivamente, para dos hermanas del letrado. Si no depositaran estas cantidades, se procederá al embargo de sus bienes. La magistrada responsable de la instrucción, Ana Isabel de Vega Serrano, remitirá ahora el caso a la Audiencia Provincial, que fijará la fecha para celebrar el juicio. 

Después de 12 años de instrucción, la investigación concluyó que la familia hispano-rusa, con residencia en la capital grancanaria, habría ganado 109 millones de euros con la venta ilícita de armamento a Guinea Ecuatorial. Las transacciones, que incluían recargos de entre el 30 y 40% sobre precio real del material militar, se hacían supuestamente con la connivencia de cinco altos cargos guineanos, algunos de ellos familiares del dictador Teodoro Obiang –en el poder desde 1979–, quienes recibían una mordida del margen económico obtenido con la venta de las armas. Según el auto de instrucción, los Kokorev adquirían ilegalmente el armamento en Ucrania, inflaban el precio y falseaban las facturas a cargo de los fondos públicos ecuatoguineanos.

La investigación concluyó que los acusados ganaron 109 millones con la venta ilícita de armas

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Ahora, la magistrada dicta la apertura de juicio oral de este procedimiento, en el que el fiscal anticorrupción pidió unas penas de ocho años de cárcel y 240 millones de euros de multa para Vladimir Kokorev, así como cinco años y 150 millones tanto para su esposa, como para su único hijo. Además, para Juan José Arencibia, quien supuestamente fue parte fundamental para la creación de la red de empresas que se estableció con el fin de blanquear dinero, solicita cinco años y medio de prisión, y cinco años y un mes para las dos hermanas del letrado.

La magistrada instructora también dicta que se mantenga el embargo y la prohibición de disponer de los bienes que figuran a nombre de Sands Beach Rersort SL, propiedad de los Kokorev, y que figura en el procedimiento en calidad de tercero afectado. Además, este complejo de apartamentos que la familia hispano-rusa adquirió en Lanzarote, encabeza con 12,83 millones de euros, la lista de deudores canarios de Hacienda. 

Kokorev, su mujer y su hijo, entre 1999 y 2011, según la investigación del Juzgado de Instrucción número 5 de Las Palmas de Gran Canaria, habrían ocultado la naturaleza militar de los contratos, que bajo el concepto de venta y reparación de buques, encubría la venta de armamento. Para blanquear los beneficios de las operaciones, los Kokorev crearon un presunto entramado empresarial, con hasta 45 sociedades, algunas de ellas constituidas en territorios off shore como el Estado de Delaware (Estados Unidos) o las Islas Vírgenes (Reino Unido). 

De cara a enmascarar los negocios ilícitos y justificar la entrada de fondos, apunta la investigación judial, al parecer estas compañías mantenían una actividad mínima en la compraventa de embarcaciones y transporte marítimo, reparación y mantenimiento. Para crear esta estructura, la familia Kokorev, señala el auto de la investigación, precisó de la participación «fundamental y decisiva» del abogado y asesor fiscal y financiero canario Juan José Arencibia, quien supuestamente ideó junto a los investigados el soporte de sociedades instrumentales. Además, el letrado podría haber utilizado a sus hermanas como testaferro y las habría puesto al frente de algunas sociedades, a cambio de una remuneración.

La instrucción, a partir del estudio de las cuentas bancarias y de los movimientos financieros entre las sociedades, señala que además de Kokorev y sus colaboradores en Canarias, funcionarios y altos cargos del régimen de Obiang habrían cobraron comisiones. Estas cinco personas no están encausadas en el procedimiento, pero la jueza sostiene que participaban en el negocio a través de las primas que recibían por aceptar los sobrecostes. 

El yerno del dictador y director general del Gabinete Militar, habría recibido más de 1,5 millones de euros entre 1999 y 2004, que fueron ingresados por orden del presunto cabecilla de la trama en cuentas de España, Suiza y Francia. El sobrino de Obiang, secretario de Estado para la Tesorería y Presupuesto y secretario adjunto de Asuntos Económicos del Partido Democrático de Guinea, podría haber percibido unos 165.000 euros y el primo del dictador y general de las Fuerzas Armadas, unos 85.000 euros.

Dictador ecuatoguineano

El asesor de Obiang en materia de Defensa habría obtenido algo más de un millón de euros. El quinto alto cargo señalado es el director del gabinete militar ecuatoguineano, quien habría adquirido dos inmuebles en Madrid, uno por valor de 760.000 euros y otro por 665.000 euros. Además, hay que sumar la supuesta compra de un Mercedes, valorado en 55.900 euros; una transferencia de 31.000 euros; y el abono de unos gastos de alojamiento de su mujer por importe de 5.600 euros.

Familiares de Obiang podrían haber recibido ‘mordidas’ del tráfico de material bélico

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Esta causa se inició después de que una subcomisión del senado de Estados Unidos detectara 16 transferencias que sumaban 26,4 millones de dólares –unos 20 millones de euros– desde una cuenta del Banco Riggs de Nueva York, de la que el Gobierno de Guinea Ecuatorial figuraba como propietario, a otra cuenta de la empresa Kalunga Company (a nombre de Kokorev), domiciliada en una oficina del Banco Santander en Las Palmas de Gran Canaria. Según la querella interpuesta en 2009 por la Asociación Pro Derechos Humanos de España, este dinero fue blanqueado mediante la compra de numerosos inmuebles, algunos de ellos ubicados en la capital grancanaria. 

En septiembre de 2015, la familia Kokorev fue detenida en Panamá, en virtud de una orden de arresto emitida por el Juzgado de Instrucción número 5 de Las Palmas de Gran Canaria. En enero de 2018, tras dos años y cuatro meses en prisión sin ser juzgado, el empresario abandonó el centro penitenciario de Juan Grande sin fianza, mientras que su mujer y su hijo quedaron también en libertad provisional en septiembre y octubre de 2017, respectivamente. Fueron jueces y fiscales franceses los que convencieron a la justicia española de que el caso de los Kokorev, a los que investigaban por blanqueo, estaba mucho más armado de lo que pensaban y que con menos elementos ellos habían abierto una causa en Francia contra Teodorín Obiang, hijo del dictador.

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