Los grupos del Parlamento de Canarias examinarán el martes la gestión realizada en las residencias de mayores, tras salir a la luz pública el informe elaborado por la Diputación del Común y que se registró en la Cámara regional hace diez meses pero nunca se ha debatido. Los diputados se exculpan de una u otra manera de que no se haya producido el análisis de este informe que habla de ratas, cucarachas y brotes de sarna en algunos centros.
El informe lo realizó la adjunta al Diputado del Común, la abogada Milagros Fuentes, tras veinticinco visitas que realizó a residencias de mayores y que tuvo que parar por el estado de alarma de la pandemia en marzo de 2020. En ese periodo elaboró el documento y en noviembre del año pasado lo registró en el Parlamento y asegura que se envió a distintos órganos, entre ellos la Fiscalía. Según la Consejería de Derechos Sociales, que dirige Noemí Santana, y la presidenta de la Comisión de este área en el Parlamento, María del Río, ambas de Podemos, el informe es de 2019 y ellas no estaban en el Gobierno sino CC, argumento que también esgrime el presidente del Ejecutivo, el socialista Ángel Víctor Torres. Además con la pandemia se hicieron más inspecciones a las residencias de ancianos y la situación no es la misma sino que se ha mejorado, sostienen. La Consejería recuerda que Salud Pública y los cabildos comparten la gestión de los centros. Derechos Sociales va a contratar a 11 inspectores más. Desde este área se señala que además el informe habla de solo 25 visitas y hay 232 residencias. Según los datos aportados por Derechos Sociales las inspecciones han ido creciendo, pero aún así son pocas en comparación con el número de residencias, y así lo constata la propia fiscal delegada de la Especialidad Civil y de Protección Jurídica de las Personas con Discapacidad en Canarias y decana de la Sección de lo Civil de Las Palmas, Rosa Rubio, o el Diputado del Común, Rafael Yanes.
En total, desde que está el actual equipo de Derechos Sociales se realizaron seis inspecciones en el año 2019. El equipo entró en agosto de ese año. En 2020, ya con la covid en pleno apogeo, se llevaron a cabo 26 inspecciones: 13 en la provincia de Las Palmas y 13 en la de Santa Cruz de Tenerife, y durante 2021 se han realizado 33 inspecciones, 13 en las provincia de Las Palmas y 20 en la de Santa Cruz de Tenerife.
En Canarias, el número de personal de las plantillas de los 232 centros es de 7.769 trabajadores. Los partidos de la oposición han pedido ahora urgentemente que se analice el informe en la Comisión de Derechos Sociales del Parlamento y justifican que no lo propusieron antes porque tienen un número limitado de iniciativas y en este caso al ser un documento externo se espera que lo proponga la Mesa de la Comisión que preside María del Río. Ella alega que no se ha debatido porque «no era un tema urgente», ya que el informe es de 2019 cuando no estaban en el Gobierno (parte del año) y como el Diputado del Común ha ido en varias ocasiones al Parlamento y no lo ha comentado entendía que tampoco era de interés ponerlo entre las prioridades de la comisión porque los datos estaban desfasados. Además, sostiene que son siete partidos en la Cámara y ninguno le pidió que se debatiera. Cristina Valido, exconsejera de Asuntos Sociales y diputada de CC, tiene muchas preguntas que hacer sobre el informe en sí que, a su juicio, tampoco es representativo de la situación de las residencias de mayores porque cree que en la mayoría se hace un buen trabajo. Al Gobierno le va a preguntar sobre la gestión que está desarrollando en los centros y si conocía el informe, al igual que si lo sabían los cabildos y Salud Pública. Vidina Espino, del Grupo Mixto, culpa a Podemos de la situación de las residencias. Poli Suárez, diputado del PP, denuncia la falta de personal e inspectores en la Consejería, que ahora se va a reforzar.
