María del Río, presidenta de la Comisión de Derechos Sociales del Parlamento de Canarias (Podemos) ofreció hoy jueves una rueda de prensa en el Parlamento regional en donde se comprometió a impulsar un protocolo que garantice un "mínimo" de calidad en los servicios prestados a los mayores "que sea consensuado para todas las residencias" tanto públicas como privadas y "no solo" se le dé "pan y comida" a los mayores en estos centros. "Hay que redactar un protocolo de funcionamiento garantista de las residencias para que, más allá de quiénes las gestionen y de qué administración insular ostente las competencias, existan unos parámetros uniformes que impidan la toma de decisiones aleatorias y alejadas de parámetros de calidad, o más cercanos al rédito económico de las empresas privadas que tienen las concesiones de la gestión en muchas de ellas en Canarias", expuso. El grupo parlamentario de Podemos defendió hoy jueves la gestión de la Consejería de Derechos Sociales, dirigida por Noemí Santana, de su misma formación, tras la polémica desatada por el informe de la Diputación del Común sobre las anomalías detectadas en algunas residencias de mayores, que no se debatió en dicha Comisión tras diez meses de ser registrado. María del Río y el resto de grupos pidieron disculpas, y reconocieron que no lo habían leído pese a que hablaba de ratas, cucarachas o chinches en algunos centros. El Diputado del Común, Rafael Yanes, lo presentó finalmente el pasado martes aunque lo registró en noviembre de 2020.
Acompañada por representantes del colectivo «Yo te ayudo, tú me ayudas» y de la Plataforma Madres por la Discapacidad, la diputada y encargada de los asuntos sociales de su grupo en el Parlamento también reconoció que en dependencia podían haberlo hecho mejor, pero volvió a insistir en que se encontraron una mala situación al llegar al Gobierno hace dos años que están intentando corregir. "Este grupo no va a mentir sobre la realidad", dijo. Señaló que en Canarias se encontraron con 64 valoradoras y Castilla y León tiene 800. De ahí que Canarias siga a la cola en los tiempos de resolución de la dependencia (una media de dos años y medio). Recalcó que necesita al menos 320 trabajadores y que ahora ya están intentando reconducir este desajuste con la contratación de más personas y más recursos. Muchos de estos empleos se destinarán a la implantación de la renta ciudadana canaria que entrará en el Parlamento previsiblemente en octubre.
En cualquier caso admitió que hay casi 8.000 personas con la dependencia reconocida pero no tienen el PIA (Programa Individual de Atención) y no reciben la prestación, lo que se conoce como en el "limbo". Pero volvió a señalar que había más de 5.000 expedientes sin incorporar del Gobierno de CC y que la situación mejorará.
La Plataforma de madres por la discapacidad se congratularon por llevarse el compromiso de que se realice ese protocolo que garantice a sus hijos y a los mayores un estándar de calidad. Los niños estuvieron encerrados durante la pandemia y al final lograron llevárselos a casa los fines de semana. "Los políticos deben entender que tienen derechos a salir, a dar aun paseo, a ir a un cine y no se está haciendo en Canarias", indicaron desde la plataforma.
Hacer caso al Diputado
El retraso en debatir el informe de la Diputación del Común sobre las residencias de mayores ha provocado que los diputados se comprometan a hacerle un especial caso. La Mesa del Parlamento de Canarias acordó ayer que las presidencias de las distintas comisiones deberán incluir en el orden del día de sus reuniones los informes de la Diputación del Común en el mismo periodo de sesiones en que sean registrados. La propuesta presentada por el presidente de la Cámara, Gustavo Matos, indica que el objetivo es hacer del Parlamento una institución «más transparente».| EP
