La Audiencia Provincial de Las Palmas ha ratificado el archivo del denominado caso Tamayazo, poniendo fin a la denuncia por injurias presentada por Juan Amigó, exsecretario de Organización en Canarias de Ciudadanos (Cs), contra la que en aquel entonces era portavoz de la formación naranja en el Parlamento de Canarias, Vidina Espino, y que en la actualidad es diputada del Grupo Mixto, tras abandonar Cs. En concreto, la Sala desestima el recurso de apelación interpuesto por Amigó contra el auto del Juzgado de Instrucción número 1 de Las Palmas de Gran Canaria que daba la razón a Espino, inadmitiendo la querella criminal presentada por el primero.
La denuncia fue interpuesta por las declaraciones que Espino realizó en junio de 2019, tras la constitución de la corporación municipal de Santa Cruz de Tenerife, asegurando que se había producido un «tamayazo» y culpando a Juan Amigó de haber urdido una operación para que los dos ediles de Cs, Matilde Zambudio y Juan Ramón Lazcano, a los que él había situado en la lista electoral, votaran, en contra de las directrices del partido, a la socialista Patricia Hernández para convertirla en alcaldesa y arrebatar el bastón de mando al candidato de Coalición Canaria. Espino manifestó entonces que Amigó, un empresario con intereses inmobiliarios en el municipio chicharrero, había ofrecido el respaldo de Zambudio y Lazcano a la dirigente socialista a cambio de plenas competencias en Urbanismo. Apuntaba también que el entonces secretario de la Organización en Canarias había dimitido justo después de que finalizase el pleno en el que los dos ediles naranjas votaron a Hernández, «cuando tenían que votarse a sí mismos», según «las órdenes recibidas desde la dirección de Cs».
A raíz de dichas declaraciones, Amigó presentó una querella criminal contra Vidina Espino, al considerar que estas eran constitutivas de los delitos de calumnias e injurias. A su vez, Espino la interpuso un recurso contra la admisión de la querella, alegando que las declaraciones se realizaron «en el ejercicio de su libertad de expresión y opinión, en la crítica política», y la Justicia le dio la razón.
