El Parlamento de Canarias y en especial los grupos del Gobierno regional que conforman el pacto de las flores (PSOE, Podemos, Nueva Canarias y la Agrupación Socialista Gomera), rechazaron ayer en el pleno de la Cámara paralizar el actual procedimiento para la aprobación del proyecto de decreto del Catálogo de Servicios y Prestaciones, de la Ley de Servicios Sociales de Canarias, pese a que es una demanda de colectivos y asociaciones que trabajan directamente con los usuarios de estos servicios.
La proposición no de ley (PNL) fue presentada por Cristina Valido, diputada de CC y exconsejera de Servicios Sociales del Gobierno, pero quiso aclarar desde el primer momento que no era una propuesta de su partido sino que le daba voz a los distintos colectivos que rechazan el catálogo que está tramitando la Consejería de Derechos Sociales, dirigida por Noemí Santana (Podemos), y que prevé remitir a la Cámara regional antes de final de año.
Estos colectivos son los que están en primera línea ayudando a las personas, como la Coordinadora de Acción Social de Canarias, los colegios profesionales de Psicología de Las Palmas y Santa Cruz de Tenerife, los colegios oficiales de Trabajo Social de Santa Cruz de Tenerife y Las Palmas, el Colegio Profesional de Educadores Sociales de Canarias, la Asociación de Cuidadoras/es, Familiares y Amigos/as de Personas con Dependencia, Alzheimer y otras Demencias (Acufade) y el Comité de entidades representantes de personas con discapacidad de Canarias (Cermi).
Los partidos del Gobierno destacan el amplio apoyo de los ayuntamientos y cabildos
.La PNL pedía además de la paralización del catálogo, que se generen los comités técnicos pertinentes con la participación de los diversos agentes sociales implicados, tales como entidades sociales, colegios profesionales, federaciones y plataformas, cabildos y ayuntamientos, para la incorporación de las propuestas y medidas presentadas en la fase de redacción del catálogo de prestaciones, que resulten operativos y eficaces en cuanto a principios de participación activa. Asimismo, reclamaban redactar «un nuevo proyecto de decreto de Catálogo de Prestaciones y Servicios Sociales de Canarias que se ajuste a las necesidades y realidad de la sociedad canaria», así como a los tiempos actuales con respeto al espíritu de la Ley de Servicios Sociales de Canarias.
Esta propuesta fue rechazada. En el primer punto, el PP se sumó al PSOE, NC, ASG y Podemos. El diputado popular, Poli Suárez, argumentó que su partido no quiere que se paralice el catálogo pero sí reclama que haya mesas de diálogo con los representantes para reconducirlo. Por ello, votó a favor de la PNL en los otros dos puntos. El proyecto de decreto del Catálogo de Servicios y Prestaciones ha recibido un aluvión de alegaciones y el rechazo frontal de estos colegios pero el Gobierno canario y los grupos que lo sustentan reiteraron ayer en todo momento que cuentan con el apoyo mayoritario de los ayuntamientos y cabildos, que comparten con el Gobierno su redacción y aplicación. Además, los partidos del Gobierno afirman que este texto lo han trabajado 200 técnicos municipales, ha sido participativo, y que además el proceso sigue abierto y se estudiarán las alegaciones de estos colectivos, así como se mantendrán reuniones para intentar incorporarlas.
Los cuatro grupos del Gobierno defendieron que no se puede paralizar el catálogo porque contempla cuestiones que son de imperiosa necesidad. Pero lo mismo dicen los colectivos: el catálogo hace un resumen de todo lo que existe pero deja en el aire servicios que se están aplicando y por ello piden tiempo para que se haga bien. En realidad reclaman que se reformule, porque para ellos es un documento «restrictivo, vacío de contenido, con vicios en los servicios esenciales» y supone un «retroceso» para la atención de los ciudadanos. Además, no creen que se pueda arreglar con las alegaciones que han presentado porque prácticamente han hecho un texto nuevo y no se lo van a aceptar. Cristina Valido señaló que no se puede aprobar una norma sin el apoyo de quienes la llevan a cabo día a día y afirmó que, aún siendo de la oposición, no le va a pedir al Gobierno que cumpla los plazos para aprobar el catálogo -que lleva un retraso de un año- con tal de que lo negocien con los colectivos sociales. Tanto el Grupo Mixto como el PP coincidieron en esta afirmación. Los colectivos le han pedido al presidente del Gobierno, Ángel Víctor Torres, que medie porque entienden que la Consejería los llama para reunirse pero no los escucha y va a pasar lo mismo en este periodo.
Colegios profesionales y asociaciones, impotentes, esperan que se les escuche
El presidente estaba presente en el pleno de ayer, y en la parte alta una representación de estas entidades y colegios observaban con «impotencia» lo que se decía, afirmó Emma Colao, presidenta de la Coordinadora de Acción Social de Canarias. De hecho van a pedir reuniones con la Fecam y la Fecai para exponer sus puntos de vista porque afirma que tanto el Cabildo de Tenerife como otros ayuntamientos ven fallos en el catálogo. Torres ya tiene en su agenda convocarlos pero el volcán de La Palma ha impedido el encuentro.
Poli Suárez pide unidad contra la pobreza
El diputado del PP, Poli Suárez, destacó ayer en el debate sobre los asuntos sociales en el pleno del Parlamento porque se olvidó de los colores políticos y pidió unidad para combatir la pobreza, con más financiación y refuerzo laboral. Como alcalde de Moya que fue, revivió las necesidades de las personas que iban a las puertas del Ayuntamiento a pedirle ayuda para comprar material escolar o comida. En una comparecencia, instada por el PP, de la consejera de Derechos Sociales, Noemí Santana (Podemos), Suárez reclamó a la Cámara que los diputados «arrimen el hombro». «No estemos tirándonos los trastos. Lo que el PP quiere son soluciones y no peleas. Abramos la mente porque los ciudadanos solo quieren que se les ayude», enfatizó. El diputado le tendió la mano a Santana, lo que la consejera de Podemos agradeció, aunque luego señaló que el Gobierno del PP no se dedicó a ayudar durante la crisis de 2008 a la población como sí lo hace ahora el Gobierno progresista. Con todo, Suárez recibió un fuerte respaldo porque presentó una moción sobre la pobreza que fue aprobada por unanimidad salvo en la propuesta de un plan específico para contratar a trabajadores en Derechos Sociales. Los grupos del Gobierno opinan que se debe evitar la eventualidad laboral.| F. M.
