Canarias, a favor de intervenir por ley para contener los alquileres

Frente a comunidades autónomas y ayuntamientos regidos por el PP, PSOE y Podemos en Canarias toman posiciones y asumen los supuestos de la futura ley de vivienda enunciados ayer por los negociadores para los Presupuestos Generales del Estado de 2022 uno y otro partido en Madrid.

Aún apenas bosquejado, el proyecto deja en manos de los gobiernos regionales y corporaciones locales regular los precios de los alquileres, sancionar por viviendas vacías, incentivar y aplicar deducciones fiscales en las zonas tensionadas. Es decir, en aquellas en las que el precio de los arrendamientos han crecido en los últimos cinco años más de cinco puntos por encima del IPC.

A todo eso el consejero de Obras Públicas, Transportes y Vivienda del Gobierno de Canarias, Sebastián Franquis, dice ‘sí’. En el Archipiélago, dijo ayer, se aplicará la ley de vivienda en zonas donde se detecte un sobreprecio en el alquiler.

Franquis recordó que Canarias tiene «un serio problema» con los alquileres, en especial en ámbitos turísticos y en grandes centros urbanos, y para combatirlo resulta «fundamental» que haya «un número importante» de vivienda púbica, para evitar que los precios aumenten «de una forma desproporcionada». Por eso, asegura que «si se habilitan mecanismos para regular precios en algunas zonas concretas», Canarias los va a utilizar.

También se suma a aplicar la norma –que aún tardará meses en llegar al Congreso– el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria. El concejal de Urbanismo y primer teniente, Javier Doreste, explicó ayer a Efe que en el equipo de gobierno de la ciudad –PSOE, NC y Podemos–, se sigue con interés la negociación que ha dado lugar a esta propuesta de ley de vivienda.

Pendiente de cómo se desarrolla y de qué competencias conferirá a los ayuntamientos y cuáles van a depender de las comunidades autónomas, Doreste considera interesantes dos medidas anunciadas con el propósito de contener el alza de los precios del alquiler: la declaración de zonas «tensionadas» y los recargos fiscales.

El concejal de la capital grancanaria subraya que «claramente» la ciudad tiene una zona tensionada, donde los alquileres se «han disparado» en los últimos años, expulsando de esas viviendas a vecinos que tradicionalmente vivían en el barrio: el extremo oeste de Guanarteme.

Doreste comparte también la posibilidad de que los ayuntamientos aprueben recargos de hasta el 150 % en el IBI a viviendas vacías para incentivar que salgan al mercado de alquiler, así como de penalizar a «los grandes tenedores de vivienda» y a las empresas que, desde su punto de vista, manipulan de forma fraudulenta los arrendamientos.