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Presupuesto estatal 2022 | La cuentas para Canarias

Canarias y el Estado encauzan su pleito de 10 años sobre carreteras

El Gobierno regional da por seguro el pago en 2022 de otros 200 millones de la deuda del convenio reconocida por el Supremo

Imagen de archivo de una carretera en obras con financiación del Gobierno de Canarias . | Andrés Gutiérrez

El Gobierno de Canarias anunció el sábado que el proyecto de Presupuestos Generales del Estado para 2022, que mañana se presentará en el Congreso, contempla el pago de otros 200 millones de la deuda de en torno a 1.000 millones contraída por el Estado en relación con el convenio de carreteras, y que con ello encauzarían el final de un pleito de casi diez años de duración entre ambas administraciones, con gobiernos de distinto color político en cada una de ellas. A la espera de que, efectivamente, las nuevas cuentas estatales reflejen ese nuevo abono a la Comunidad Autónoma, el Ejecutivo regional también da por hecho que éstas incluirán otros 210 millones de inversión en obras viarias correspondientes al actual convenio, firmado en 2018.

La compleja fórmula acordada por ambos Ejecutivos para resolver el contencioso tiene aún por delante la resolución del pago de los 407 millones hasta el año 2027, en aplicación del nuevo convenio, a través de una adenda que se debería haber firmado hace seis meses y mediante la cual se amplía en dos años la vigencia del acuerdo, inicialmente previsto hasta 2025, hasta completar una inversión total de 1.607 millones.

Esa adenda, sin embargo, está bloqueada por el Ministerio de Hacienda y mantiene en el aire el acuerdo alcanzado el pasado 2 de marzo por el presidente de Canarias, Ángel Víctor Torres, el consejero de Obras Públicas y Transporte, Sebastián Franquis y con el entonces ministro de Transportes, José Luis Ábalos, para la resolución del conflicto.

¿Cuál es el origen del pleito?

El pleito del convenio de carreteras de Canarias de 2006-2017 tiene su origen en los años posteriores a la crisis económica de 2010 y en la negativa del Gobierno central a cumplir las anualidades recogidas en el mismo en los Presupuestos estatales entre los años 2012 a 2017, con gobiernos presididos por Mariano Rajoy (PP) debido a los recortes aplicados para cumplir con el objetivo de déficit impuesto por Bruselas. El gobierno regional de esos años, presidido por el nacionalista Paulino Rivero en alianza con el PSOE, interpuso recurso ante la Audiencia Nacional por incumplimiento del acuerdo bilateral y, ante la desestimación del mismo por parte de esta instancia judicial, recurrió al Tribunal Supremo. Este, en distintas sentencias en 2017 y 2018, acabó reconociendo la obligación del Estado a abonar los impagos. En total, eran más de 865 millones, que ahora rondaría los 1.000 millones contabilizando los intereses de demora que el Estado también debe pagar. De esta cantidad, 500 millones corresponden a obras ya ejecutadas con financiación adelantada por la Comunidad Autónoma, y otros 445 por obras ya adjudicadas y en ejecución, pendientes de abonar.

¿Qué pasó en el nuevo convenio?

Ambos gobiernos iniciaron entonces negociaciones sobre el pago de esa deuda reconocida por sentencia judicial y, paralelamente, la firma de un nuevo convenio 2018-2025 para actualizar la lista de obras y la previsión de inversiones para los próximos años. Tras unos primeros acuerdos a partir de 2015 entre el gobierno regional presidido ya en ese momento por Fernando Clavijo (CC), y el entonces ministro de Fomento del PP, Íñigo de la Serna, el cambio de Gobierno en el Estado en 2018 y la llegada al Ministerio del socialista José Luis Ábalos provocó una revisión de los mismos hasta la firma del nuevo convenio el 22 de diciembre de ese año. Pese a firmarse un nuevo documento en el que se recogían las nuevas obras a ejecutar y una inversión de 1.200 millones hasta 2025, el Gobierno canario se negó a aceptar los otros dos acuerdos ofrecidos por Ábalos para el pago de la deuda al considerar que no reconocía toda ella, ni establecía garantías de pago. Entre otras razones porque imponía el criterio de que los 500 millones de inversión adelantada por el Gobierno de Canarias se tendrían que ir a cubrir déficit y por tanto no era de disposición discrecional por parte de la Comunidad Autónoma.

¿Cómo paga el Estado?

Tras el cambio de Gobierno en Canarias en 2019 por el pacto de progreso firmado por PSOE, NC, Podemos Canarias y ASG, el nuevo consejero de Obras Públicas, Sebastián Franquis, trató de renegociar la fórmula y condiciones de pago, con un primer acuerdo para que el Estado fuera abonando en los Presupuestos de cada año los 500 millones adelantados por Canarias. Un primer pago de 100 millones ya se contempla en las actuales cuentas de 2021, y que se hará en las próximas semanas, según la consejería. Las negociaciones se intensificaron hasta el acuerdo político del pasado 2 de marzo entre Torres, Franquis y Ábalos. Ahí se estableció finalmente que el Estado abonará 407 millones pendientes de obras del anterior convenio (descontados 38 millones ya incluidos en los Presupuestos de 2019) a través de la adenda al nuevo documento firmado en 2018 en dos anualidades añadidas al mismo, en 2026 y 2027. Los 400 millones pendientes de lo adelantado por Canarias en los años en que el Estado no pagó las cantidades fijadas en el acuerdo se incluirán en los proyectos presupuestarios de 2022 y 2023, a razón de 200 millones cada año. Sobre ellos además el Estado accede a que sean de libre disposición por parte de la Comunidad Autónoma.

¿Qué se pagará en 2022?

Según la consejería de Obras Públicas, el Ejecutivo central ha elaborado unos Presupuestos estatales para el próximo año que contempla todas las cantidades pactadas. Es decir, los 200 millones de deuda a la Comunidad Autónoma por las obras del anterior convenio que ésta cubrió con sus propios recursos, y 210 correspondientes a las obras del nuevo convenio, un total de 410 millones. Quedarían por abonar por obra ya realizada los últimos 200 millones, que se pagarían en 2023. El Gobierno regional reconoce que estos pagos se realizan conforme al compromiso político alcanzado con el anterior ministro, pero que no está recogido en ningún documento oficial.

¿Qué pasa con la adenda?

El Estado sigue sin dar sin embargo el visto bueno final a la adenda del nuevo convenio pactada en marzo que debería cubrir los mencionados 407 millones de obras de la anterior etapa ya adjudicadas o en ejecución. Aunque el Gobierno regional aseguró entonces que la validación del acuerdo con Ábalos por parte del Ministerio de Hacienda era un mero trámite, lo cierto es que ese escollo sigue sin superarse. Franquis ha remitido dos cartas a la nueva ministra de Transportes, Raquel Sánchez, y esperaba reunirse con ella en septiembre para presionar a la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, e intentar agilizar el proceso, pero la crisis volcánica de La Palma ha descuadrado la agenda. En todo caso, el Gobierno autonómico considera que el conflicto está encauzado y que la deuda estará liquidada según los acordado con Ábalos.

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