Los sindicatos con representación en la Administración autonómica cerraron filas ayer y se opusieron a la resolución de la Dirección General de Función Pública que dictamina que a partir del 1 de noviembre los empleados públicos solo podrán hacer un día de teletrabajo a la semana por la mejora de la situación sanitaria vinculada al Covid, frente a los tres días que se habían pactado al principio de la pandemia. Los sindicatos anunciaron que impugnarán la decisión de Función Pública tras la mesa de negociación de ayer, en la que se trató este asunto como único punto en el orden del día y que acabó sin acuerdo como era de prever.
El viceconsejero de Administraciones Públicas, Manuel Martínez, cree que con los semáforos actuales y la vacunación es preciso «recuperar» la normalidad en el trabajo de la Administración y en la atención a la ciudadanía y no cierra la puerta a que en determinados centros directivos y servicios se puedan habilitar más días de teletrabajo si las condiciones del espacio físico y del trabajo así lo aconsejan.
Martínez indicó que esta decisión se encuentra en el marco de los acuerdos pactados en relación estrictamente con la pandemia y no interfieren en las negociaciones que están abiertas entre la Administración y los sindicatos para regular el teletrabajo de forma más permanente al margen de la pandemia. «No se sostiene que todos los sectores económicos se estén incorporando a sus puestos de trabajo de forma presencial y se esté normalizando la situación y en la Administración no ocurra eso», recuerda el viceconsejero.
El número dos de la Consejería reiteró que la resolución es un criterio general que ahora se tendrá que adaptar a los diferentes centros directivos de la Administración General y los servicios que se prestan. Por ello indicó que pueden existir centros e instalaciones donde sea necesario ampliar los días de teletrabajo o empleados que lo requieran por sus circunstancias, por lo que hay flexibilidad a la hora de aplicar la resolución.
Según Martínez, esta decisión no tiene relación directa con las negociaciones en la mesa de trabajo, en la que todavía no hay un acuerdo cerrado para regular el trabajo de cara el futuro y de forma más permanente.
Por su parte, los sindicatos se opusieron a esta medida, que es similar a la adoptada por la Administración General del Estado para sus empleados y que también rechazaron las centrales con representación en Madrid. Los dirigentes sindicales no entienden que se tome esta decisión cuando las negociaciones para regular el teletrabajo están aún abiertas y no se ha cerrado un acuerdo definitivo. La pretensión sindical es implantar un sistema mixto donde se combine el trabajo presencial con el teletrabajo.
