Las reformas del REF y del Estatuto de Autonomía aprobadas en 2018 siguen siendo materia parcial o totalmente desconocida para algunos ministerios y así se refleja en el proyecto de presupuestos generales del Estado para 2022 presentado el miércoles en el Congreso. Varios de los 16 nuevos preceptos de ambos fueros isleños que comprometían aportación presupuestaria estatal siguen a cero en las nuevas cuentas, como ya ocurriera en el proyecto de ley correspondiente a las del año en curso y que en parte fueron incluidas durante la tramitación parlamentaria a partir de enmiendas pactadas entre el PSOE y NC. De esta forma, pese a que los nuevos presupuestos suponen un salto importante de la ficha financiera canaria del próximo año, en parte por el incremento de varias partidas vinculadas al propio REF, lo cierto es que el proyecto sigue incumpliendo varios de los preceptos de la ley económica fiscal y de la carta magna autonómica.
El propio Gobierno de Canarias, en una primera lectura de los entresijos presupuestarios, reconoce que hay varios artículos de ambos fueros que no están contemplados. Un cálculo de urgencia elaborado por la consejería de la Presidencia señala que al menos siete de los artículos del REF, la mayoría incluidos en la reforma de 2018, siguen sin asignación de fondos. Es así en los casos, por ejemplo, del artículo 4.5 para programas de lucha contra emisiones de efecto invernadero, y aunque el Ejecutivo regional asegura que este concepto no está explícitamente señalado como objeto de algún reflejo presupuestario, sí se menciona como punto de partida para algún tipo de ayuda en esta materia. También se pasa por alto en el proyecto presupuestario el artículo 5.7 para incentivar la conectividad de Canarias mediante el desarrollo de nuevas rutas marítimas y aéreas para mantener la competitividad de la economía isleña tanto en el campo del acceso a nuevos mercados para los productos canarios, como para el desarrollo turístico.
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Se deja también sin dotar el compromiso para garantizar el acceso de toda la población canaria a la Sociedad del Conocimiento, la Información y la Comunicación, o en el artículo 10.3 para un fondo específico de acceso a la banda ancha de nueva generación; y tampoco se contemplan fondos en materia de tratamiento de residuos en Canarias en los términos contemplados en el artículo 14.2 de la nueva ley económica canaria, o de ayudas complementarias a profesores y alumnos en las universidades públicas canarias. Otros artículos del REF sobre los que no se han detectado en una primera lectura fondos estatales son el 18, el 24.3 y el 24.4, para la promoción comercial y en favor del sector primario.
Fuentes del Gobierno regional aseguran que en la mayoría de ellos se consignará alguna partida a través de enmiendas durante la tramitación, aunque resaltan que hay otros preceptos que tradicionalmente se han entendido como partidas del REF pero que formalmente no es así, como es el caso de los 40 millones para infraestructuras educativas que se recogieron en los presupuestos durante los últimos años y que ya desaparecieron en los actualmente en vigor. Quedan aún por aclarar algunas partidas relacionadas con las telecomunicaciones y con ayudas al sector primario.
En todo caso, resaltan desde el Ejecutivo regional los 30 millones para el programa de lucha contra la pobreza, y los 50 para atención a inmigrantes, partida contemplada por primera vez de manera específica como transferencia a la comunidad autónoma para compensar la crisis migratoria de los dos últimos años y en especial los gastos derivados de la tutela de los más de 2.500 menores que acogen las instituciones isleñas. También está asegura un fondo de 5,2 millones para subvencionar el pago de las primas de los seguros agrarios contratados por los agricultores de la Comunidad Autónoma, otro de los preceptos que en 2021 quedó fuera de las partidas del REF aunque sí aparecía en otras innominadas. También destacan desde el Ejecutivo regional los 715,6 millones referidos al artículo 11 del REF para el extracoste de generación eléctrica, 25 millones más que en en 2021. El total de las partidas de la ley económica canaria suma, según esos cálculos oficiosos del Gobierno regional, suma 820 millones, frente a los 779 de las cuentas ahora en vigor.
Media de inversión a debate
La otra gran cuestión a debate en el análisis del proyecto presupuestario para el próximo año es si se supera o no la media de inversión estatal respecto al conjunto del territorio nacional, tal como exige el fuero isleño. En este caso, dicho cálculo no solo depende de si a los 362.4 millones de inversión directa (Capítulo VI) se suman las transferencias a la Comunidad Autónomas (Capítulo VII) para determinar la media respecto al resto del Estado, sino también el hecho de que se incluyan los 200 millones de deuda en carreteras. El cuadro presupuestario de inversión directa regionalizable sigue situando a Canarias en los puestos de cola del conjunto de comunidades autónomas, con 166,9 euros por habitante, sólo por encima de Navarra y Baleares pero lejos de los 284,93 de media. Pero el Gobierno regional estima que al Capítulo VI hay que añadir las partidas del Capítulo VII, transferencias referidas a infraestructuras, en cuyo caso la inversión en las Islas alcanzaría los 402,26 euros por habitante, más de 177 euros por encima de la media estatal.
Deuda de carreteras
El otro punto de controversia que se avecina en la lectura del proyecto presupuestario tiene que ver con la deuda estatal en carreteras, ya que esos 200 millones recogidos en el Ministerio de Transportes no deberían computarse como aportación estatal a la ficha canaria porque son fondos que, de facto, corresponden al pago de dicha deuda. De hecho, aunque la consejería de Obras Públicas de Canarias considera que esos fondos podrán ser utilizados por la Comunidad Autónoma de forma discrecional, la consejería de Hacienda cree que ese pago debería estar recogido en el proyecto presupuestario a través de una Disposición Adicional, como se hizo con los 100 millones correspondientes a 2021 por ese concepto.
