Este año han sido 98 las instituciones principales de Canarias, y el 96,3% de sus entidades públicas dependientes (empresas, fundaciones...), las que han presentado la declaración de transparencia al Comisionado de Transparencia. Según el propio organismo, tan solo trece de las 348 organizaciones públicas isleñas dejaron de hacerlo. El dato supone un notable avance, ya que durante el pasado ejercicio fueron 62 las que no lo hicieron.
Esos números suponen una reducción del incumplimiento del 77%, que se suma a la mejoría continúa desde que en 2016 se comenzaron a realizar estas evaluaciones a las entidades públicas. La progresión confirma que en Canarias se alcanzan las mejores ratios de toda España y el Archipiélago se sitúa en posición avanzada para el control de los miles de millones de euros procedentes de los fondos europeos NextGeneration EU, que se distribuirán en los próximos ejercicios para ayudar a la recuperación económica.
Tanto las instituciones principales (Gobierno, cabildos, ayuntamientos y universidades) como las entidades dependientes o subvencionadas tienen hasta el 2 de noviembre para presentar alegaciones y mejorar sus notas y la calidad de sus portales de transparencia. Las que no lo hagan mantendrán mantendrán la nota.
De 136 controlados
«Cada año se reduce el incumplimiento en la declaración de transparencia de los sujetos públicos y aumentan en paralelo las puntuaciones obtenidas por la mejora de los contenidos de portales de transparencia: hace tres años 136 incumplían, hace dos, 62, y en este ejercicio, solo trece. Las puntuaciones provisionales han subido y aún mejorarán algo este mes durante el periodo de alegaciones que hemos abierto. Ya se puede establecer estadísticamente una clara correlación entre el aumento de la autoevaluación y la mejora de la transparencia activa de los portales», señala Daniel Cerdán, comisionado de Transparencia de Canarias, órgano dependiente del Parlamento autonómico.
Las entidades públicas y privadas tienen hasta el 2 de noviembre para alegar y subir nota
Sin embargo, no se da la misma progresión en lo que respecta «al derecho de acceso a la información, donde aún hay muchísimo margen de mejora», continúa Cerdán que detalla que todavía es muy elevado el «porcentaje de ciudadanos» a los que se les da «la callada por respuesta, con el silencio administrativo». De hecho, los datos del organismo dependiente de la Cámara regional revelan que tres de cada cuatro reclamaciones de derecho de acceso a la información que llegaron durante el año pasado se interpusieron precisamente por eso.
En el proceso de evaluación colabora más de un millar de servidores públicos y trabajadores de entidades privadas subvencionadas. «Les estamos muy agradecidos», subrayó el comisionado. «Ellos han generado en la aplicación T-Canaria alrededor de 1.700.000 datos, con los que el algoritmo define automáticamente el mayor o menor grado de avance o retroceso de la transparencia activa de cada sujeto obligado», detalló Daniel Cerdán.
Por otra parte, por segundo año consecutivo se ha emplazado a presentar declaración a 707 entidades subvencionadas con más de 60.000 euros en 2020 por el Gobierno de Canarias y 100.000 euros en el caso de los cabildos insulares. De ese grupo, se han autoevaluado 579, el 81,90%, del total, porcentaje que duplica al que se alcanzó en 2016, ejercicio en el que se evaluó por primera vez a las instituciones públicas y solo 37 de ellas contestaron. También han realizado por segunda vez su autoevaluación de transparencia 54 corporaciones de derecho público, principalmente colegios profesionales. En total, son 968 las entidades que se han autoevaluado estos meses frente a las 661 del ejercicio anterior.
También contarán con un plazo de alegaciones abierto hasta el 2 de noviembre para que cualquiera, públicas o privadas, de las que presentaron su autoevaluación puedan mejorar la puntuación provisional que ya tienen disponible en la sede electrónica del Comisionado.
La aplicación T-Canaria permite a todas las entidades públicas autoevaluarse sobre el nivel de calidad que presenta sus portales de transparencia, webs o sedes electrónicas. Es decir, es un ejercicio de transparencia sobre su propia transparencia, que resulta útil al conjunto de la organización, dirigentes y empleados públicos.
En las administraciones ya se empieza a consolidar la cultura de informar a través de los portales de transparencia, mientras que no ocurre así en el mismo grado en las entidades dependientes de las mismas, a través de las que se gasta, en muchos casos, más de un tercio del presupuesto.
Las evaluaciones son trasladadas en un informe al Pleno del Parlamento de Canarias al final del proceso de evaluación. Cubierto dicho trámite, serán publicadas en formato abierto.
Esta herramienta telemática permite calcular el Índice de Transparencia de Canarias (ITCanarias), primer ranking público de carácter autonómico creado hasta ahora. Su misión es ayudar a las entidades a mejorar la transparencia y a reducir la opacidad de forma ágil y económica: ningún trámite se realiza ya en papel.
Su algoritmo reduce la arbitrariedad en las comprobaciones y valoraciones, al ejecutarlas mediante cálculos matemáticos y su funcionamiento se explica en el Manual de Uso publicado en la sede electrónica del Comisionado de Transparencia y en un apartado sobre Evaluación dentro de la web.
En la evaluación colabora más de un millar de empleados públicos y empresas subvencionadas
En esa misma página se facilitan, en una hoja de cálculo llamada Mapa de Obligaciones, los contenidos informativos que cada tipo de entidad ha de incluir en su portal de transparencia según la ley: 120 la Comunidad Autónoma: 111 contenidos los ayuntamientos y cabildos; entre 80 y 50 las entidades vinculadas y dependientes de todas las instituciones canarias; y solo 14 las entidades subvencionadas por el sector público.
Lo que cada persona no encuentre en ellas puede preguntarlo a cada institución, que está obligada a responder en el plazo de un mes, según determina la legislación. Si no hay respuesta o es insuficiente, puede presentar reclamación sin coste legal alguno ante el Comisionado de Transparencia de Canarias, bien desde su casa a través de la sede electrónica, o bien en cualquier registro oficial público.
