Suscríbete

Contenido exclusivo para suscriptores digitales

Bloqueado el acceso del Gobierno a la jornada laboral de 30.000 empleados

Función Pública considera que el programa de horarios, permisos y vacaciones le pertenece y exige a la empresa que se lo entregue, pero ésta se niega

Julio Pérez, en un pleno del Parlamento de Canarias

La continuidad del Sistema Integral de Control Horario (Sicho) para los empleados públicos está en el aire por una pugna abierta entre la Administración autonómica y la empresa concesionaria del sistema por la propiedad del software, es decir, del programa que sustenta el Sicho y que el Gobierno considera suyo. Esta controversia abierta sobre la titularidad de la herramienta informática que desarrolla el sistema ha dejado a más de 30.000 empleados públicos sin control automático de su jornada laboral y al Ejecutivo sin acceder a los datos de sus trabajadores en cuanto a vacaciones, licencias, permisos o asuntos propios, por lo que hoy por hoy se desconoce si la provisionalidad actual va para largo o no.

El viceconsejero de Administraciones Públicas, Manuel Martínez, asegura que en el pliego de condiciones del contrato que se firmó en 2015, y que venció el pasado 30 de septiembre, «se establecía que la propiedad del código fuente –archivo del programa que desarrolla la aplicación– quedaba en manos de la Administración pero la empresa entiende que ellos son los titulares del mismo».

Martínez niega que el Gobierno vaya a dar más dinero para adquirir la propiedad del software porque entiende que queda claro en el pliego de condiciones, por lo que busca alternativas a través de un concurso cuyos preparativos se iniciaron en abril pero que aún no han culminado como consecuencia del conflicto abierto con la empresa que hasta ahora ha gestionado el sistema de control horario en la Administración.

El Ejecutivo teme que el contencioso acabe en la vía judicial si se recurre el nuevo concurso

decoration

«Esperábamos continuar con el servicio mientras se resolvía el concurso, pero no ha podido ser y estamos buscando alternativas provisionales mientras sacamos el concurso a libre concurrencia para ver qué sistemas de control hay en el mercado», añade el viceconsejero, que, no obstante, reitera que el Gobierno está solicitando a la empresa que le entregue la programación del software pero la empresa se niega a hacerlo.

El número dos de la Consejería de Administraciones Públicas recuerda que el contrato entró en vigor en octubre de 2015 y se firmó por cuatro años prorrogables hasta dos más, algo que se cumplió hasta el final y caducó el pasado 30 de septiembre. Martínez asegura que la Consejería está acelerando las gestiones para evitar más demoras en la publicidad del concurso, aunque sí teme que cuando se convoque pueda ser objeto de reclamación por parte de la empresa concesionaria que tenía hasta ahora el sistema, lo que puede acabar en la vía judicial, en cuyo caso el Gobierno «se tendrá que defender», admite el viceconsejero.

Función Pública está analizando un plan con fórmulas para facilitar el control de la jornada laboral de los empleados públicos mientras se resuelve el contencioso actual. No obstante, «dependemos de que se nos entregue el código fuente para poder desarrollar la aplicación», añade Martínez.

Los sindicatos advierten que este problema afecta a las condiciones de trabajo

decoration

La situación generada en el control de la jornada laboral de los empleados públicos ha generado estupor entre los sindicatos, que no ven una solución a corto plazo de este contencioso si hay un pleito entre el Gobierno y la empresa por la propiedad intelectual de los datos del sistema. El portavoz del Sindicato de Empleados Públicos de Canarias (Sepca), Manuel González, considera «impresentable» este tipo de improvisaciones «cuando han tenido tiempo más que suficiente para resolver el nuevo contrato porque sabían que la fecha límite era el 30 de septiembre».

El dirigente sindical critica que los representantes de los empleados públicos se hayan tenido que enterar por los medios de esta situación después de la resolución de la Dirección General de Función Pública para la entrada en vigor del régimen transitorio de control de la jornada hasta que se resuelva esta situación. «Parece que Función Pública va a golpe de improvisación y de resoluciones de manera unilateral sin contar con las organizaciones sindicales», añade el portavoz de Sepca. González advierte que es un asunto que también afecta a las condiciones de trabajo de los empleados públicos porque se trata no solo de la jornada laboral sino también de los permisos, licencias y vacaciones.

El representante sindical considera que la gestión de los recursos humanos de la Administración autonómica está entrando en una situación «caótica» que, lejos de resolverse, es cada vez más grave y, por ello, exigió que haya más negociación social porque el sistema Sicho se implantó en su momento tras un acuerdo con los sindicatos.

Compartir el artículo

stats