La empresa propietaria del programa (software) del Sistema Integral de Control Horario (Sicho) ha presentado dos demandas contra la Administración autonómica ante su intento de arrogarse la propiedad del mismo. Tras un requerimiento notificado en agosto, MHP Servicios de Control SL presentó un recurso contencioso-administrativo que ha sido admitido por el TSJC en Santa Cruz de Tenerife, mientras que a principios del presente mes presentó una denuncia por la vía penal por vulneración de la ley de propiedad intelectual y presunta prevaricación y que está en manos del Juzgado de Instrucción número 7 de Las Palmas de Gran Canaria. El objetivo de ambas demandas es el mismo y es que el Gobierno debe cesar en su decisión unilateral de apropiarse del programa y el código fuente del Sicho y que no está legitimado para sacar un nuevo concurso sobre el control horario de los empleados públicos para el mantenimiento de un software que no es de su propiedad.
El administrador único de MHP, Moisés Hernández Padrón, lamenta que se haya llegado a esta situación tras los intentos infructuosos de la empresa por llegar a un acuerdo con la Dirección General de Función Pública ante el vencimiento del actual concurso, que fue el pasado 30 de septiembre. "Lejos de mí está perjudicar a nadie, esta empresa lleva 25 años trabajando con las administraciones públicas y nunca hemos tenido problemas, pero lo que pretende el Gobierno intentando quedarse con el programa supondría nuestro cierre y aquí hay 70 puestos de trabajo y una reputación labrada durante años con más de 800 clientes", señala Hernández.
El TSJC admite a trámite un recurso contencioso para pedir el expediente administrativo
Aunque ha sido esta semana cuando ha salido a la luz pública el contencioso entre Función Pública y la empresa creadora del Sicho, el conflicto se empezó a gestar hace varios meses cuando el Ejecutivo inició la preparación del pliego de condiciones para el nuevo concurso. MHP ya advirtió por entonces, en marzo, de los problemas con los que se podría encontrar el Ejecutivo si sacaba el concurso bajo la premisa de que el programa es suyo. Pero fue en julio cuando saltaron todas las alarmas en la empresa tras el acuerdo del Consejo de Gobierno de autorizar una partida de 3,4 millones de euros para contratar el mantenimiento del servicio de control horario de los empleados públicos con el argumento de que "la nueva licitación difiere del contrato actualmente vigente dado que el sistema de control horario es ya propiedad de la Administración de la Comunidad Autónoma".
Este anuncio oficial provocó que Moisés Hernández interpusiera un requerimiento ante la Consejería de Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad el pasado mes de agosto denunciando una "atribución ilegítima" por parte de la Comunidad Autónoma de la aplicación propiedad de MHP, lo que "carece de total cobertura legal" al vulnerarse la ley de Contratos del Sector Público y la legislación en materia de Propiedad Intelectual. La queja de la empresa estima que la interpretación que hace Función Pública del pliego de condiciones del contrato suscrito en 2015 es "arbitraria, injusta y abusiva" ya que se trata de una continuidad del contrato que ya suscribió MHP en 2008 y en el que consta que el programa del Sicho ha sido ideado y desarrollado por los programadores de la empresa y que este sistema ya venía funcionando en los juzgados de la Administración de Justicia desde 1997.
El requerimiento daba diez días al Gobierno para retirar el anuncio del concurso y del párrafo donde se hacía constar la propiedad del sistema por parte de la Administración. Transcurrido el plazo MHP presentó un recurso contencioso-administrativo a principios de septiembre que ha sido admitido a trámite y ahora es la Sala del TSJC la que da un plazo de 30 días a la Comunidad Autónoma para que le traslade todo el expediente administrativo del Sicho.
La empresa afirma que todos los datos han sido transferidos a los servidores del Gobierno
Lejos de acercarse las posturas, Función Pública emitió una resolución el pasado 30 de septiembre en la que se arrogaba "en exclusiva" la propiedad del programa. Esta fue la gota que colmó el vaso y Moisés Hernández presentó una querella por presunta vulneración de la propiedad intelectual y prevaricación, que la policía ha puesto en manos del Juzgado de Instrucción 7 de la capital grancanaria. El empresario advierte que desde el 1 de octubre la Administración estuvo utilizando el Sicho sin autorización y con el contrato vencido hasta que el pasado lunes Función Pública decidió cambiar el sistema de control, si bien Hernández avisa que las incidencias de entrada y salida de los empleados públicos están registrándose en la página web del sistema, algo que tampoco es totalmente legal.
El administrador único de MHP niega que la empresa tenga los datos de estos años de utilización del sistema y que antes del vencimiento del contrato todos los datos fueron trasladados a los servidores del Gobierno.
Servicio integral desde 2009
Creación
Entidad propietaria
- MHP Servicios de Control SL se postula como entidad propietaria y creadora del programa de ordenador Portal Horario así como del conjunto de los sistemas y componentes que en su combinación forman parte del servicio integral que ha utilizado el Gobierno desde 2009 para controlar la jornada laboral y las vacaciones, permisos y licencias de los empleados públicos.
Pliego
Errónea interpretación
- La empresa estima que el Ejecutivo interpreta erróneamente el pliego de condiciones de 2015 pese a lo manifestado por el viceconsejero de Administraciones Públicas, Manuel Martínez, además de ir contra la legislación aplicable. «El ámbito de la informática sin duda va mucho más allá de los anquilosados términos de la interpretación legal», advierte la empresa en su requerimiento.
Aplicación
Programa propio
- MHP recuerda que la Administración autonómica ya cuenta con su propia aplicación denominada Sistema Integral de Control de Accesos y Horarios (Sicah) que no formó parte del encargo a raíz de la licitación convocada en 2008.
