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Supremo contra Congreso

La Sala de lo Penal envía un oficio a Batet para que se ejecute la condena de inhabilitación contra Alberto Rodríguez

Alberto Rodríguez ayer en la Comisión de Derechos Sociales. EFE

Al Supremo no le valen acuerdos políticos y se avecina un choque institucional. Un día después de que PSOE y Unidas Podemos en la Mesa del Congreso ‘salvaran’ el escaño de Alberto Rodríguez, condenado por patear a un policía en una manifestación en La Laguna en 2014, el Alto Tribunal pedía ayer cuentas a la presidenta de la Cámara baja, Meritxell Batet, por la «reinterpretación» de la sentencia dictada el 7 de octubre. El titular de la Sala de lo Penal, Manuel Marchena, le insta a que ponga fecha al inicio de la pena de inhabilitación para el derecho de sufragio pasivo impuesta al diputado canario y ex secretario de organización de los morados hasta mayo. Esto es: el mes y medio en el que el acta parlamentaria debe quedar en suspenso.

En un oficio enviado ayer a la Cámara –a través del presidente del Supremo y del Consejo general del Poder Judicial, Carlos Lesmes– Marchena reclama que se lleve a efecto «la práctica de la correspondiente liquidación de condena».

Rodríguez fue sentenciado como autor de un delito de atentado a agentes de la autoridad, con la atenuante muy cualificada de dilaciones indebidas, a la pena de un mes y quince días de prisión, con la accesoria de inhabilitación especial para el derecho de sufragio pasivo durante el tiempo de duración de la condena. El fallo acordaba sustituir la pena de prisión por una de multa de 90 días con cuota diaria de 6 euros. Un total de 540 euros que el parlamentario abonó una vez que el Supremo, en respuesta a un recurso de aclaración, rechazara la semana pasada corregir ninguno de los puntos del fallo. En la resolución, apuntaba el Supremo, está explicado «con suficiente claridad todo lo relativo a la imposición de la pena de prisión y su accesoria [la inhabilitación]».

Con todo, el martes, la mayoría del PSOE y de Unidas Podemos en la Mesa del Congreso impuso su criterio frente a los representantes del PP y de Vox para mantener a Rodríguez en el escaño, uno de los dos de Unidas Podemos de representación canaria.

Socialistas y morados se valen para refrendar su decisión del informe jurídico elaborado por los letrados de la Cámara. Según los servicios jurídicos la sustitución de la pena de cárcel por una sanción económica, ya pagada, impide que la sentencia tenga ‘extra penales’ y por lo tanto Rodríguez puede mantener su acta.

De hecho, los letrados defienden que la pena privativa de libertad, que sí hubiera conllevado que el tinerfeño dejara el escaño, «no llegó a nacer en ningún momento» al haber sido sustituida desde su origen por una sanción económica. En este caso, argumentan, no concurre «ni la causa de sobrevenida» contemplada en el artículo 6 de la Ley Orgánica del Régimen Electoral General, ni ninguno de los supuestos que, en aplicación del Reglamento del Congreso, comportarían «bien la suspensión de los derechos, prerrogativas y deberes del diputado» o la pérdida del escaño.

Esa interpretación ya el martes era rechazada en todo sus puntos por los grupos de la oposición de PP, Vox y Ciudadanos (Cs), que reclamaron de inmediato la intervención de la Junta Electoral Central para que hiciera «cumplir una sentencia que no es interpretable». Al tiempo que instaban a la Fiscalía a que reclamara al Supremo una aclaración de la ejecución de la sentencia.

No ha hecho falta. El Alto Tribunal ha actuado antes e insiste en que el diputado debe dejar el acta porque ya no cumple con los criterios que determina la ley. Es decir, aunque la pena de inhabilitación para el derecho de sufragio pasivo impide a condenados presentarse a elecciones y Rodríguez no lo estaba hasta hace apenas dos semanas, la jurisprudencia determina para estos casos la denominada «inelegibilidad sobrevenida».

El Supremo había dejado en manos de la Junta Electoral el calendario de actuaciones en este caso, aunque sin mucho éxito. El órgano de vigilancia de la ley electoral no se consideraba afectado o interpelados por este debate, pero con el toque de atención de ayer de la Sala de lo Penal al Congreso ahora ya no le quedará otro remedio que pronunciarse al respecto. No solo el Supremo apela a su intervención sino también los grupos de la oposición que ayer, por segundo día, insistieron en la inhabilitación.

La portavoz de los populares, Cuca Gamarra, en rueda de prensa minutos después de conocerse el malestar del Supremo exigía a la Mesa del Congreso que rectificara y procediera a ejecutar literalmente la pena de inhabilitación impuesta a Alberto Rodríguez.

Para Gamarra «no cabe interpretación» alguna por parte del Congreso a la condena del Supremo contra Rodríguez, sino que sólo es posible «ejecutarla». «No caben subterfugios, ni dilaciones, ni interpretaciones», subrayó.

En el mismo sentido, la secretaria general del grupo parlamentario de Vox, Macarena Olona, recalcó que debe ser el Tribunal Supremo o, en su caso, la Junta Electoral Cental, el que debe interpretar la sentencia por la que se condenó a Rodríguez, pero en ningún caso la Mesa del Congreso, presidida por Meritxell Batet, a la que se ha referido como «Meritxell Forcadell», en alusión a la expresidenta del Parlament Carme Forcadell.

Del otro lado, la número dos de Podemos y ministra de Igualdad, Irene Montero, fue la encargada de defender la posición de la Mesa en base al informe de los letrados. «Hay que cumplir con la legalidad vigente», dijo al tiempo que denunció una persecución contra los miembros de su partido.

Desde el ala socialista, sin embargo, se apelaba ayer a la prudencia y adelantaban que la Mesa se pronunciará de forma definitiva cuando llegue el requerimiento firme del Supremo. Fuentes del partido se desligan ahora del acuerdo tomado el martes y aseguran que no se tomó esa decisión, sino que únicamente se respondió a los escritos presentados por PP, Cs y Vox para que se acordara la retirada del acta a canario.

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