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El Gobierno sigue con el concurso del control horario pese a las demandas

Función Pública acelera la licitación aunque con el temor a que la empresa MHP paralice la adjudicación

La Consejería de Administraciones Públicas sigue con los trámites de la licitación del nuevo concurso para adjudicar el sistema de control de la jornada laboral de los empleados públicos a pesar de las denuncias judiciales de la empresa adjudicataria del anterior concurso, que estuvo vigente desde 2015 hasta el pasado 30 de septiembre y que también fue la misma que prestó el servicio desde 2009. El Ejecutivo se arriesga a una paralización del proceso sine die en el caso de que la Justicia atienda los requerimientos de MHP Servicios de Control SL, que ha exigido que se desista del procedimiento de contratación pública por atribuirse el Gobierno la propiedad del programa que sustenta el Servicio Integral de Control Horario (Sicho).

Desde abril la Dirección General de Función Pública inició los trámites para el nuevo concurso ante la inminencia de la caducidad del contrato. La adjudicación de 2015 fue de cuatro años con opción a prórroga durante dos años más, periodo que consumió el Ejecutivo entre 2019 y 2021. Durante este periodo de prórroga el Ejecutivo destinó 1,7 millones de euros para poder mantener el servicio.

Cuando la Consejería lanzó el concurso los objetivos eran la continuidad del Servicio Integral de Control Horario que se venía prestando desde 2009 por MHP y la gestión unificada para todos los colectivos que estaban funcionando por separado pero cuyos servicios eran prestados por la misma empresa, en este caso la Administración General, la Administración de Justicia y el Servicio Canario de Salud. Bajo esta premisa la única empresa que se presentó a la licitación fue MHP porque, según la empresa, las condiciones que se establecían en el pliego de condiciones imposibilitaba en la práctica que se presentaran otras empresas ya que los plazos para el desarrollo de un sistema de control eran muy cortos e inasumibles si se empezaba desde cero.

El choque entre Función Pública y la empresa MHP viene, entre otros motivos, por la continuidad del servicio con el mismo sistema que viene funcionando de forma ininterrumpida desde 2009 y que la Comunidad Autónoma pretende mantener dentro de sus programas de gestión de recursos humanos (Sirhus) y nóminas para que se integren en las aplicaciones centralizadas de la Comunidad Autónoma. Según la empresa, el concurso de 2015 no difería en nada del servicio que en el año 2008 ya se había implantado.

Desde el departamento que dirige Julio Pérez las gestiones se han acelerado para sacar la licitación ya que desde esta semana hay un sistema provisional para controlar la jornada laboral que supone serios quebraderos de cabeza, tanto para los empleados públicos como para los jefes de servicio y de recursos humanos de los diferentes centros directivos. Las demandas planteadas por la empresa, tanto por la vía contencioso administrativa como por la vía penal, no son óbice para que la Administración haya paralizado su intención de seguir con el nuevo concurso aunque con la incertidumbre que supondría que MHP planteara la suspensión cautelar de la licitación mientras se dilucida el pleito por la propiedad del programa del Sicho.

Esta situación ha enrarecido las relaciones entre Función Pública y los sindicatos, que desconocían el alcance real del conflicto con MHP y las consecuencias que supone para los empleados públicos retroceder en la verificación diaria de la jornada laboral.

En una reunión mantenida el miércoles en la mesa de negociación de los empleados públicos, los sindicatos pusieron sobre la mesa este problema. El Sindicato de Empleados Públicos de Canarias (Sepca) expresó su queja por lo que considera una dejación de funciones de la Administración que «conocedora del fin del contrato que mantenía con la empresa que gestionaba el sistema Sicho a finales de septiembre no ha acometido con la suficiente antelación los trámites con la fórmula que considerase», explica el portavoz de la organización sindical, Manuel González.

Sepca teme que este conflicto vaya para largo si la empresa sigue adelante con sus denuncias. También el portavoz en la mesa del sindicato CCOO, Jorge Reyes, cuestiona el papel de la Administración en este contencioso y los problemas que acarrea su judicialización. «Este problema es más grave de lo que parece», advierte Reyes, que ve poca predisposición al diálogo y al acuerdo por parte de la Dirección General de Función Pública. Los sindicatos exigen medidas alternativas para evitar un retroceso general en el sistema de control de la jornada laboral de los empleados públicos y en la regularización de sus vacaciones, permisos y licencias. 

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