La interrupción del sistema de control de la jornada laboral de los empleados públicos de la Comunidad Autónoma (Sicho) ha provocado que Función Pública se haya visto obligada a volver al papel para controlar el seguimiento de las jornadas de paros convocadas para la próxima semana por el personal interino en el conflicto que les enfrenta con la Administración. A través de una orden interna comunicada a los distintos departamentos y centros directivos, los jefes de servicio tendrán que pasar a la firma de los trabajadores un listado en papel para verificar la presencia de los empleados y los que están ausentes por seguir la convocatoria de huelga. La perplejidad entre los responsables de los departamentos y los empleados es que se ha tenido que improvisar un modelo de papel para el control de la huelga.
La pugna entre la Consejería de Administraciones Públicas y la empresa que suministraba el servicio del Sicho ha dejado sin control automatizado de la jornada laboral a más de 30.000 empleados públicos. Cuando hay huelga total o paros parciales por algún motivo el empleado ponía directamente la ausencia en el aplicativo, que lo registraba automáticamente como una incidencia. La paralización del sistema ha provocado varios efectos, entre ellos que los jefes de servicios y gestores de recursos humanos tengan que validar diariamente la entrada y salida de los empleados con incidencias en los ordenadores, además de complicar la gestión de los permisos, vacaciones y licencias.
Un efecto colateral de esta situación anómala es la huelga que mantienen desde enero los empleados interinos de la Administración General. Desde hace varios días la Dirección General de Función Pública ya había advertido sobre el control de presencia del personal ante esta circunstancia por la imposibilidad técnica de mecanizar los controles de presencia en los terminales de fichaje, aplicación móvil y web de Sicho. Por ello tanto en los paros parciales como en los totales convocados para la próxima semana el control del seguimiento se hará en formato papel. De esta forma, el jefe de servicio correspondiente tiene que rellenar los nombres y apellidos de los empleados a su cargo, pasarlo a la firma para justificar su presencia en el puesto de trabajo y que no están secundando la huelga.
Los interinos convocantes del conflicto y el comité de huelga no salen de su asombro ante el retroceso que supone volver a la firma en papel, la improvisación que reconocen los propios jefes y responsables y la obligación de tener que justificar la ausencia del puesto de trabajo. Es más, no solo hay que rellenar un formulario sino que cada jefe de servicio tiene que remitir un certificado con los empleados a su cargo que hayan secundado la huelga.
En el marco del conflicto laboral de los interinos hay convocados paros totales entre el lunes y el jueves de la próxima semana con movilizaciones entre Gran Canaria, Tenerife y Lanzarote. En las dos islas capitalinas hay convocadas concentraciones lunes, martes y miércoles de 11.00 a 13.00, mientras que para el jueves 28 hay convocadas manifestaciones en las dos capitales canarias entre 10.00 y 13.00. Estas últimas convocatorias coincide con una huelga nacional de los empleados públicos interinos convocada para el próximo jueves por varios sindicatos y plataformas.
Pelea por la propiedad
La Dirección General de Función Pública mantiene su tesis de que en el pliego de prescripciones técnicas del concurso de 2015 se refleja que el programa de control de la jornada laboral es propiedad de la Administración General de la Comunidad Autónoma. En este sentido, el pliego establece en el apartado de las licencias que "para el caso de la solución específica de control de horario, ésta no estará sometida a licencia de uso y será obligatorio disponer en cualquier momento de su código fuente, así como de su propiedad. Esta solución específica abarca todos los entornos" de la Comunidad Autónoma que cuentan con este sistema que son la Administración General, Justicia y Sanidad. Asimismo, en otro párrafo del pliego se especifica que "el mantenimiento evolutivo sobre las aplicaciones que están en propiedad del Gobierno de Canarias suponen que éstas y sus ampliaciones siguen siendo propiedad del Gobierno de Canarias".
Otro aspecto clave es el del código fuente, que es el archivo que contiene la programación del software del sistema, ya que en el texto del pliego se recoge que "el código fuente estará a disposición del Gobierno de Canarias. A tal fin se suministrará el código fuente a la Dirección General de Telecomunicaciones y Nuevas Tecnologías, así como los manuales de compilación". Con estas bases, en abril Función Pública inició los trámites para el nuevo concurso ante la inminencia de la caducidad del contrato.
Por su parte, la empresa MHP sostiene que el concurso de 2015 fue continuidad del de 2008 dado que, aunque fuera una convocatoria abierta, no había ninguna empresa en el mercado con la capacidad de suministrar un programa y unos equipos similares en tan poco tiempo. La empresa recuerda que antes de 2008, cuando empezó el Sicho en los centros dependientes de Función Pública, el programa creado por los programadores de MHP ya estaba funcionando en otros organismos y entidades de la Comunidad Autónoma como Justicia, Servicio Canario de Salud, Servicio Canario de Empleo y otra entidades y empresas públicas. El pliego de un concurso no está por encima de la ley de propiedad intelectual, sostiene la empresa.
Un ‘software’ creado hace dos décadas
La empresa MHP, creadora del sistema de control horario que sustenta el Sicho, sostiene que el concurso convocado en 2015 fue continuidad del de 2008 dado que, aunque fuera una convocatoria abierta, no había ninguna empresa en el mercado con la capacidad de suministrar un programa y unos equipos similares en tan poco tiempo como demandaba la Administración. La empresa recuerda que antes de 2008, cuando empezó el Sicho en los centros dependientes de Función Pública, el software creado por los programadores de MHP ya estaba funcionando en otros organismos y entidades de la Comunidad Autónoma como Justicia, Servicio Canario de Salud, Servicio Canario de Empleo y otras entidades y empresas públicas. El pliego de un concurso no está por encima de la ley de propiedad intelectual, sostiene la empresa, ya que, aunque el Gobierno establece en el pliego de prescripciones técnicas que el programa de control de la jornada laboral es propiedad de la Comunidad Autónoma, eso no es óbice para que se adueñe del software y el código fuente que está funcionando en distintas administraciones y empresas desde hace 20 años. La empresa presentó ante notario un acta de 2010 rubricada por los dirigentes de entonces de Función Pública, Telecomunicaciones y la Inspección General de Servicios junto a los responsables de MHP Control de Servicios SL en el que se desarrolla la implantación del Servicio Integral de Control Horario (Sicho) como el modelo más adecuado para el seguimiento de la jornada laboral de los empleados públicos así como para el control de los permisos, licencias y vacaciones. La empresa ha exigido a través de un recurso contencioso todo el expediente desde su origen. | R.A.D.
