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Las oposiciones de la Policía Canaria provocan un lío jurídico en el Gobierno

Seguridad y Función Pública chocan por la publicación o no del baremo del test psicotécnico | El dilema está en si repetir la prueba para todos o solo los no aptos

Agentes del Cuerpo General de la Policía Canaria en Santa Cruz de Tenerife. | | MARÍA PISACA

La nueva polémica en las oposiciones de la Policía Canaria ha derivado en un conflicto jurídico en el que no se ponen de acuerdo las direcciones generales de Seguridad y Emergencias, por un lado, y de Función Pública, por otro, ambas dependientes de la Consejería de Administraciones Públicas. Ambos departamentos discrepan en torno a si hay que publicar previamente a la prueba los criterios específicos y la baremación que regulan el test psicotécnico. Por lo pronto no hay una posición definitiva sobre cómo se va a encauzar la decisión de Función Pública de retrotraer las actuaciones y volver a repetir el test tras el recurso presentado por un opositor.

El enfrentamiento jurídico entre los dos departamentos también está pendiente de la decisión que adopte el Tribunal Supremo, cuya Sala de lo Contencioso estudia sentar jurisprudencia sobre este aspecto a raíz de una sentencia que revocaba una decisión similar en las pruebas de acceso a la Policía Foral de Navarra. En un auto de finales de 2020 el Alto Tribunal no solo admitió a trámite el recurso de los afectados que se quedaron fuera de las oposiciones, sino que los magistrados entienden que hay interés casacional objetivo para formar jurisprudencia en torno a si una prueba que define los rasgos o factores a valorar en una prueba psicotécnica y su sistema de baremación se ha de dar a conocer a los participantes con carácter previo a la realización de la prueba. Asimismo, el Supremo estudia cuál debe ser el contenido del deber de motivación de la declaración de no apto en una prueba psicotécnica.

Después de casi un año el Supremo no se ha pronunciado aún mientras surge un conflicto jurídico similar en Canarias. La Dirección General de Función Pública emitió recientemente una resolución desautorizando al tribunal y exigiendo que se dé a conocer a los afectados la baremación de la prueba. Sin embargo, Seguridad y Emergencias y el tribunal discrepan al considerar que la valoración en torno a los rasgos o factores de personalidad y aptitudes son cuestiones subjetivas que son valoradas por el tribunal y los psicólogos que realizan el test.

El Supremo está pendiente de crear jurisprudencia por un problema similar surgido en Navarra

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Pero el Gobierno regional no puede esperar a la decisión del Supremo porque supondría paralizar sine die las oposiciones y, como consecuencia, ralentizar uno de los principales objetivos políticos de la Consejería que dirige Julio Pérez y es llegar a los 301 agentes de la Policía Canaria antes de finalizar la legislatura. En este proceso selectivo hay convocadas 50 plazas, mientras que para el próximo año se pretenden convocar hasta 75 plazas nuevas para alcanzar ese objetivo.

Esta convocatoria del cuerpo policial autonómico ya tuvo problemas en la prueba de inglés, que tuvo que repetirse en marzo pasado porque una academia filtró un examen que resultó ser el que finalmente puso el tribunal. También han habido otros incidentes de recursos que vienen del proceso selectivo de 2019 como el de tres opositores que fueron excluido en el reconocimiento médico por llevar tatuajes.

En el embrollo interno generado en la Consejería de Administraciones Públicas en relación con estas pruebas hay varias opciones sobre la mesa: si todos los opositores, incluidos los que superaron el test, tienen que repetir la prueba psicotécnica; si solo la repiten los no aptos o se busca una solución específica. Si el Supremo dilata su jurisprudencia sobre este asunto el Ejecutivo corre el riesgo de chocar con lo que decida el Alto Tribunal porque todavía es discutible si la falta de publicación de los baremos constituye una ilegalidad o no.

Esta situación rocambolesca ha llevado la incertidumbre a los opositores y las críticas de la mayoría de los sindicatos, que desconocen en qué situación queda el proceso selectivo. Para esta convocatoria, publicada en 2020, se presentaron cerca de 900 aspirantes, mientras que son más de un centenar los que están pendientes de la última prueba, que es el reconocimiento médico. Nuevos recursos e impugnaciones penden sobre el Ejecutivo en función de la decisión que se adopte sobre el test psicotécnico.

La meta de los 301 efectivos

Modificaciones. Cambios en las plazas

El Ejecutivo regional tiene previsto modificar la plantilla y la relación de puestos de trabajo del Cuerpo General de la Policía Canaria en los presupuestos autonómicos de 2022 hasta alcanzar los 301 puestos. De hecho, la Consejería de Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad ampliará el catálogo de efectivos del cuerpo autonómico sin cobertura presupuestaria adicional de forma excepcional.

Negociación. Más financiación

El Ejecutivo tiene el empeño de llegar a los 300 efectivos para negociar con el Estado la ampliación de la plantilla con fondos estatales como sucede con otros cuerpos autonómicos. En las cuentas de 2022 se autoriza la disposición de los créditos necesarios para financiar el incremento progresivo de la plantilla. Para 2022 se prevé una convocatoria de 75 plazas.

Convocatorias. Composición actual

Actualmente el cuerpo cuenta con unos 150 efectivos, a los que hay que añadir los 50 de la convocatoria que está en el centro de la polémica debido a los problemas en las oposiciones.

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