Canarias "peleará" con un armamento jurídico que las competencias de menores migrantes no recaigan únicamente en el Archipiélago por el mero hecho de ser el territorio costero por el que acceden a España, sino que haya "corresponsabilidad" o "solidaridad obligatoria" del resto de autonomías para acoger a estos chicos y chicas. La consejera de Derechos Santana, Noemí Santana, ha encargado un exhaustivo informe a los servicios jurídicos para demostrar al resto de regiones y al Gobierno de Pedro Sánchez que cuando se hizo la norma para la guardia y custodia de los menores no acompañados se pensaba en niñas y niños del territorio nacional y no se ponía en este objetivo la masiva llegada de chicos en pateras y cayucos.
La competencia sobre menores está recogida en el Estatuto de Autonomía de Canarias y en distintas disposiciones estatales, por ello en este informe se va a valorar cómo promover esos cambios que obliguen a la corresponsabilidad territorial o al propio Estado. Según indica la viceconsejera de Derechos Sociales, Gemma Martínez, están mirando todos los recovecos jurídicos para batallar ante el Gobierno central y el resto de comunidades que ayuden sí o sí a las Islas. Canarias defenderá su postura en el Consejo Territorial de Servicios Sociales, en el que se encuentra el resto de comunidades y el Gobierno de España, si bien estudia promover reformas legislativas. Distintos juristas consultados coinciden en que la solución es política, porque si se presenta una iniciativa legislativa o se modifica Estatuto de Autonomía, la Ley de Extranjería o de Menores, depende del apoyo que den los partidos en el Congreso. También podría formularse en una conferencia de presidentes para hablar de este asunto monográficamente y en ese órgano habría un 'retrato' claro de lo que opina cada presidente.
Santana afirma que se están estudiando las distintas fórmulas, pero Canarias "lo va a pelear", insiste con contundencia, porque no puede sola. Gemma Martínez espera resolverlo en el Consejo Territorial aunque haya reticencias de las comunidades a acoger a los niños. En este órgano se está negociando que las autonomías se solidaricen y se pueda establecer una estrategia o un protocolo para el reparto de los niños en base al número de población, renta per cápita o paro. Pero esta estrategia, que el Gobierno debía presentar el 25 de julio, se está demorando precisamente por las objeciones de las autonomías para acoger a los menores por cupos, como Madrid, Galicia, La Rioja o Murcia.
En este contexto, el pasado viernes, el PSOE en el Senado se desmarcó de una una iniciativa para obligar a las comunidades a ser corresponsables. El senador autonómico socialista, el canario Santiago Pérez, entiende que los menores son competencia de las comunidades si bien instó al Estado y al resto de comunidades a ser solidarios con Canarias y a dotar de recursos al resto de autonomías que hagan el esfuerzo de acogerlos. Este rechazo fricciona con la defensa que hace el presidente canario, el socialista Ángel Víctor Torres, en las Islas que ha abogado en todo momento por la solidaridad "obligatoria" o corresponsabilidad del resto de autonomías.
Con todo, el Estado está intentando rebajar las confrontaciones en este asunto con la inyección de recursos. Por un lado, ha dotado a Canarias con 50 millones de euros en inmigración en los presupuestos estatales de 2022. Si bien al presidente canario le parecen un apoyo, estos recursos "no son la solución" porque seguirán llegando menores y Canarias no puede hacerse cargo de ellos en solitario por ser una región fronteriza y requiere sí o sí de corresponsabilidad de otras autonomías, explicita Torres. De otro lado, el Gobierno central ha articulado un fondo económico extraordinario de 27 millones de euros, que en 2022 aumenta a 35 millones de euros, para la atención de los menores no acompañados en todos los territorios, es decir, para animar a las comunidades a que acojan a menores de Canarias o Andalucía.
Sobre los 50 millones de los presupuestos estatales de 2022, el Gobierno canario aclara que son recursos "transferidos" a las Islas y, por tanto, compete al Gobierno regional decidir en qué los van a usar en sus presupuestos, y lógicamente va a ser en menores migrantes. De este modo, el Ejecutivo autónomo corrige al delegado del Gobierno en Canarias, Anselmo Pestana, quien aseveró que los 50 millones eran para sufragar los convenios con las ONG que se encargan de la atención de los adultos, que son competencia del Estado. Esos 50 millones figuran con código 450, esto es, transferencias corrientes para Canarias y se pueden usar dónde decida Canarias, puntualiza Antonio Olivera, viceconsejero de la Presidencia. Según Gemma Martínez, en Derechos Sociales ya cuentan con estos recursos que fueron -precisa- un compromiso expreso de la ministra de Hacienda, María Jesús Montero. Los fondos para mayores los pone el Estado en sus propios presupuestos y no como transferencias, puntualiza.
El Gobierno canario se gasta entre 60 y 70 millones de euros anuales de su presupuesto en cuidar los menores llegados en pateras y cayucos a las costas isleñas, ahora mismo en torno a 2.600 chichos y chicas que atiende en solitario la Comunidad Autónoma. Solo se han trasladado a unos 200 jóvenes, a cuentagotas, a otras comunidades que han mostrado su solidaridad, pero es una cantidad "totalmente insuficiente", ha expresado la consejera Noemí Santana, por lo que Canarias va a "pelear" que esta situación se corrija con un informe jurídico bien documentado y se distribuyan por cupos, recalca.
En el Estatuto de Autonomía de Canarias, la carta magna canaria que se aprobó en 2018, un año antes del repunte de migrantes expone en su artículo 146.2 que corresponde a la Comunidad Autónoma de Canarias la competencia exclusiva en materia de protección de menores que incluye, en todo caso, la regulación del régimen de protección y de las instituciones públicas de protección y tutela de los menores desamparados, en situación de riesgo y de los menores infractores, sin perjuicio de lo dispuesto en la legislación civil y penal. No cita, por tanto, a menores extranjeros. En el artículo 144 indica el establecimiento, de acuerdo con la normativa estatal, de un marco de referencia para la acogida e integración de las personas inmigrantes, incluidos los menores extranjeros no acompañados (pero no habla de competencias). No obstante, la legislación es variopinta y en una u otra norma se va plasmando que las comunidades donde se encuentran los menores son quiénes deben darles cobijo. Al haber asumido las competencias previstas en el artículo 148.1 de la Constitución Española, son las responsables de la protección de menores en sus respectivos territorios.
Precisamente, en el decreto ley de diciembre de 2020 que se elaboró para poder trasladar a los menores llegados a Canarias a los hoteles de las Islas, al no haber recursos suficientes en el Archipiélago por la llegada masiva de chicos y chicas en ese año en pateras y cayucos, se plasmaron las diferentes normas que, paradójicamente, le otorgan a Canarias las competencias para tomar esa decisión en reubicar a sus menores en hoteles.
Por ejemplo, cita al artículo 35.3 y 4 relativo a las personas menores de edad no acompañadas de la Ley Orgánica 4/2000, de 11 de enero, sobre derechos y libertades de los extranjeros en España y su integración social, en los supuestos en que los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado localicen a un extranjero indocumentado cuya minoría de edad no pueda ser establecida con seguridad, se le dará, por los servicios competentes de protección de menores, la atención inmediata que precise, de acuerdo con lo establecido en la legislación de protección jurídica del menor, poniéndose el hecho en conocimiento inmediato del Ministerio Fiscal, que dispondrá la determinación de su edad, para lo que colaborarán las instituciones sanitarias oportunas que, con carácter prioritario, realizarán las pruebas necesarias. Determinada la edad, si se tratase de un menor, el Ministerio Fiscal lo pondrá a disposición de los servicios competentes de protección de menores de la Comunidad Autónoma en la que se encuentre.
Por su parte, la Ley 16/2019, de 2 de mayo, de Servicios Sociales de Canarias, en su artículo 9 que regula los derechos de las personas con acceso al sistema público de servicios sociales, indica que son titulares del derecho a acceder a los servicios y prestaciones del sistema público de servicios sociales establecidos en esta ley y en la legislación específica que corresponda: (...) Las personas menores de edad extranjeras que se encuentren en Canarias, con independencia de su situación administrativa. En el ámbito de la normativa sectorial, la Ley 1/1997, de 7 de febrero, de Atención Integral a los Menores, el artículo 23 se refiere a la «Integración social de los menores», indicando su apartado 2, que «los menores extranjeros que se encuentren en el territorio de la Comunidad Autónoma de Canarias podrán recibir ayudas públicas que faciliten su integración social, especialmente para salvar las dificultades de idioma y el conocimiento de los usos sociales».
Es decir, esta misma normativa que armó el Gobierno canario para poder derivar a los chicos a los hoteles al verse desbordado el número de llegadas de menores en 2020 se convierte en un repaso de las normas que le dan su supuesta tutela y acogimiento. Pero para la Consejería, el legislador no contempló la llegada de menores migrantes en las abultadas cifras actuales y quizás cabe reformar el Estatuto, precisarlo o modificar alguna norma, o hacer valer en el Consejo Territorial que la ley se hizo para los menores nacionales sin amparo.
Menor fallecido
Mientras, siguen llegando las pateras. El helicóptero de Salvamento Marítimo, el Helimer, evacuó en la tarde del pasado domingo a diez migrantes, entre ellos dos adultos, dos bebés y seis menores, de ellos uno fallecido, cuando se encontraban en aguas cercanas a Gran Canaria.
Salvamento Marítimo localizó durante la tarde del domingo una embarcación con 54 personas -22 hombres, 23 mujeres, siete menores y dos bebés-.
Así, tras realizar el rescate, el Helimer evacuó a siete personas que tenían síntomas graves, así como a dos bebés, y los trasladó hasta la helisuperficie del Hospital Universitario de Gran Canaria Doctor. Negrín.
Una vez allí, ambulancias del Servicio de Urgencias Canarias (SUC) trasladó, con síntomas de hipotermia y deshidratación, a dos adultos al hospital Insular y Doctor Negrín, en Las Palmas de Gran Canaria, así como a seis menores, entre ellos uno fallecido, y a dos bebés, al Hospital Materno.
