Suscríbete

La Provincia - Diario de Las Palmas

Contenido exclusivo para suscriptores digitales

Cs presiona al resto de partidos estatales para que señalen a Vidina Espino como tránsfuga

La formación naranja traslada el caso de la diputada regional a la comisión de seguimiento del Pacto antitransfuguismo

Vidina Espino en su escaño del Parlamento de Canarias

La dirección regional de Ciudadanos (Cs) sigue respirando por la herida interna que le produjo hace más de tres meses la marcha de sus filas de la diputada regional Vidina Espino cuando sorpresivamente y sin previo aviso el pasado 13 de julio anunció que abandonaba la militancia del partido pero no el escaño en el Parlamento de Canarias logrado bajo las siglas naranjas en las últimas elecciones autonómicas. La formación que lidera Inés Arrimadas lleva desde entonces intentando que su ex dirigentes sea considerada “tránsfuga” a todos los efectos y que le sea aplicada todas las medidas contenidas en el Pacto por la Estabilidad Institucional y Lucha contra el Transfuguismo (conocido como pacto antitransfuguismo) que firmaron las mayor parte de los partidos de ámbito estatal y territoriales en 1998.

La última de sus iniciativas en este sentido ha sido trasladar a la comisión de seguimiento de ese acuerdo para la regeneración de la vida política española el caso de la que ahora diputada no adscrita en la cámara regional y que todos los partidos que lo formaron reconozcan y señalen a Espino como 'tránsfuga' y actúen al respecto en consecuencia, por ejemplo evitando colocarla en sus listas electorales si se diera el caso de un cambio de militancia y fichara en el futuro por otro formación política.

La iniciativa la trasladó el diputado regional de la formación naranja y ex compañero de Espino en el Parlamento de Canarias Ricardo Fernández de la Puente, que ha implicado a la dirección estatal del partido para presentar la petición ante la Comisión de Seguimiento de Pacto Antitransfugismo estatal, ante el que registró un escrito en compañía del portavoz adjunto del grupo parlamentario en el Congreso, Edmundo Bal, y de la secretaria general del partido, Marina Bravo. De la Puente recordó que la Mesa del Parlamento de Canarias ya ha reconocido la condición de Espino como transfuga, pero que formalmente no la ha podido declarar como tal porque esa figura no existe en el la cámara autonómica, algo que sí puede hacer de manera explícita el pacto estatal contra el transfuguismo político.

Este acuerdo dispone textualmente que "cuando surgiesen dudas sobre qué personas han incurrido en transfuguismo, será el sujeto político que los ha presentado y/o el partido que las propuso para el puesto quien aclarará por escrito quienes han abandonado la formación, han sido expulsadas o se han apartado de su disciplina, a efectos de su calificación como tránsfugas”. Espino justificó su marcha de Cs por considerar que el partido naranja no defendía en Madrid el REF canario, en concreto por el conflicto abierto hace unos meses por las ayudas a las producciones audiovisuales en las Islas.

"El transfuguismo es un fraude a los electores y todos los partidos políticos deberíamos estar comprometidos con no premiar y favorecer esta práctica fraudulenta”

Edmundo Bal - Portavoz adjunto de Cs en el Congreso

decoration

"La comisión tiene que designarla e identificarla como una tránsfuga y como claro ejemplo de lo que ética y políticamente no debe aceptarse en la cultura política del país”

Ricardo Fernández de la Puente - Diputado de Cs en el Parlamento canario

decoration

“El transfuguismo es un fraude a la democracia. Es licito que cualquier cargo electo en un momento dado y libremente decida abandonar el partido en el que militaba cuando se presentó a las elecciones, pero lo que no es lícito es que se quede con su acta porque en ese momento se convierte ética y políticamente en tránsfuga”, resalta De la Puente. Y explica que “Cs ha presentado a la Mesa del Pacto antitransfuguismo el caso de la señora Vidina Espino, que ha abandona el partido por el que consiguió su escaño en el Parlamento de Canarias y entendemos que se ha convertido en una tránsfuga”. El efecto práctico que debe resultar de dicha iniciativa es, según él, “que la comisión tiene que designarla e identificarla como una tránsfuga” y como “claro ejemplo de lo que ética y políticamente no debe aceptarse en la cultura política del país”. “No se puede permitir casos como el de la señora Espino”, subrayó.

El ahora único representante de Cs en el Parlamento de Canarias añadió que “lo único que esperamos es una actitud moral y ética por parte de los partidos que han formado el Pacto Antitransfuguismo”, apelando en este sentido al rechazo que, según él, deben expresar las formaciones políticas a admitir en su filas, y menos aún en sus listas electorales, a políticos declarados tránsfugas por el Pacto, como pretende Cs en este caso con su ex dirigente canaria.

Aclaración de dudas

Edmundo Bal, por su lado, recuerda el dubitativo recorrido que ha tenido este acuerdo de la mayoría de los partidos en todo el Estado para intentar regenerar la vida política española y que el mismo “llevaba dormido y sin ser aplicado desde hacía diez años incluso con partidos que lo habían firmado que ya ni existían y otros nuevos como Cs que no estábamos”. Comentó que fue la propia formación naranja la que lo “revitalizó” con una propuesta al resto de partido mediante la cual “se perfeccionó en el sentido de evitar confusiones y conceptos dudosos”.

“Conseguimos por ejemplo acabar con las dudas sobre quien era tránsfuga y quien no lo era. A partir de ese momento, e incluso pudiendo recurrir al dictamen de expertos, queda clarísimo quien es un tránsfuga y no puede ningún partido político acogerse a las posibles dudas sobre cualquier caso que se produjera”, según explica Bal. “Lo hemos vivido con la activación y aplicación del Pacto en numerosas ocasiones”, aseguró.

El dirigente naranja insistió en que “el transfuguismo es un fraude a los electores y todos los partidos políticos deberíamos estar comprometidos con ese acuerdo de no premiar y favorecer esta práctica fraudulenta”. Recalco que “aunque no hay consecuencias jurídicas que se puedan invocar ante los tribunales, lo que tiene que haber es el compromiso político de respetar un pacto y por tanto, a quienes no lo respete, los demás les sacaremos los colores y afearemos su conducta como algo antiético y fraudulento delante de los electores”.

Compartir el artículo

stats