El Gobierno canario busca evitar nuevos conflictos con el Estado por los incumplimientos del Régimen Económico y Fiscal (REF). Por eso se negocia con el Gobierno central que de la próxima Comisión Bilateral Canarias-Estado salga un compromiso firme en tal sentido por parte de ambas administraciones, tras la polvareda política generada a raíz de las bonificaciones fiscales a las producciones audiovisuales que derivó en que no se cumpliera el diferencial fiscal al que tiene derecho Canarias en virtud de su fuero.
El Gobierno central vulneró el diferencial fiscal del cine en dos normas antes del acuerdo político
Cuatro meses después de que el Ejecutivo regional solicitara una convocatoria de la Comisión Bilateral por la vulneración del REF este encuentro aún no se ha celebrado. El viceconsejero de Presidencia, Antonio Olivera, aseguró ayer que la reunión se celebrará «en las próximas semanas» pero sin concretar fecha. Pese al tiempo que ha transcurrido desde la solicitud de la Comunidad Autónoma y la solución política que se introdujo a través de una enmienda en la ley del sector cultural, Olivera explicó que es necesaria la convocatoria para «materializar formalmente» el acuerdo para así trasladárselo al Tribunal Constitucional, que tiene un recurso presentado al efecto por el Parlamento.
Pero el cuatripartito quiere ir más allá y negocia un mecanismo legal que evite futuras discrepancias en relación con el régimen fiscal canario cuando el Estado legisle a través del decretos leyes o enmiende normas que puedan entrar en colisión con el fuero de las Islas. El artículo 167 del Estatuto de Autonomía fija los términos para la modificación del REF vinculándolo a proyectos o proposiciones de ley por la vía ordinaria pero no recoge las particularidades de los decretos leyes, normas que son de aplicación inmediata una vez que son aprobados por el Gobierno hasta que se convalidan en el Parlamento. La disyuntiva en la que se mueve el Ejecutivo es la necesidad de que no haya una permanente conflictividad en torno al REF ya que eso supone iniciar los procedimientos establecidos en el Estatuto y que pasan por evacuar un informe del Parlamento canario que se apruebe por dos terceras partes de la Cámara y, si no se aprueba, convocar a la Comisión Bilateral y buscar un acuerdo para resolver las discrepancias.
Solución política
En esta ocasión el diferencial fiscal de las producciones audiovisuales se salvó por la vía política tras una reunión al más alto nivel entre el Gobierno canario y la ministra de Hacienda, María Jesús Montero. «El problema de fondo está resuelto pero debe completarse con la celebración de la Comisión Bilateral, hemos tenido reuniones internas e informales con representantes del Estado para preparar la comisión», señaló Olivera.
El viceconsejero de Presidencia justificó parte del retraso en la celebración del encuentro en los últimos acontecimientos, entre ellos la erupción volcánica, que ha alterado la agenda de ambos gobiernos. «No creo que se retrase mucho más, la convocaremos en las próximas semanas», señaló Olivera.
El Gobierno decidió solicitar la Comisión Bilateral, acogiéndose a lo que dice el Estatuto, el pasado mes de julio. En aquel momento estaba de ministro de Política Territorial Miquel Iceta, con posterioridad el dirigente socialista catalán fue sustituido por Isabel Rodríguez, con quien se pactó en agosto el orden del día no de una, sino de dos comisiones bilaterales porque fueron dos los incumplimientos del Gobierno central con el fuero canario. Por un lado la Ley 11/2021, de 9 de julio, de Medidas de Prevención y Lucha contra el Fraude Fiscal, aprobada por las Cortes, y, por otro lado, el Real Decreto-Ley 12/2021 sobre medidas urgentes en el ámbito de la fiscalidad energética, aprobado por el Consejo de Ministros el 24 de junio. Según ambas normas, el límite para las deducciones en Canarias quedaba establecido en 12,4 millones de euros, frente a los 10 millones vigentes para el resto del Estado, lo que supone un diferencial del 24%, en vez del 80% previsto en la legislación del REF.
El Estatuto no contempla los incumplimientos del fuero cuando son por decreto-ley
Según Olivera, «a pesar de que se resolvió el fondo hay que materializarlo formalmente en un acuerdo en el marco de la comisión bilateral y también que quede clara la voluntad de las dos partes de tratar de evitar que se vuelvan a producir conflictos de esta naturaleza».
El vicepresidente del Gobierno regional, Román Rodríguez, firmó en agosto los órdenes del día para ambas comisiones, solo a falta de la rúbrica de la ministra de Política Territorial, Isabel Rodríguez, para que se diera por iniciado el proceso. Ambos intervienen como copresidentes de la Comisión Bilateral y conforme a lo establecido en el artículo 167 del Estatuto de Autonomía de Canarias. Sin embargo, tres meses después la comisión sigue sin celebrarse.
El Gobierno canario entiende que, una vez el Parlamento emitió por unanimidad su informe preceptivo en sentido negativo el pasado 28 de junio, las Cortes Generales lo ignoraron al no activar el mecanismo previsto para ese supuesto ni suspender la modificación del REF audiovisual. En relación con el decreto ley, no se pidió el informe preceptivo a la Cámara autonómica y el Ejecutivo entiende que es igualmente exigible el citado informe, precepto aplicable a toda modificación del REF cualquiera que sea su rango normativo conforme no solo al Estatuto de Autonomía sino también a la disposición adicional tercera de la Constitución.
Otros acuerdos del Consejo
Servicios Sociales
Concierto social
- El Gobierno canario acordó ayer tomar en consideración y remitir al Consejo Consultivo de Canarias, para su preceptivo dictamen, el proyecto de decreto por el que se aprueba el reglamento del concierto social en el ámbito de los Servicios Sociales de Canarias. El reglamento tiene por objeto fijar el régimen jurídico de los conciertos sociales con personas físicas o jurídicas privadas de iniciativa social, como modalidad de gestión indirecta de la prestación de servicios sociales destinados a la atención directa a las personas en Canarias, de acuerdo a la Ley de Servicios Sociales.
Municipios
Evaluación ambiental
- El Consejo de Gobierno ha aceptado la delegación de competencias de los ayuntamientos de San Miguel de Abona y Alajeró para la evaluación ambiental estratégica de los instrumentos de ordenación urbanística municipales, además de, en el caso del segundo municipio, la competencia de evaluación de impacto ambiental de proyectos que deba tramitar y autorizar el ayuntamiento. La Ley del Suelo establece que los ayuntamientos pueden delegar, en el órgano ambiental autonómico o el órgano ambiental insular, la competencia de evaluación ambiental estratégica de los instrumentos de ordenación municipales.
Subvención
Gabinete de igualdad
- El Consejo de Gobierno autorizó ayer una subvención directa al sindicato Comisiones Obreras (CCOO) Canarias para financiar el proyecto del gabinete de igualdad de trato y de oportunidades por importe de 200.000 euros. En concreto, se propuso la concesión directa atendiendo a razones de interés social formuladas por CCOO Canarias bajo el fundamento de fomentar de la paridad de oportunidades entre mujeres y hombres en la práctica sindical, en cumplimiento de la igualdad reconocida por la Constitución.
Universidad
Supresión de máster
- El Consejo de Gobierno aprobó el decreto por el que se establece la supresión de las enseñanzas conducentes a la obtención de dos títulos oficiales de másteres por la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria (ULPGC). El Máster Universitario en Banca y Finanzas y el Máster Universitario en Oceanografía desaparecerán de la oferta formativa del centro.
