El fantasma parlamentario de Alberto Rodríguez todavía recorre los pasillos y salones del Congreso dos semanas después de que el ex diputado tinerfeño de Unidas Podemos abandonara la institución tras perder su acta por la polémica condena de inhabilitación que le impuso el Tribunal Supremo el pasado 6 de octubre y ejecutó el pasado día 23, de manera no menos polémica, la presidenta de la Cámara, la socialista Meritxell Batet. Lo ha hecho durante los dos días de debate de las enmiendas de totalidad a los presupuestos estatales de 2022, ayer y el pasado miércoles, en los que su ausencia se ha hecho notar de una u otra manera tanto en el ánimo de sus excompañeros de grupo parlamentario, como a través de las diversas referencias que otros diputados han realizado a propósito de la visibilidad que la formación morada ha querido dar a ese escaño vacío en el más importante asunto que se tramita anualmente en la Cámara.
La calma con que Unidas Podemos está tomándose la sustitución del que fuera uno de sus representantes más icónicos está tiendo efectos secundarios, políticos y mediáticos, que la propia organización asume como una pequeña victoria respecto a las causas de su marcha. El hecho de que su nombre haya sido mencionado estos días durante el debate presupuestario ha mantenido viva, al menos aparentemente, la idea de que la inhabilitación y la forma en cómo la interpretó Batet han sido injustas, y su escaño vació la ha representado a la perfección. Si la dirección de Podemos, en Canarias y en Madrid, perseguía un gesto de protesta por el ‘castigo’ a Rodríguez dando visibilidad a su ausencia y restando un teórico voto de apoyo al Gobierno en el debate presupuestario, su objetivo se ha cumplido con creces.
El hecho de que las dos personas que le seguían en la lista por Santa Cruz de Tenerife, Fátima González y Patricia Mesa, número dos y tres, respectivamente, no hayan comunicado todavía formalmente a la Junta Electoral Central si renuncian al escaño y se mantenga la duda sobre si finalmente la sustituta acabará siendo la número cuatro, María del Cristo González, ha permitido que sea el propio Rodríguez quien virtualmente ocupara aún ese asiento del Congreso y que su fantasma parlamentario, aunque sin derecho a voto, se hiciera presente.
Es lo que ayer llevó al primero de los portavoces de la formación morada en el debate presupuestario, el catalán Jaume Asens (En Comú Podem), a iniciar su intervención señalando ese escaño y mostrando su «agradecimiento a una persona que debería hoy aquí y no está». «Gracias, Alberto, por estos años de compromiso. Estos presupuestos también son tuyos», afirmó Asens en lo que a todas luces parecía un homenaje del grupo al tinerfeño, al que toda la bancada morada y de la mayoría de los grupos parlamentarios de la izquierda ofreció luego un prolongado aplauso. Aunque sin explicitarlo, las palabras de Asens y, en cierta medida, ese aplauso de los grupos críticos con la sentencia del Supremo y la inhabilitación de Rodríguez, eran además de un gesto con el exdiputado, un reproche a la presidenta Batet por lo que entienden una dejación de sus funciones en defensa de la independencia del Congreso y de los diputados.
El portavoz de ERC pone en entredicho la sentencia del TS y tilda de falsa la denuncia del policía
«Que en este debate su escaño esté vacío es una anomalía democrática. No es la primera vez que sucede que se vulneren los derechos de un diputado o una diputada, pero si es la primera vez que se quita el acta a un diputado tan solo por una multa de 540 euros. Este Congreso, su autonomía está más desprotegido. Hoy es Alberto, mañana puede ser cualquiera», recalcó el portavoz catalán de Unidas Podemos después de recordar que Rodríguez ya se había incorporado a su trabajo de «obrero industrial» en Tenerife y no a los consejos asesores de alguna gran empresa energética (mencionó Iberdrola y Gas Natural) como suele ocurrir con otros ex políticos, se supone que de los dos grandes partidos, cuando dejan un cargo público. Según Asens, a Rodríguez «se le ha arrebatado su acta de diputado, pero no sus convicciones ni su dignidad».
Más allá de que los dos días de debate sobre las cuentas estatales hayan estado trufados de rumores sobre la persona que finalmente ocupará ese escaño, la polémica sobre la causa de la inhabilitación del tinerfeño volvió a provocar tensiones en el Congreso. El portavoz de ERC, Gabriel Rufián, siempre presto a cualquier controversia, aseguró durante su turno de intervención que Rodríguez fue condenado a raíz de una «denuncia falsa», poniendo así en entredicho el fallo de Tribunal Supremo que consideró probado que el entonces activista y sindicalista había dado una patada a un policía durante una manifestación en La Laguna en diciembre de 2014.
Una sentencia polémica por el hecho de que contara con un voto particular de dos de los siete magistrados de la Sala Segunda del Supremo, Susana Polo y Leopoldo Puente, que consideraron que no se encontraron pruebas rotundas de dicha agresión, y también porque se haya aplicado el principio de ‘inelegibilidad sobrevenida’ a la condena de 45 días de prisión, que se sustituyó por una multa de 540 euros, y la accesoria de inhabilitación especial para el derecho de sufragio pasivo durante el tiempo de condena, lo que obligó al diputado a abandonar el escaño para el resto de la legislatura y no solo por los 45 días a que se refiere la pena. En todo caso, las palabras de Rufián en el debate de ayer son interpretadas por el portavoz adjunto de Cs, Edmundo Bal, como un «delito de calumnias» hacia el policía nacional que denunció a Rodríguez y que debería ser puesto en conocimiento de la justicia.
El prolongado aplauso de la izquierda al exparmalentario se traduce como un reproche a Batet
«Animo a este policía que que se encuentra hoy [por ayer] vilipendiado por el señor Rufián a que acuda a los tribunales para hacer valer su derecho al honor frente a las acusaciones calumniosas» por parte del portavoz de ERC, declaró Bal tras la votación de los presupuestos en el Congreso. Según el diputado naranja, imputar a otro la comisión en falso de un delito es a su vez un «delito de calumnias» y que si Rufián no estuviera protegido por la inviolabilidad parlamentaria «se vería querellado». Todo esto después de que el Gobierno sacara adelante el primer trámite de las cuentas estatales con uno voto menos de los que en teoría suma la coalición de Gobierno de PSOE y Unidas Podemos y el resto de grupo que votaron contra las enmiendas de totalidad. Al final fueron 184 votos en contra de la devolución de los presupuestos. La sentencia del Supremo le ha impedido a Alberto Rodríguez hacer suyas las segundas cuentas públicas del actual Ejecutivo. Pero aún sin presencia en el hemiciclo y sin voto, el tinerfeño dio mucho que hablar.
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