El Plan para la Reactivación Social y Económica de Canarias está a punto de terminar su segundo año de vigencia (2020-2023) con un cierto descontento por parte de los firmantes del mismo y unas reuniones que se han convertido en una rendición de cuentas por parte del Gobierno y poco más. Empresarios, sindicatos y oposición demandan más coordinación e información pero, sobre todo, cuestionan que la gobernanza del Plan Reactiva que se había puesto el Ejecutivo como objetivo en el inicio del mismo no se está cumpliendo.
En las próximas semanas se convocará por parte del Gobierno la tercera reunión de este año del Plan Reactiva en la que participan partidos políticos, organizaciones empresariales y sindicales, cabildos, ayuntamientos, colegios profesionales y entidades sociales. La primera fue en febrero y la segunda en junio, hace ahora cinco meses, lo que, según Coalición Canaria (CC) ya supone un incumplimiento del calendario al que se había comprometido el Ejecutivo. Según los nacionalistas, firmantes del plan, «el Gobierno no ha reunido trimestralmente a la comisión de seguimiento para analizar los avances del plan en 2021 ni tampoco para anunciarnos su estrategia para los programas prioritarios que debían formar parte del presupuesto de 2022».
El viceconsejero de Presidencia, Antonio Olivera, admite que las circunstancias de los últimos meses han sido más «complejas» de lo que se había previsto en un primer momento, sobre todo porque la agenda del Ejecutivo ha estado condicionada por la erupción volcánica de La Palma desde que se inició en septiembre. «Quizá tengamos que hacer autocrítica porque no se ha trasladado la información de forma regular», señala Olivera, «por los problemas que han dificultado la agenda». No obstante, el viceconsejero de Presidencia recuerda a CC que la gobernanza no consiste solo en que el Gobierno rinda cuentas de lo ejecutado, sino que también los agentes que han firmado el pacto expongan su trabajo en el marco del Plan Reactiva.
Los presupuestos de la Comunidad Autónoma de 2022, como hicieron los de 2021, incluyen en sus memorias que las cuentas siguen las principales líneas del Plan Reactiva priorizando el mantenimiento de los servicios públicos esenciales, el refuerzo de la sanidad, la atención a los más vulnerables, la recuperación del empleo, la reactivación económica y la agilidad administrativa. Pero, según CC, «no hay código o campo que permita identificar los proyectos o programas vinculados al Plan Reactiva en los presupuestos» ni de este año ni el del próximo ejercicio.
El presidente de la Confederación Canaria de Empresarios (CCE), Agustín Manrique de Lara, cree que hace falta más trabajo y coordinación. En su opinión, el Gobierno ha estado más centrado en el cumplimiento de los plazos que impone Europa para la ejecución de los fondos Next Generation y para los empresarios la prioridad es ahora incentivar la colaboración público-privada. Para ello «es necesario que se desatasque en el Parlamento la ley que simplifica los trámites y agiliza la burocracia, esencial para que haya más inversión privada», añade.
Por su parte, el secretario general de CCOO Canarias, Inocencio González Tosco, se queja de la «falta de información» y que la gobernanza que se había pactado al principio del plan no es una realidad. El dirigente sindical cree que las patronales están contando con más información y más participación que las organizaciones sindicales y sociales, lo que las convierte en simple «receptores» de los datos que les traslada el Gobierno en las reuniones pero sin participar. González Tosco se queja que la herramienta informática facilitada para realizar el seguimiento del Plan Reactiva es «deficiente» y no funciona.
Antonio Olivera asegura que se han superado con creces las estimaciones que se habían realizado para 2021 en la movilización de fondos. La previsión era unos 1.500 millones de euros y esta cifra queda ampliamente superada por todas las ayudas que se han recibido del Estado, de la UE y de fondos propios para ayudas a las empresas y autónomos, colectivos vulnerables, servicios públicos, etcétera. Olivera sí introduce el debate de ir sustituyendo de forma paulatina el Plan Reactiva por la Agenda Canaria de Desarrollo Sostenible, un programa más amplio, participativo y estructural que tiene como meta el año 2030. Para el viceconsejero la recuperación a niveles de prepandemia ya se está produciendo y ahora las políticas públicas deben ir hacia los objetivos de desarrollo sostenible de la Agenda 2030.
