Solo la redacción del proyecto técnico de los dos búnkeres para concentrar los servicios permanentes de Seguridad y Sanidad del Archipiélago tendrá un coste superior a los 1,7 millones de euros. La unión temporal de empresas (UTE) Menis-Ieoci obtuvo la mejor puntuación para realizar el proyecto técnico de arquitectura, ingeniería, seguridad y salud de los Edificios de Servicios Esenciales (ESE) que el Gobierno de Canarias, por empeño del vicepresidente de Hacienda, Román Rodríguez (NC), prevé edificar en Tenerife y Gran Canaria para albergar diferentes recursos de seguridad y emergencias. Cada una de estas infraestructuras incorporará un helipuerto y el objetivo es que tengan capacidad para hacer frente a situaciones como terremotos, erupciones o cualquier tipo de fenómeno meteorológico adverso.
En Tenerife, se contempla la posibilidad de que el inmueble se levante en el Distrito Suroeste de la capital, en la misma parcela de El Sobradillo donde hace años se barajó la opción de hacer el futuro Palacio de Justicia. En cuanto a la sede grancanaria, se prevé hacerlo en el polígono de El Sebadal, aún a pesar de los problemas de tráfico en la entrada y la salida de esa zona de la capiral grancanaria.
La mesa de contratación tuvo en cuenta para la selección de los proyectos criterios cualitativos evaluables mediante fórmulas, económicos y una valoración final con criterio subjetivo. Menis-Ieoci obtuvo un total de 97,26 puntos, seguida de Idom Consulting Engineering, Architecture, SAU, con 95,01; la UTE Rubio Arquitectura-Cruz&Neila-Inascan-Euring-Urjato, con 87,15; TDA Arquitectura y Urbanismo 2002, con 80,25, y Palerm-Tabares de Nava/Ingecan/Airia/Fhecor, con 78,70. La decisión se tomó a finales del pasado mes. Ahora se está a la espera de recibir posibles impugnaciones, por lo que a finales de este año o comienzos del próximo se conocerá la resolución final.
Según la información ofrecida por el Gobierno canario en abril pasado, cada uno de los edificios de máxima seguridad puede albergar a 550 empleados y requerirá para su construcción una inversión de entre 25 y 30 millones de euros. En ese dinero no se incluye el equipamiento. A través de esta intervención, el Ejecutivo pretende terminar con la dispersión actual de las sedes de los servicios que se prestan las 24 horas los siete días de la semana, mejorar la eficiencia económica y operativa de dichos recursos, además de garantizar la seguridad de las instalaciones.
Los inmuebles, con unos 15.000 metros cuadrados cada uno, acogerán a medio millar de empleados
Se prevé que cada inmueble tenga una superficie útil de 15.000 metros cuadrados para albergar el Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad (Cecoes), la sala del 1-1-2, el Servicio de Urgencias Canario (SUC), la sala operativa del Cuerpo General de la Policía Canaria, el Cibercentro; el 012, el Servicio de Atención a Mujeres Víctimas de Violencia, el control de Viaductos y Túneles, o el centro de control de la red de emergencias.
Necesidad perentoria
Rodríguez, explicó en su momento que la edificación de ambas infraestructuras se considera como una necesidad perentoria para la Comunidad Autónoma, pues se trata de centralizar la «prestación de servicios imprescindibles para la ciudadanía».
Para asegurar el funcionamiento de estas prestaciones en situaciones adversas, «resulta necesario disponer de una concentración de todos los servicios de respuesta, alerta y actuación frente a incidencias en materia de seguridad», defiende. En ambos casos, su construcción se llevará a cabo en terrenos propiedad del Gobierno canario.
El director general de Patrimonio, José Julián Istúriz, afirmó en abril que el Archipiélago «debe aspirar a la máxima eficacia en la prestación de los servicios» con carácter permanente (de 24 horas los siete días a la semana) «y esto se consigue mediante la adaptación y modernización de las infraestructuras, pero también con la centralización física de los mismos».
Además de eliminar los problemas de movilidad, conectividad e interrelación de los recursos que se generan con la actual dispersión de sedes, los nuevos inmuebles estarán equipados a prueba de catástrofes y permitirán la modernización de gran parte de estas infraestructuras, en la medida en que las actuales, en algunos casos, no cumplen con los requisitos de la normativa vigente, ni cubren la demanda de prestaciones y en las que, además, se usan recursos tecnológicos insuficientes u obsoletos, según se afirmó desde la Dirección General de Patrimonio antes del verano.
El diseño también deberá prever su capacidad para hacer frente a situaciones excepcionales de carácter sísmico o vulcanológico, así como cualquier fenómeno meteorológico adverso.
El coste total de la inversión alcanzará los 30 millones y se prevé financiarla con fondos europeos
El Ejecutivo Autónomo contempla que la construcción y la dotación de estos inmuebles se afronte con fondos europeos del programa React-EU, como parte de la respuesta de la Unión Europea a la crisis generada por la pandemia del covid-19, dentro del apartado fijado para «apoyar inversiones en infraestructuras que presten servicios básicos a los ciudadano».
