El Gobierno regional dio ayer el paso legal que faltaba para consolidar el crecimiento de la Policía Canaria hasta los 301 puestos a los que se había comprometido el cuatripartito cuando se inició la legislatura. El Consejo de Gobierno aprobó el decreto que regula el nuevo catálogo de puestos del Cuerpo General de la Policía Canaria, que se publicará en los próximos días en el Boletín Oficial de Canarias (BOC). En los dos próximos años se seguirán convocando ofertas públicas de empleo para alcanzar este objetivo, que es esencial para después negociar con el Estado la financiación del cuerpo como sucede en otras comunidades con sus policías autonómicas.

Según el Ejecutivo, actualmente el cuerpo cuenta con 150 efectivos y se está finalizando el proceso selectivo de 50 funcionarios de la escala básica, así como la promoción de dos subcomisarios y cinco oficiales. Los restantes efectivos, hasta cumplimentar los 301, serán objeto de ofertas de empleo públicas en los próximos ejercicios 2022 y 2023.

En el caso de la escala básica, el nuevo catálogo de puestos recoge la posibilidad de dotar al cuerpo con 233 plazas de agentes de la Unidad de Recursos Operativos (URO) a través de oposición; 60 de la Unidad Operativa Móvil (Brimo), a través de concurso específico; 28 oficiales URO, a través de concurso oposición, y ocho oficiales Brimo mediante concurso específico.

En relación con la nueva polémica surgida en las oposiciones de este año, el tribunal calificador de las pruebas selectivas ha decidido repetir el test psicotécnico para los opositores que fueron declarados no aptos en su momento, tras la impugnación presentada por uno de los opositores y que fue admitida por la Dirección General de Función Pública. La prueba se repetirá para estos opositores mañana tanto en Gran Canaria como en Tenerife.

Finalmente las diferencias entre Función Pública y la Dirección General de Seguridad se han resuelto con la decisión de que repitan la prueba los no aptos y no todos, debido a los problemas que podría acarrear para la Administración con futuros recursos e impugnaciones de los afectados. Los miembros del tribunal discrepaban de la valoración de Función Pública de no publicar los criterios del test psicotécnico. Solo falta la última fase del proceso selectivo para finalizar la convocatoria.