Cabildos y ayuntamientos sostienen la licitación de obra pública en Canarias ante el frenazo del Gobierno regional. El Ejecutivo no solo está muy por debajo de las cifras de antes de la pandemia, sino que ni siquiera llega a los niveles de 2020. De hecho, el Gobierno autonómico tiene los peores datos de todo el país. Es el que más lejos está de recuperar el volumen de licitación anterior a la crisis y es uno de los tres que empeoran los números del año pasado. Es más, es el que más empeora los números del año pasado. El montante de las licitaciones del Ejecutivo, es decir, el montante de los proyectos de edificación, construcción o remodelación sacados a subasta o concurso públicos en lo que va de año, es un 47,4% inferior al de las obras licitadas en el mismo período de 2020. Y hay que tener en cuenta que 2020 fue uno de los peores ejercicios que se recuerdan por la paralización de la economía a causa del confinamiento y la drástica disminución de la actividad en la Administración pública.
El Gobierno regional ha licitado en 2021 menos obras que en 2020, el ‘año I’ de la pandemia
En los nueve primeros meses del año, de enero a septiembre, el Gobierno de Canarias licitó proyectos por un importe de casi 87 millones de euros –86,96 millones exactos–. Son 78,2 millones de euros menos que en los mismos meses del año pasado, cuando los nuevos contratos de obra publicados por el Ejecutivo sumaron 165,2 millones. Las otras dos comunidades con peores cifras que en 2020 son Baleares y Castilla y León, ambas con caídas importantes –de un 37 y un 16%– pero inferiores a la experimentada por la licitación pública del Gobierno regional. La Administración autonómica va así a contracorriente. Mientras que la mayoría de los Ejecutivos ha disparado los proyectos para contribuir a la reactivación de la economía, el Gobierno canario los ha reducido. Frente a esa caída del 47,4% en el Archipiélago, el conjunto de las 17 Comunidades Autónomas sacó obras a subasta o concurso en los nueve primeros meses del año por un total de 4.923,4 millones de euros, una sensible subida del 57,3%.
Islas y municipios, en cambio, han sacado contratos adelante por el mayor valor de los últimos 12 años
El Gobierno de Canarias también se sitúa a la cola de los 17 Ejecutivos regionales si se compara el volumen de la licitación en el actual ejercicio con el de 2019, el último año de normalidad antes del estallido de la pandemia. En este caso la caída es de un 76,5%, ya que entre enero y septiembre de 2019 se sacaron a concurso contratos de edificación y obra civil por una cuantía de 369,6 millones de euros, 282,6 millones más que en el mismo período de este año. El Gabinete autonómico está, por tanto, muy lejos de recuperar los niveles de licitación pública previos a la crisis del coronavirus. Aunque podría pensarse que esta es la tónica general, es decir, que son mayoría las regiones que están en la misma situación que Canarias –habida cuenta de que la crisis aún no ha terminado–, lo cierto es que ocurre justo lo contrario: son mayoría las regiones que ya están por encima de los niveles precrisis.
En concreto, diez de los 17 Gobiernos autonómicos incrementan el importe de sus licitaciones en comparación con 2019 en porcentajes que oscilan entre el 2,4% de Aragón y el 236,5% de Extremadura. En cambio, siguen por debajo de los niveles anteriores a la pandemia los Ejecutivos de Cantabria, Comunidad de Madrid, Andalucía, Baleares, Castilla y León, Navarra y Canarias. La que más cerca está de recuperar las cifras precrisis es Cantabria, que solo está un 2,5% por debajo del volumen de licitación de 2019, mientras que Canarias, con ese -76,5%, es la que está más lejos.
Con el Gobierno a la cola del país, son las entidades locales las que están tirando del carro en las Islas. Cabildos y ayuntamientos sacaron proyectos a subasta o concurso en los nueve primeros meses de 2021 valorados en 456,5 millones. ¿Mucho o poco? Muchísimo. No solo son 195,8 millones de euros más que en el mismo período de 2020, sino que también son 145,3 millones más que en los mismos meses de 2019. Y no solo eso, sino que se trata de la mayor cuantía desde 2009, año en el que la licitación de los consistorios fue extraordinaria por el doping del plan E de José Luis Rodríguez Zapatero.
El coste de las materias primas frena los contratos
Los contratos de obra pública tienen un problema en el extraordinario encarecimiento de las materias primas. Las constructoras están pagando por los materiales precios desorbitados, lo que en muchos casos hace que los contratos públicos de los que en su día resultaron adjudicatarias se hayan convertido ahora en una losa. Hay empresas que para cumplir los términos del contrato se ven abocadas a sufrir pérdidas considerables. No en vano, nada tiene que ver la actual coyuntura global con la que había en el momento de la firma del convenio. Por eso la patronal viene insistiendo en la necesidad de renegociar esos contratos. «Muchas empresas ya ni siquiera se están presentando a los concursos; no tiene sentido», explicaba a este diario el presidente de la Federación Provincial de Entidades de la Construcción (Fepeco) de Santa Cruz de Tenerife, Óscar Izquierdo. «Estamos hablando de subidas de un 60, un 70 o incluso un 100%», agregaba la presidenta de la Asociación de Empresarios Constructores y Promotores (AECP) de la provincia de Las Palmas, María Salud Gil. | M.Á.M.
