El consejero de Transición Ecológica del Gobierno de Canarias, José Antonio Valbuena, expuso ayer que hay que pasar del voluntarismo a las acciones obligadas para reducir la huella de carbono en las islas, algo que han iniciado gran parte de las corporaciones.
Al respecto, Valbuena informó que, excepto el de Tuineje (Fuerteventura), los demás ayuntamientos (87) y lo siete cabildos de las islas se han adherido al Pacto de las Alcaldías por el Clima y la Energía de la Unión Europea (UE).
El Ayuntamiento de Tuineje no ha firmado el pacto «por razones que desconocemos», indicó el consejero, quien explicó que las acciones previstas en él deberá cumplirlas de forma obligatoria cuando se apruebe la Ley de Cambio Climático de Canarias, cuyo proyecto fue presentado el viernes pasado.
En ese proyecto de ley se hace obligatorio cumplir lo establecido en el pacto, insistió José Antonio Valbuena, quien comentó que gran parte de los ayuntamientos del Archipiélago desarrollan parte del trabajo, como la actualización de los planes de actuación climática.
Esa actualización tiene aspectos como que los municipios tienen que hacer un inventario de emisiones de gases que favorecen el efecto invernadero, es decir, medir la huella de carbono, y recordó que el objetivo del gobierno regional es que en 2040 Canarias sea neutra en la emisión de esos gases.
Para ello es preciso que tanto los ayuntamientos como los cabildos y todas las administraciones públicas «hagan su tarea», algo que llevan a cabo algunas corporaciones, entre las que el consejero destacó los ayuntamientos de La Matanza (Tenerife) y Las Palmas de Gran Canaria, así como los cabildos de Gran Canaria y Tenerife.
El viceconsejero de Lucha contra el Cambio Climático y Transición Ecológica, Miguel Ángel Pérez, declaró que cada año el Gobierno regional destina en sus presupuestos medio millón de euros para que las corporaciones puedan realizar planes de acción específicos con los que alcanzar los objetivos definidos en un plazo máximo de dos años. El próximo será el tercer año y el consejero apuntó que hasta ahora el reparto se hace de forma que todos los ayuntamientos reciben la misma cantidad, pero a partir de ahora se incentivará a las corporaciones más cumplidoras, para pasar del voluntarismo a la obligatoriedad.
La idea es que, a medio plazo, buena parte de las ayudas estén condicionadas a cumplir unos ratios de sostenibilidad, como ya ocurre con los fondos de la Unión Europea, agregó el consejero.
El nacimiento del Pacto de las Alcaldías tuvo lugar en 2008 en Europa con el propósito de reunir a los gobiernos locales que voluntariamente se comprometieron a alcanzar y superar los objetivos de la Unión Europea en materia de clima y energía.
