El Consejo del Gobierno de Canarias dio luz verde el día 18 de noviembre a la paga extra que recibirán por Navidad los perceptores de las Pensiones no Contributivas (PNC), del Fondo de asistencia Social, del subsidio de Garantía de Ingresos Mínimos y de la Prestación Canaria de Inserción (PCI). Una prestación extraordinaria con la que el Ejecutivo regional pretender aliviar los efectos que la crisis provocada por la pandemia del coronavirus ha causado en las familias con menos recursos del Archipiélago.
Además de esta ayuda, ayer también se aprobó una paga extraordinaria para los beneficiarios de la PCI que residan en los municipios más afectados por la erupción en La Palma.
La paga extra de Navidad llegará a unos 51.500 canarios que o bien son perceptores de la PCI o cobran pensiones de jubilación e invalidez en sus modalidades no contributivas (PNC). A través del decreto-ley, aprobado por el Gobierno autonómico ayer, se establece que puedan recibir una prestación social finalista y de carácter extraordinario de 250 euros. El objetivo es que estas familias puedan atender a la adquisición de los medios de protección necesarios para hacer frente a la Covid y así compensar sus gastos.
La prestación extraordinaria fue anunciada a finales de octubre por la consejera de Derechos Sociales, Igualdad, Diversidad y Juventud del Gobierno de Canarias, Noemí Santana, en el pleno del Parlamento de Canarias, en una intervención en la que dio cuenta del uso que se iba a dar a los 30 millones de euros transferidos por el Estado para luchar contra la pobreza en las Islas.
Para el abono de este pago extra, se utilizarán 20 de los 30 millones transferidos, que llegarán en forma de ingresos de 250 euros directamente a las cuentas de los beneficiarios, que no tendrán que realizar ningún trámite para recibirlo.
Este no es el primer año en el que estas 50.000 personas reciben esta especie de aguinaldo, ya que el año pasado ya se les ingresó también una prestación única y de carácter extraordinario de la misma cantidad.
Del resto de los diez millones que faltan para alcanzan los 30 millones contra la pobreza, cuatro se destinarán a la colaboración con los ayuntamientos para el refuerzo de las prestaciones básicas en Servicios Sociales, mientras que dos millones se utilizarán a la compra de productos locales para distribuir, a su vez, entre las familias en peor situación social y contribuir a una dieta sana. Los otros tres millones serán para entidades del Tercer Sector como refuerzo de sus acciones en la lucha contra la pobreza.
Respecto a las ayudas extraordinarias para los perceptores de la PCI en los municipios de los Llanos de Aridane, el Paso y Tazacorte, afectados por el volcán de La Palma, Santana prevé que puedan llegar a unas 900 familias. Este pago tiene el objetivo de paliar las consecuencias que la erupción volcánica ha podido tener en estos beneficiarios que viven en las tres localidades más afectadas por este desastre natural, aunque el decreto-ley aprobado ayer por el Gobierno regional también incluye otras medidas en los ámbitos social y agrario.
Se trata de una prestación extraordinaria y de abono único cuya cuantía será la misma de la PCI tenga reconocida la unidad de convivencia, incluyendo el complemento por menor a cargo.
El decreto-ley también ratifica la medida avanzada por la consejera Noemí Santana hace algunas semanas, que posibilitará que las personas que en el pasado hubieran sido perceptoras de la Prestación Canaria de Inserción y hayan agotado los plazos vigentes, quedando fuera del sistema, puedan volver a solicitarla. Se trata de la primera vez que se incluye este aspecto en la regulación de esta medida, algo que posibilitará que aquellos que han percibido esta ayuda puedan volver a percibirla.
